LA IRRENUNCIABLE AUTONOMÍA / 278

Ante las regulaciones y las previsiones fuera de lo real de varios niveles de gobierno, las comunidades, pueblos y personas que se reconocen como parte de la Red en Defensa del Maíz emitieron hace unos días un urgente llamado a que se respetara la autonomía de comunidades y pueblos, y a impedir el avance de políticas extractivistas que pasan por actividades “esenciales”. Insisten que se garantice “el derecho de los pueblos originarios, comunidades y organizaciones a estar o permanecer en aislamiento y determinar cuándo debe ser el regreso a las actividades incluidas las escolares”, porque no puede ser sólo “la valoración de gente de fuera de las comunidades o municipios la que decida que se deben abrir”. Y agregaban: “Es nuestro propio confinamiento, decidido en nuestros términos, lo que ha permitido que muchas comunidades o municipios estemos libres de la pandemia”.

Las organizaciones también insistieron en que se debe frenar “el extractivismo (la minería, el fracking, el acaparamiento y contaminación del agua), la servidumbre de paso y la ocupación temporal, causantes de la devastación ecológica y el envenenamiento generalizado de nuestro ambiente”. Cuestionaron la producción masiva de puercos, pollos y reses, “focos de infección y proliferación de los virus que son responsables estructurales de generar la pandemia que hoy vivimos en el planeta”.

Pero el poder ni en cuenta. Insiste en imponerlo todo. Y sus proyectos no son, ni por asomo, lo que piden los pueblos. Hace unos meses, Heber Uc, parte del Colectivo Xa’aybej, de Quintana Roo, puntualizó la impertinencia de las consultas gubernamentales que nunca preguntan lo que los pueblos anhelan o a lo que aspiran, ni cuáles son los proyectos que tiene la gente, sino que indagan qué opina la gente de los proyectos gubernamentales- corporativos, siempre tarde y sin información, y con la insistencia en la consulta como legitimación y no tanto como auténtica manera de recabar el consentimiento o la negativa, previa, libre e informada. La consulta en abstracto es un modo expreso de socavar la autonomía y libre determinación, dizque consagradas en el artículo 2º Constitucional.

Las imposiciones proliferan. La insistencia de funcionarios gubernamentales y algunas ONG por igual de que la “inconstitucionalidad de la Ley Minera es por falta de consulta” desvía el fondo del asunto “que es el reconocimiento del territorio de los pueblos indígenas” y como tal de su autonomía, como bien afirma el abogado Francisco López Bárcenas. “La consulta es un procedimiento al que está obligado el Estado, pero el fondo, ‘la sustancia’, es el territorio, un derecho de los pueblos que está en los tratados internacionales y que el artículo 1º de la Constitución ampara. Pero a ese tema nadie le quiere entrar”, dijo el abogado en comunicación personal.

Otra imposición fue la Ley de Fomento y Protección del Maíz, aprobada mientras la gente temía la pandemia. Con esta ley se vislumbra la urgencia gubernamental por suplantar desde el poder la representación de los pueblos. Declarativamente la ley dice proteger al maíz sin tocarle un pelo a una posible prohibición de los transgénicos, pero eso sí, impone un “Consejo” que dicta políticas, toma decisiones y establece situaciones de vario tipo y ayuda a poner en efecto lo que esta ley impone, como una definición del maíz nativo a modo para establecer la catalogación y el registro de Conabio como pieza fundamental, bancos de semilla que no todas las comunidades quieren porque la gente guarda sus propias semillas, y unas áreas donde la ley fomenta y protege el cultivo del maíz nativo, rodeadas de infinidad de áreas donde se puede sembrar lo que sea. Estas áreas darán impulso entonces a que se margine más la producción campesina y a que no cuente con los certificados de sanidad alimentaria que las corporaciones dicen poseer.

En los hechos, la ley le impone a los pueblos (socavando su autonomía) que se fragmente el ejercicio de sus derechos; impone una situación que ahoga la diversificación del maíz nativo al impedir la contigüidad y continuidad de los intercambios de semillas y el cuidado de la no contaminación transgénica. Lo que se culmina es el anhelado sueño de las corporaciones, comenzando por Monsanto: una ley que regula la coexistencia de los OGM con las semillas nativas (como si fuera posible), pero que deja feliz a la industria, y a los negociadores del T-MEC, que tanto empeño han puesto en someter a México a reglas más y más leoninas, a pactos donde el margen de maniobras sea aún mayor para las corporaciones. Para los fines de armonización con el T-MEC, la ley del maíz quedó muy a tono, al impedir regulaciones (qué oxímoron) a los transgénicos y al abrir espacios donde no importa proteger el maíz nativo. Por eso las empresas aplaudieron.

Pese a la protesta pública provocada por la necedad gubernamental hacia el Tren Maya, el Corredor Transístmico y su “comodín”, Sembrando Vida, estos tres proyectos se despliegan sin miramientos. Desoyendo “diversos amparos en los que jueces federales han ordenado la suspensión de las actividades” del Tren Maya y que “la CNDH ha ordenado como medida cautelar la suspensión de actividades no esenciales del proyecto”, el presidente se apersona en la Península e insiste en echar adelante las obras. Sabemos que es el proyecto consentido del jefe del gabinete presidencial, Alfonso Romo, junto con Sembrando Vida. Y no importa que innumerables comunidades, organizaciones sociales y la Asamblea de Defensores Mayas Muuch’ Xíinbal (que ha vocalizado la fuerza más importante de la resistencia al Tren) insistan en señalar los nocivos efectos que el mal llamado Tren Maya va a detonar en toda la Península. Y tales efectos nocivos no son sólo las vías o los “polos de desarrollo” que alegre nos invoca a celebrar Jiménez Pons desde el Fonatur.

De acuerdo con el documento Tren Maya, Sembrando Vida y Corredor Transísmico, publicado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), la triada de proyectos en cuestión está diseñada para el despojo y la subordinación del territorio hacia un conjunto de usos que trastocan y se oponen a las relaciones sociales comunitarias de los pueblos originarios: infraestructura energética, explotación de hidrocarburos, parques industriales manufactureros, agroindustria, cultivo de transgénicos, desarrollos inmobiliarios y turísticos, entre muchos otros. No es tan sólo un plan para levantar infraestructura destinada al transporte y distribución de mercancías; se trata de que empresas nacionales y extranjeras puedan generar enormes ganancias a partir de desencadenar “procesos ligados a la producción de mercancías, en zonas donde la riqueza social y biológica posee características excepcionales”, y donde el despojo de las tierras y el desmadejamiento y ruptura de su cultura comunitaria, autogestionaria de subsistencia, convierte a la gente en mano de obra fragilizada tras este brutal reordenamiento territorial, como bien dice Daniel Sandoval, el autor del estudio del Ceccam. Así, Sembrando Vida va directo contra la autonomía al desarticular, con dinero individual, las posibilidades comunitarias de una agricultura tradicional que sigue siendo viable.

En el contexto general de la pandemia, atentar contra la autonomía no es un hecho aislado. Es llevar adelante la guerra contra el campesinado (y su relación con sus milpas de montaña sembradas con semillas nativas). Es golpear con el efecto combinado de megaproyectos, acaparamiento de tierras, reordenamiento territorial y dinero constante y sonante a nivel de las personas para romper la comunidad, núcleo duro de la autonomía en un país como México.

Ante los ordenamientos y disposiciones ajenos a nuestra vida y nuestra historia, ante las diversas condiciones para pueblos, poblaciones, y las comunidades en campo y urbes y para las que siguen vivas en las costuras e intersticios entra urbe y ruralidad, es urgente la irrenunciable autonomía.