EVALUACIÓN DE CONTRADICCIONES EN SEMBRANDO VIDA / 283
Coneval, Evaluación de diseño con trabajo de campo del Programa Sembrando Vida 2019-2020
El Programa Sembrando Vida (PSV) afirmaba incidir en 230 mil “sujetos agrarios” (a veces “sujetos de derecho”), sembrando 575 mil hectáreas. Tras casi dos años de operación aumentaron 170 mil personas y 425 mil hectáreas, cubriendo 20 entidades del país. En total un millón de hectáreas y 400 mil personas.
Sus requisitos obligan a considerar que: “La unidad de producción debe estar disponible para implementar el programa agroforestal, y debe tener alguna de las siguientes características: a. Que se encuentre ociosa o abandonada. b. Estar en condiciones de potrero o acahual bajo. c. Tenga cultivo de milpa”. Como hemos señalado antes, esto implica irse directo contra las áreas de uso común (unos 6.89 millones en el país) que siguen siendo el corazón del ejercicio territorial de las comunidades y ejidos en ese 51% del territorio nacional que es propiedad social, todavía. Estas áreas, como bien ha dicho Álvaro Salgado, son también el corazón de una mutualidad responsable entre campesinas y campesinos de comunidades y ejidos que deben pactar los términos de dónde y cómo sembrar cada año, algo tan diametralmente opuesto a las parcelas fijas, geoposicionadas, que ya anuncian el futuro digital que le espera al campo mexicano. Y el robo crece conforme PSV pide a “los sujetos agrarios” su pleno dominio: “acreditar la propiedad o posesión de 2.5 hectáreas mediante certificado parcelario, certificado de derechos agrarios, escritura pública, sentencia o resolución del Tribunal Agrario, o acta de asamblea donde se acredite la posesión o algún otro documento o título donde conste plenamente la propiedad o posesión de la tierra”.
El PSV pone por delante su menosprecio profundo por el campesinado al exigir en sus lineamientos: “es importante que se trabaje en apoyar a los sujetos agrarios que no cuentan con los recursos y conocimientos necesarios para producir alimentos” [y en otro pasaje: “que tienen escasos o insuficientes conocimientos para la producción agrícola”], pese a que hablamos de las zonas más ricas en biodiversidad, como se afirma tres renglones arriba, y como sabemos, la biodiversidad nunca es sólo biológica, sino producto de la relación con las poblaciones humanas.
Pero el PSV dice: “debido a las características de los territorios que habitan, ellos [¿los sujetos agrarios? ¿los territorios?] representan una gran oportunidad para impulsar la producción de cultivos mediante sistemas agrícolas sustentables”. Con esa cruzada en mente, se pretende la sustentabilidad, recuperar los suelos, el tejido social, la autosuficiencia alimentaria, mejorar los ingresos y cruzar hacia arriba la línea de la pobreza. En el informe final de evaluación del PSV, publicado a mediados de este año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) afirma que “estos objetivos no están bien definidos en las metas y los alcances que se busca obtener con la intervención”, pues “tampoco se presentan las herramientas necesarias para operativizar estos objetivos ni para cuantificar resultados medibles sobre estos aspectos”.
Por otra parte, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) les guardará 450 de los 5 mil pesos mensuales que le tocan a cada “sujeto de derecho”, más 50 pesos que irán a un Fondo de Bienestar. Aunque algunos comentaristas de este programa afirmen que se trata de una opción, es decir algo voluntario, los lineamientos del PSV definen esto como una obligación (punto 3.7.2), lo cual no es algo menor si además tienen que mantener su ahorro intocado por lo menos tres años y, mientras, el banco feliz. En su evaluación, el Coneval señalaba que una dificultad para quienes recibían estos dineros era que “la cercanía de los mecanismos para retirar dinero en efectivo [...] implica un costo importante tanto económico como de oportunidad”. Esto se agrava con el hecho de que con las pocas sucursales que hay, y tanta gente cobrando sus programas, las sucursales se saturan y se quedan sin efectivo en las regiones rurales donde están los beneficiarios, además del tiempo y el dinero gastado en ir a cobrar.
A principios del año, la entonces encargada del programa, María Luisa Albores, hoy secretaria en Semarnat, se quejaba de que los viveros militares con los que habían pactado la entrega de 100 millones de plantas le habían entregado apenas 37 millones. Hoy, la gente de los Chimalapas se alarma por el absurdo de obligar a la gente que entró al programa a “comprar planta de viveros militares traída desde Veracruz, con muerte del 25 por ciento de las plantas tan sólo en traslados y manejos, siendo que los Chimalapas es la bioregión con mayor diversidad de árboles de todo tipo”.
Como dijera el investigador Daniel Sandoval, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam): “El programa Sembrando Vida incide directamente en la decisión de las personas para aceptar las disposiciones oficiales. Esta acción desleal que enajena a los pueblos la capacidad de ejercer el libre consentimiento puede comprobarse con testimonios de distintas localidades, principalmente en Bacalar, Quintana Roo. El uso faccioso de este programa gubernamental es un hecho que se aplica a la gran mayoría de áreas en las que el gobierno federal debe lograr que la población ceda sus tierras [...], según lo hemos comprobado cartográficamente al relacionar los sitios donde se implementa Sembrando Vida y las nuevos trazos planeados para el paso del Tren Maya”. Según el empresario Alfonso Romo, “gracias a sus inversiones se logra la transformación de ‘tierras improductivas’ en ‘tierras con un alto valor agregado’, se generan empleos, ‘las comunidades muertas de hambre’ salen de la miseria, etcétera”.
Es esta misma lógica la del PSV, cuando insiste en que trabaja mejorando el ingreso de los campesinos para mejorar la productividad de la tierra. Justo una de las críticas centrales que hace Coneval es que: “La definición del problema central es ambigua en cuanto a la situación que se busca resolver. Por una parte, se refiere a los ingresos insuficientes de los campesinos que habitan en localidades rurales y por otra parte lo relaciona con la dificultad para hacer productiva la tierra. La situación relacionada con los ingresos insuficientes de los campesinos es una situación negativa y en primera instancia supone que incrementando sus ingresos se resolvería el mismo, pero no está claro cómo resolver el problema del dinero resuelve la falta de productividad de la tierra. [...] Se presta a confusión si el problema que se quiere atender es el ingreso de los campesinos o la productividad de la tierra”.
Desde otro ángulo, Daniel Sandoval afirma: “Se añade a ese viejo discurso empresarial aparentemente heroico y progresista, la aplicación de un método que combina sobornos a la población posesionaria de las tierras y la persecución y amenazas a las personas que intentan organizar una resistencia. Este hecho también se ha logrado documentar en las últimas fechas”. Por desgracia, esto coteja tantísimo con quienes, desde Chiapas, “miran con horror cómo Sembrando Vida está siendo una de las motivaciones para los ataques perpetrados por la ORCAO hacia comunidades zapatistas, ya que necesitan garantizar la superficie para la ampliación del programa que le garantizará mayor acceso a los recursos monetarios del programa en su segunda fase, por lo que están invadiendo las tierras recuperadas de los compañeros zapatistas, donde trabajan en colectivos de producción”.
Ver: https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/ Documents/2020/COMUNICADO_11_PROGRAMA_ SEMBRANDO_VIDA.pdf
Tren Maya, Sembrando Vida y Corredor Transístmico: http://ceccam.org/node/2914
Lineamientos de Sembrando Vida: https://www.gob.mx/ cms/uploads/attachment/file/579757/Lineamientos_Programa_ Sembrando_Vida_2019.pdf