AMPARO CONCEDIDO A INDÍGENAS DE CHIAPAS CONTRA EL TREN DEL SURESTE

El Tren Maya, el megaproyecto del sexenio, acumula impugnaciones. El 22 de junio una jueza concedió un amparo que ordena detener todos los trabajos no relacionados con el mantenimiento en el tramo 1 del proyecto, que comprende el recorrido de Palenque a Escárcega. “Esto no significa que ya se haya ganado el amparo, sino que se ordena la suspensión de los trabajos hasta resolver asuntos de fondo”, aclara Jorge Fernández Mendiburu, abogado del Equipo Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, asociación que acompaña a comunidades choles de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, que interpusieron el recurso para frenar parte de la obra.

El fundamento central de la suspensión es que los integrantes de las comunidades “auto reconocidos indígenas, habitantes de la comunidad donde tendrá impacto el proyecto denominado Tren Maya, en específico en el municipio de Palenque, pudieran resentir una afectación a su esfera jurídica, concretamente en su derecho a la salud”, en el contexto de la pandemia por Covid-19, que exige un “distanciamiento personal de metro y medio”, señalan en un comunicado.

“La pandemia evita que las comunidades puedan participar, ser consultadas y estar en todas las actividades y requisitos que se deberían efectuar para la implementación del megaproyecto”, enfatiza Jorge Fernández. El megaproyecto estratégico presidencial abarca mil 500 kilómetros divididos en 15 estaciones a lo largo de los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Es presentado por el gobierno federal como un plan “integral de ordenamiento territorial, infraestructura, crecimiento socioeconómico y turismo sostenible”.

“El amparo que se presentó el 7 de mayo de este año fue contra dos acuerdos; uno emitido por el secretario de Salud y otro por el presidente de la República, en el que se establecen una serie de lineamientos que, en términos prácticos, eran la continuación de los trabajos del Tren Maya a pesar del contexto de crisis sanitaria”, lo que habría significado riesgos para la salud de la población y se habría vulnerado el derecho a un medio ambiente sano, explica Fernández en entrevista telefónica. La querella, añade, es contra un decreto firmado por el presidente de México, la Secretaría de Salud Federal y la Dirección General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Antes de emitir el fallo que detiene las obras de manera provisional, las audiencias se difirieron en cinco ocasiones por la negativa de Fonatur a entregar la información requerida por el Juzgado, situación que permitió revelar otros obstáculos e inconsistencias legales del proyecto.

“La afirmación de Fonatur de que no existía Manifestación de Impacto Ambiental es una violación muy grave en cualquier tipo de megaproyecto”, advierte Fernández en relación a las irregularidades que hasta ahora han derivado de este litigio.

Otra irregularidad del Tren Maya, explica, es que debido a que es un medio de transporte, las licitaciones son facultad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es una facultad que no puede trasladarse a Fonatur por un contrato, como lo hizo la Secretaría.

Fernández Mendiburu indica que un tercer elemento tiene que ver con el derecho a la libre determinación de las comunidades afectadas. “A finales del año pasado el Fonatur y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) hicieron una serie de reuniones con las comunidades que se verían afectadas, pero no cumplieron con el estándar que establece la normatividad nacional e internacional en materia de respeto al derecho de la consulta, al consentimiento y la libre determinación. Eso lo dijo la misma Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, señalando que esas reuniones no podían ser consideradas como un proceso de consulta”.

Es larga la lista de comunidades que han presentado recursos legales contra la construcción del Tren Maya. En Yucatán destaca la solicitud de medidas cautelares interpuesta por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Campeche (Calakmul, Xpujil, y Candelaria), así como en comunidades tseltales, choles y tsotsiles de Chiapas, también existen amparos interpuestos que están en proceso de revisión.