EL DISRUPTIVO PROGRAMA SEMBRANDO VIDA EN EL ÁMBITO COMUNITARIO
La península de Yucatán representa para este gobierno en particular uno de los puntos estratégicos de control geopolítico más importantes para imponer sus megaproyectos de desarrollo a gran escala, sobre todo por los acuerdos internacionales firmados, como el T-MEC, que sin duda seguirá beneficiando a los mismos sectores del poder económico. Por supuesto, la agroindustria mantiene un rol activo con plena libertad de continuar con la deforestación de la selva maya y a la vez cumpliendo su función de destruir la vida en los territorios ancestrales, lo que afianza el control político a través del acaparamiento de gran parte del territorio resguardado por las comunidades indígenas del pueblo maya peninsular.
El avasallamiento de las tierras es una constante en nuestra región peninsular, cimentada en las reformas estructurales a nuestra Constitución que dio cabida a este tipo de actos, como la presencia de asentamientos o campamentos menonitas en diferentes regiones de la Península. Este panorama ha sido cobijado e impulsado por las actuales instancias gubernamentales que mantienen la continuidad de un mismo sistema de despojo de los territorios indígenas. El papel que juega la Procuraduría Agraria (PA) interviniendo en las asambleas ejidales ha sido tan dañino en muchos casos para inclinar la balanza a despojos que se nombran cesiones o ventas —lo que basan en leyes que favorecen las ventas de los derechos agrarios—, como se ha documentado en la comunidad de Ixil, Yucatán.
Ante la escalada deforestadora de empresarios que se apropian del territorio, hay ya una desertificación de al menos 1 millón de hectáreas de tierras en más o menos los últimos 10 años a nivel peninsular.
Una de las respuestas del gobierno actual es impulsar el programa Sembrando Vida, cuyo objetivo declarado es la reforestación de áreas afectadas a partir de un pago mensual de 5 mil pesos a cada beneficiario. Esto repite la fórmula de gobiernos anteriores, es decir, la opacidad de los responsables a cambio de falsas soluciones a los afectados. ¿Quiénes son los responsables directos por estos daños ambientales y cuál es la justicia que este gobierno plantea para atender dicho problema? La respuesta aparece en automático. No importa quiénes dañan sino quiénes pagan por esos daños y entonces el incentivo oculta los rostros y nombres de los responsables por todos los agravios cometidos en los diversos territorios de la península durante los últimos años.
Más allá del “beneficio económico y forestal” del programa para los que son parte, no hay que dejar de mirar a detalle su impacto a nivel comunitario. Al parecer existe una apuesta de fondo en el programa Sembrando Vida de refuncionalización del poder político al interior de las comunidades. Se configuran nuevas “asambleas” sectorizadas y conformadas, por supuesto exclusivas para los beneficiarios directos, no necesariamente para los ejidatarios que tienen los derechos sobre las tierras. Así, estas nuevas “asambleas” adquieren poder político y de autoridad con un respaldo gubernamental que en lo cotidiano adquiere relevancia y formalidad.
El programa va impulsando una estructura de poder y de decisión a nombre de las comunidades. No es para menos: este aspecto responde a una influencia de procesos políticos distintos a la perspectiva indígena, donde se antepone el ejercicio pleno de lo individual por encima de lo comunitario y esto se refuerza con la información que al interior de estas asambleas se comparte, es decir tendenciosa y para validar “el lado positivo” (económico) de los programas de gobierno.
La conformación de las comunidades indígenas ubicadas al poniente de Bacalar, Quintana Roo, ha sido un proceso largo con una carga histórica que configura su propia identidad, su filosofía, su organización y sus prácticas culturales y espirituales. Esto es resultado de un tejido colectivo donde se van develando acuerdos al interior de la comunidad bajo principios que sostienen la integridad de la vida y del territorio. La asamblea es determinante en configurar un sistema organizativo comunitario. Desde el pueblo maya, la participación cobra sentido cuando todas y todos construyen comunidad en esa asamblea. La irrupción de este programa desestabiliza esta construcción histórica y colectiva y no tiene que ver con la fragilidad organizativa actual al interior de cada comunidad, sino con el abuso del poder del gobierno para imponer sus programas sin respetar los espacios propios de decisión y de formulación de las necesidades que garanticen el derecho pleno a la libre determinación.
Los diversos grupos que forman parte del programa Sembrando Vida en las comunidades tienen en común la homogenización de producir, es decir, su capacitación (o decapitación) a las campesinas y campesinos busca que olviden las practicas ancestrales del manejo y cuidado de las semillas, las plantas, la tierra, etcétera. Vemos entonces que el programa responde a la aniquilación del sistema milpa que los funcionarios confunden con la tumba-roza-quema convencional, cuando que mantiene saberes profundos para mantener la biodiversidad. Gracias a estos saberes hoy podemos admirar tanta vida en los espacios que cuentan con resguardo comunitario.
Este programa sentencia con gravedad el manejo del fuego para la limpieza y aporte de nutrientes a los suelos a partir de la quema, sin embargo no se opone al manejo de semillas patentadas. Así la operatividad de un programa que va resquebrajando desde lo cotidiano el corazón de las comunidades.
Otro elemento determinante que condiciona Sembrando Vida al interior de las comunidades es la disponibilidad del tiempo completo en obediencia a los requerimientos emergentes y continuos del programa, que no permiten la libertad plena de los beneficiarios para participar en otros espacios independientes pues siempre los obligan a recibir a sus supervisores en días no programados y la no asistencia a estos actos se sanciona con multas excesivas o con expulsión del programa. Entonces funciona un mecanismo de control sobre el tiempo comunitario que demanda un programa con tan pocos beneficios y tan grandes las necesidades que el Estado aprovecha para desarticular los movimientos que durante años han tejido una organización para cuidar la vida.
Con el mismo hilo de despojo vemos el caso concreto del ejido Paraíso, donde la entrada de la población menonita con el acompañamiento de la Procuraduría Agraria (PA) ha decantado en un conjunto de agravios que afectan la vida comunitaria. Lo primero es la información y manejo que se dio a la Ley Agraria para que los ejidatarios que por alguna necesidad tuvieron que vender una parte de sus tierras, no sus derechos, que era una demanda que tenían. Esto no lo respetó la PA, que les condicionó a entrar a un proceso de sesión de derechos y no de usufructo, para perder la posesión y la decisión sobre las tierras. En este ejido se han llevado a cabo tres ventas-sesiones de derechos ejidales, en 2011, 2014 y 2018, que corresponden a 2 mil 300 de las 5 mil 300 hectáreas del ejido. Esta situación reconfigura la dinámica socio-organizativa y la vida comunitaria modificando el territorio. En días recientes Sembrando Vida se planteó como “alternativa” para constituir un nuevo grupo que pueda cumplir con la función de sanar los daños ocasionados por la agroindustria en ese ejido, como si no fuera ya suficiente la fractura del tejido comunitario tras las ventas y la dependencia económica y laboral hacia los menonitas.
Como se puede atestiguar en lo cotidiano, este tipo de programa lesiona el tejido comunitario. Hay que darle su justa dimensión, porque es desde esos mismos escenarios que se impulsa el megaproyecto Tren Maya y su aprobación desde los espacios de Sembrando Vida y los otros programas que buscan darle legitimidad a las políticas de este gobierno. El Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar (CRIMB) y el Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj han sido claros en sus señalamientos. En el marco del aniversario de la comunidad de Blanca Flor el pasado 7 de diciembre, Alfredo Tun, integrante del CRIMB, señaló: “Los megaproyectos y sus programas que se quieren imponer en nuestro territorio están intentando matar nuestro sistema de vida ancestral y no lo vamos a permitir, porque la tierra es nuestra y nosotros somos de la tierra”.
Hoy de nuevo nos encontramos en una trama de este sakbej que nos enseñaron las abuelas y abuelos a mirar y entender: diferenciar sus encrucijadas para seguir caminando con la digna rebeldía construyendo espacios colectivos, propios, desde nuestro ser indígena no condicionado por programas que nos roban nuestra libertad y nuestro territorio.