LA LEY GENERAL DE AGUAS QUE MÉXICO NECESITA

En innumerables ocasiones, la ciudadanía, pueblos originarios, organizaciones de la sociedad civil y académicos han alertado sobre el poder de las multinacionales en un entorno económicamente liberalizado, empeñado en vulnerar el derecho de las personas a un elemento tan básico e indispensable como el agua. La cotización del agua en el mercado bursátil de Wall Street, que incorpora este vital líquido a los mercados especulativos —por lo pronto aplicable en el estado de California, donde el Nasdaq Veles California Water Index (índice NQH2O) refleja los precios de los futuros del agua— confirma una tendencia muy clara de querer imponer en el mundo una visión mercantilista impulsada por el sector privado que constituye una seria amenaza al ejercicio del derecho humano al agua de millones de personas.

Aun cuando el Artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado […] y a una mejora continua de las condiciones de existencia”, y que la Observación general núm. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas señala que: “El derecho al agua se encuadra claramente en la categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado”, seguimos observando que las justas reivindicaciones de derechos sociales se enfrentan a los desequilibrios de poder globales y a un modelo económico que privilegia el capital. Por ello es imperativo como sociedad exigir el agua como derecho humano, donde el enfoque liberal en la libertad y la igualdad formal se complementen con la igualdad sustantiva; esa igualdad sustantiva que no ha sido posible en nuestro país, entre otras cosas, por la distribución inequitativa que permite que el 70% del agua concesionada se encuentre en manos de sólo un 2% de usuarios.

En 2012 se adicionó un párrafo al artículo 4° de la Constitución, que reconoció el Derecho Humano al Agua y Saneamiento y mandató la creación de una Ley General de Aguas que permita “garantizar el derecho humano al agua y defina las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, a través de la participación de la ciudadanía, junto con los tres niveles de gobierno”. La creación de la Ley es para el Poder Legislativo una tarea pendiente desde entonces.

Esta omisión legislativa ha afectado directamente el ejercicio de derechos fundamentales: por ello, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, en coordinación con distintos actores, convocó a partir de mayo de 2019 a 35 Foros Estatales de consulta social en 31 entidades federativas de México, que concluyeron en enero de 2020 y que coincidieron todas en la necesidad de la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales. La abrogación de la Ley de Aguas Nacionales fue uno de los principales consensos generados, pues su vigencia permite la actual dinámica de acaparamiento, contaminación, impunidad, sobrexplotación, despojo y violación de derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Distintas iniciativas se han presentado en el Congreso, entre las que se encuentran la iniciativa ciudadana, la iniciativa de la Comisión de Medio Ambiente elaborada por el grupo parlamentario de Morena, la iniciativa del Partido Acción Nacional y la formulada en la propia Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. Durante el proceso de construcción de la Ley se lograron avances significativos que se presentaron el 28 de septiembre de 2020 ante el Relator para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento de la ONU y ante los titulares de las Comisiones Dictaminadoras nombrados por la Legislatura en ambas Cámaras.

Como sucede en el contexto internacional, también en nuestro país el derecho humano al agua se enfrenta a intereses que pretenden limitarlo para mantener el statu quo que privilegia a pequeños grupos empresariales en perjuicio de amplios sectores sociales que ven vulnerados sus derechos. El 18 de noviembre de 2020, inexplicablemente, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Agua Potable, Feliciano Flores Anguiano, sometió a votación presentar un proyecto de dictamen que se sustentaba principalmente en la propuesta del Partido Acción Nacional (conocida como la “Ley Mata-Flores”) que pudiera coexistir con la Ley de Aguas Nacionales, limitando el derecho humano al agua al uso doméstico, no entendido en un sentido integral como lo plantean los estándares internacionales.

Afortunadamente, la “Ley Mata-Flores” no prosperó en 2020; distintas voces expresaron su exigencia de una Ley General de Aguas completa. Una voz que se escucha con fuerza en el territorio nacional es la de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida, que es un proceso de organización y articulación autónomo, amplio e incluyente, donde confluyen pueblos originarios, organizaciones sociales, trabajadores, sistemas comunitarios de gestión del agua e investigadores comprometidos con la construcción del buen gobierno del agua y el territorio, quienes además presentaron el 4 de febrero la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, respaldada por cerca de 200 mil firmas de mexicanas y mexicanos que han desarrollado a lo largo de varios años una propuesta sólida de defensa del derecho humano al agua.

Los primeros meses del 2021 serán cruciales para nuestro país. Se requerirá una mayor articulación entre las personas defensoras del derecho humano al agua y los integrantes del Poder Legislativo para contar con una Ley General de Aguas de carácter transversal. Uno de los aspectos principales a garantizar en la ley es el respeto de los derechos de los 68 pueblos indígenas distribuidos por todo México, en cuyos territorios se encuentran 49% de las cuencas más importantes, donde se han otorgado 77 mil 619 concesiones de aguas nacionales y 19 mil 503 concesiones de zonas federales sin su consentimiento, violentando el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El Poder Legislativo está obligado a crear una Ley General de Aguas con perspectiva de derechos humanos y de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es impostergable eliminar la brecha entre el marco normativo nacional fortalecido a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y la implementación real de los derechos, por ejemplo, el de los pueblos indígenas respecto al agua de los territorios que habitan u ocupan, blindando a nuestro país de iniciativas privatizadoras, reafirmando que el agua es un derecho humano y no una mercancía: ésa es la Ley General de Aguas que México necesita.

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Maira Olivo Paz, abogada, Premio Nacional de la Juventud Indígena 2006 en el área de la defensa de los derechos indígenas.