MAYAS DE MÉXICO Y GUATEMALA: “HACER COMUNIDAD NO ES UN CRIMEN”

LAS PROPUESTAS DE DESARROLLO PARA LA REGIÓN, COMO EL TREN MAYA DEL LADO MEXICANO Y LA MINERÍA, HIDROELÉCTRICAS, OLEODUCTOS Y GASODUCTOS EN GUATEMALA, SON VISTAS COMO AMENAZAS, PERO LAS FORMAS DE DEFENSA DEL TERRITORIO NO HAN SIDO SUFICIENTES PARA DETENER LOS PROYECTOS

Diversas organizaciones en defensa de los derechos colectivos han retomado la plataforma “no es un crimen”, y realizan campañas para impulsar la defensa del territorio con la certeza de que organizarse colectivamente no debe ser criminalizado, a pesar de la importante cantidad de presos y órdenes de aprehensión a defensores de los territorios. En el área maya de México y Guatemala, la defensa del territorio ocupa a la mayoría de las movilizaciones y organizaciones de resistencia, lo hacen como respuesta a los múltiples proyectos extractivistas llamados de desarrollo que intentan construirse. Varios de estos proyectos son recomendados y financiados por los organismos financieros internacionales, en esa incesante necesidad del capital “sin fronteras” por encontrar espacios generadores de ganancias donde se pueda.

Estos territorios conservados por siglos por las poblaciones indígenas son atractivos para el capital, pero la población local no los acepta porque son extractivos y perjudican al territorio y la tierra. La tierra es considerada la madre, por lo tanto, afectar su estado natural afecta la vida misma de las culturas mayas, no sólo cuando se tocan centros ceremoniales, sino en conjunto con los ríos, los bosques y la agricultura tradicional. Los discursos de estos movimientos son muy parecidos, en muchos de ellos reivindican la identidad maya. La población afectada había caminado hacia un proceso de integración nacional en ambos países, durante muchos años las quejas eran que los proyectos de desarrollo no llegaban a esos territorios; sin embargo, ante el avance de estos proyectos controvertidos, por la magnitud del daño ambiental y destrucción cultural que propician, los discursos han cambiado, no es ése el desarrollo que se pensaba. Estos movimientos encontraron en la reivindicación maya no sólo el reconocimiento a su cultura olvidada sino también un discurso político que les da identidad y argumentos difícilmente cuestionables en defensa de sus territorios.

Las propuestas de desarrollo que se ventilan para esta región, como el Tren Maya —del lado mexicano—, la minería, hidroeléctricas, oleoductos y gasoductos, son vistas como amenazas, y hay resistencias a todas. Pero las formas de defensa del territorio no han sido suficientes para detener todos los proyectos.

En el caso de Guatemala, las resistencias han logrado defender algunos de sus territorios, pero el costo social ha sido muy alto, lo que complica la batalla, por lo que han buscado múltiples opciones para enfrentarla. Los movimientos reactivos para defender los territorios que ya están afectados se mantienen porque sigue siendo una opción, pero al mismo tiempo han avanzado en construir proyectos políticos alternativos con propuestas que generan elementos para el debate nacional e internacional y que pretenden acallar las críticas y acusaciones de actores políticos, empresarios y organismos internacionales sobre que sólo se oponen a los proyectos sin ofrecer alternativas a los altos niveles de pobreza, marginación y exclusión que viven grandes cantidades de población.

Uno de estos movimientos, encabezado por el Concejo del Pueblo Maya (CPO), está integrado por hombres y mujeres mayas de Guatemala. Su intención es organizarse para exigir a las instituciones de gobierno que se dé el reconocimiento de Estado pluriétnico guatemalteco, ya que las poblaciones indígenas mayas, garífunas y xinca son mayoría. Esta realidad no está reconocida en las políticas de Estado ni en la integración de los poderes políticos, por lo que han buscado todas las opciones posibles, incluyendo las electorales, para lograrlo. Sin embargo han enfrentado una férrea oposición del poder nacional, así que avanzan por la vía de las resistencias y la construcción de propuestas, sin dejar de lado la lucha por el poder político. Han logrado avances en el reconocimiento a las lenguas mayas y cultura indígena; existe desde 1990 la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala con reconocimiento oficial, donde se procura generar políticas de mantenimiento y difusión de las lenguas. El CPO mantiene colaboraciones con integrantes de la academia para profundizar la reivindicación de las lenguas en la lucha por los territorios.

El CPO retomó la defensa del territorio como uno de sus ejes políticos más importantes, y reúne a integrantes de diversos departamentos del país para discutir las amenazas a los territorios como consecuencia de megaproyectos. El gran impulso de estos megaproyectos está generando que las resistencias se organicen alrededor del CPO, constituyendo espacios de discusión y de articulaciones con otros movimientos, ONG y académicos, como una estrategia de resistir y también construir alternativas.

Su lucha ha detenido proyectos mineros y algunos hidroeléctricos, sin embargo las empresas presionan para obtener el apoyo de los gobiernos para defender proyectos que, enmarcados en leyes internacionales, “deben” de continuar. Teniendo eso claro, los movimientos dan la lucha también por la vía jurídica, enfrentándose no sólo al derecho económico derivado de los tratados comerciales sino a las propias instituciones guatemaltecas. Mediante la vía jurídica internacional han logrado detener algunos de estos proyectos, pero el costo es alto: muertos, amenazados, encarcelados y órdenes de aprehensión para muchos integrantes, además de divisiones comunitarias debido a que las propias instituciones de gobierno junto con las empresas dan apoyo a la gente para que dejen de luchar.

Como ellos reflexionan, “la lucha es muy cansada y agotadora porque apenas estamos saliendo de una y ya hay otros proyectos que detener”. Entre los retos que enfrentan, varios de ellos tienen que ver con la vida interna organizativa, como sucede en todos los procesos de organización colectiva; algunos integrantes se quejan de que sus regiones no son tomadas en cuenta en las decisiones; otros, que sus posiciones no son consideradas en los discursos públicos; y en el caso de las mujeres, presionan por más espacios para ellas. Estas quejas se hacen abiertamente, lo que permite un proceso de reconstrucción organizativa continua. Sobre el papel de las mujeres, en la más reciente renovación de su dirigencia — apenas en diciembre pasado— fue notable que las mujeres ocuparon cargos importantes, algo nada raro considerando que las mujeres encabezan la mayoría de las manifestaciones públicas y los discursos en los programas que organizan, lo que las posiciona con un perfil alto hacia adentro del movimiento y hacia afuera.

Otro de los objetivos del CPO es lograr la vinculación con los movimientos chiapanecos con el fin de enfrentar a las empresas que son las mismas que desarrollan los proyectos extractivos en la región. El objetivo es difícil de cumplir, por diversas circunstancias. Se registran algunos intentos por conseguirlo, lo han hecho con algunas ONG y pequeños movimientos chiapanecos, pero no se ha logrado con la intensidad necesaria para construir un verdadero proyecto binacional en defensa del territorio. Se requiere vencer inercias nacionalistas. Este objetivo se ha convertido en la estrategia a construir, dado que su experiencia en la lucha les ha demostrado que las resistencias deben tener claridad en que el adversario es global, aunque las circunstancias son diferentes en cada país.

Tomando como ejemplo las energías, en el caso de México, tanto PEMEX como la CFE siguen siendo nacionales, a pesar de que la mayor parte del proceso productivo es generado por empresas privadas a través de las múltiples formas de relaciones comerciales que se implementaron para dar mayor participación a la iniciativa privada, pero la cultura nacionalista hace que muchos mexicanos no vean a estas empresas como amenazas, porque se percibe que son las encargadas de apoyar al desarrollo del país. En Guatemala, las empresas nacionales desaparecieron, desde la década de 1990 la industria eléctrica fue traspasada a la empresa privada y a partir de allí la población sufre aún más por el acceso al servicio, porque todo lo que se dijo que resolvería no pasó, la gente marginada no tiene luz o la tienen de mala calidad y cara, ello explica que la lucha la estén dando en el ámbito del sector energético.

La idea de desarrollo para la región y los megaproyectos

En el documento de la CEPAL Hacia un nuevo estilo de desarrollo. Plan de desarrollo integral. El Salvador-Guatemala- Honduras-México. Diagnóstico, áreas de oportunidad y recomendaciones de la Cepal (2019), podemos encontrar que el eje para lograr el desarrollo a través de la inserción internacional del territorio es a través de la integración regional mediante la logística y la movilidad “integración logística y energética y el gran impulso ambiental” (Cepal 2019: 45). A grandes rasgos plantea que esta integración logrará interconectividad regional que hará frente a la economía global, es decir, dar mayor competitividad a la economía regional; en ese sentido lo prioritario es la construcción de redes de interconexiones eléctricas, y existe ya un Ente Operador Regional (EOR) que se encarga de regular estos acuerdos. Guatemala produce la mayor cantidad de energía de Centroamérica. Gracias a las hidroeléctricas que el sector privado potenció en los últimos años, Guatemala exporta energía a la región, pero se planea la búsqueda de opciones más competitivas a través de la introducción de gas natural y licuado, que serían llevados por gasoductos desde México al territorio centroamericano, proyecto que se une con el corredor del Istmo de Tehuantepec, otro de los grandes proyectos del gobierno mexicano. Estos proyectos ya están negociados y existe una serie de organismos públicos y privados para llevarlos a cabo. El documento menciona que hay apoyos gubernamentales a las empresas, como no pagar aranceles.

Estos proyectos se convertirán en espacios de luchas ya que se requieren derechos de paso, lo cual no es fácil en las condiciones actuales, y las comunidades están preparadas para enfrentarlos. Para hacerlo no sólo preparan las acciones de movilización social y resistencias, lo destacado es que se están informando y están analizando la información difundida por los organismos internacionales sobre los planes de desarrollo regional, para dejar de ser movimientos defensivos cuando ya tienen a los proyectos construyéndose; ahora se están adelantando, y junto con la Asociación Comisión Paz y Ecología-COPAE realizaron un estudio que analiza el modelo energético centroamericano, cómo están y hacia dónde van. Este tema es importante porque la mayoría de las resistencias son contra las hidroeléctricas y mucha población no tiene acceso a la luz a pesar de que Guatemala es el mayor exportador de energía eléctrica en la región.

La inconformidad no se basa sólo en una oposición sin sentido a los proyectos, tienen la experiencia que demuestra que la producción de energía no ha ayudado a que la población guatemalteca tenga acceso a ella. Al contrario, el costo se elevó considerablemente, al grado de que 160 mil de los 1.6 millones de usuarios de Energuate están en resistencia (Copae 2019). Considerando también que más del 60% de la inversión privada va al sector energético, este movimiento de resistencia acusa que el modelo energético implementado en Guatemala tiene como base la producción de energía, pero entendida como una mercancía, por lo que dejó de ser de relevancia para el desarrollo social. Proponen regresar al modelo donde la energía es un derecho social de la población y su generación debe considerar todos los aspectos adversos; proponen que la población debe participar en las propuestas y los procesos de generación, dado que los recursos naturales pertenecen a la nación. De esa manera los intereses de la iniciativa privada deben quedar marginados, sólo así se podrá recuperar los bienes nacionales y modificar el modelo energético de tal manera que repercuta en el bienestar de la población.

En ese mismo sentido están luchando contra otros proyectos. En los últimos meses se han movilizado contra “El Colector”, llamado así porque pretende limpiar el lago Atitlán, contaminado por la descarga directa de aguas negras. El lago es la mayor reserva de agua dulce de su región y nadie niega lo contaminado que está, lo que justifica el proyecto. Sin embargo, la población no lo acepta, registrándose un intenso debate. Desde la perspectiva conservacionista no hay explicación a dicha oposición, pero los habitantes del lago que se oponen consideran que el único interés de rescatarlo es para entregarlo a la industria transnacional. Estas actitudes controversiales se explican porque hay regiones que sufren las consecuencias del corredor seco —territorios extensos donde no hay agua— y los ríos se secaron como causa de la enorme utilización de este recurso para la industria extractiva, cuando se les aseguró que eso no pasaría.

Al menos dos ríos chiapanecos tienen su origen en Guatemala; si el modelo energético avanza, seguramente las afectaciones serán también para la población chiapaneca de forma directa. En ese sentido la lucha, tal como la tienen considerada los mayas guatemaltecos, debe ser conjunta para enfrentar este modelo de desarrollo y construir una propuesta alternativa regional.

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Dolores Camacho Velázquez, investigadora de la UNAM-Cimsur, colaboradora frecuente de Ojarasca, radica en Chiapas.