LA IMPOSICIÓN DEL TREN MAYA Y SU IMPACTO EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

El día 20 de junio del presente año, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dio apertura oficial a la violenta acción que emprende el Tren Maya mediante la justificación de incorporar al proyecto de Nación en la 4T a los pueblos y comunidades mayenses de los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La política emprendida por el sector privado y por el respaldo institucional que regula la depredación del mercado neoliberal no es nada nuevo. En las distintas latitudes de los pueblos indígenas es bien sabido que el extractivismo mineral, acuífero, forestal y territorial ha significado una disputa constante en el debate socio-ambiental en el que no sólo se reformula sino que parece cobrar mayor impulso la imposición y el uso de la fuerza de los poderes fácticos para lacerar la soberanía territorial y comunitaria. Con una inversión de 27 mil millones de pesos, el tramo férreo con 224 kilómetros impone un mensaje claro y contundente, a pesar del marco legislativo en términos de consulta de los derechos de los pueblos y de los tratados internacionales. Violenta y vulnera el mundo rural con altas proporciones de marginalidad a pesar de su gran riqueza en la diversidad geo-territorial.

La diversidad biológica, el cuidado de las selvas, bosques, mantos acuíferos y centros ceremoniales se ven amenazados ante el avasallamiento colonialista sobre la base de los pueblos que históricamente han tenido una capacidad organizativa, mediante el ejercicio consuetudinario depositado entre cargos y mayordomías al interior de las comunidades. La segregación y fractura comunitaria transgrede no sólo a la geografía del sur-sureste sino que precisa una determinación radical a partir de un planteamiento corporativo, que en términos de desarrollo no favorece a los pueblos y comunidades. Por lo anterior, se augura un modelo privatizador en los propios territorios que históricamente han sido resguardados mediante milpas y proyectos frutales, un bastión para la supervivencia de las sociedades agrarias, complejas en sí mismas, durante el México actual.

El tramo impuesto por estaciones Izamal, Kantunil, Chichén Itzá, Valladolid, El Tintal, y Cancún tendrá la atención particular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, una secretaría de Estado que tiene una deuda histórica con las comunidades en completo abandono, a partir de las deplorables vías de comunicación que han impedido verdaderas condiciones democráticas para el desarrollo de los actores centrales del tema que nos ocupa.

Las condiciones adversas de desnutrición, analfabetismo y deserción escolar, entre otros, que inciden en la gran movilidad migratoria a partir de las redes de dominación local, no sólo reafirman las condiciones precarias de orden socio-económico, sino también en el complejo escenario en la frontera sur, sometido a partir del despliegue de las fuerzas armadas para opacar la resistencia de quienes defienden sus territorios.

Queda claro que las distintas luchas sociales que sustentan la transformación social del México actual han tenido que ver con la clara responsiva de la sociedad frente al Estado con la declaratoria de “La tierra no se vende, se ama y se defiende”.

El futuro no parece prometedor. El derecho a la permanencia territorial está históricamente asociado a las disputas agro-territoriales de los distintos espacios de comuneros, ejidatarios e indígenas, en donde el Estado ha pretendido socavar los sectores populares que han sabido tener una gran capacidad organizacional ante los embates del neoliberalismo. Basta mencionar el caso de la emergencia sanitaria, y de seguridad nacional en la historia de México, la privatización hídrica de la Parota, las mineras a cielo abierto, las empresas transnacionales que emplean el fracking en la Sierra Norte de Puebla, la imposición del Aeropuerto Internacional en San Salvador Atenco, el desgaste hídrico en poder de refresqueras y plantas hidroeléctricas, el uso de las semillas de domesticación transgénica, y otros sucesos más, entre los que se destaca la tala clandestina en distintos espacios geográficos del país.

Estos paralelismos representan no sólo una afrenta contra los pueblos de México, sino también contra la dignidad de sociedades andinas, tribales, amazónicas y afro-indígenas en América Latina frente a un proceso civilizatorio que, a partir del expansionismo y la desterritorialidad, amenaza tanto la permanencia de estos pueblos como el equilibrio sistémico del orbe.

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Antonio Bautista Ortuño, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Hidalgo (ICSHU-UAEH).