25 AÑOS DE LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS / 286

TAMBIÉN A 20 AÑOS DE LA MARCHA DEL COLOR DE LA TIERRA, SEGUIR LUCHANDO CONTRA EL CAPITALISMO, “QUE ESTÁ MÁS VIGENTE QUE NUNCA Y POR ESO HAY QUE DESTRUIRLO”, NO “REFORMARLO NI HUMANIZARLO”: CARLOS GONZÁLEZ (CNI)

Este febrero se cumplen 25 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres y 20 años de la Marcha del Color de la Tierra, dos acontecimientos que marcaron el rumbo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena (CNI). De la “traición” del gobierno a lo pactado en materia de derechos y cultura indígena surgió la decisión de los zapatistas y de los pueblos, naciones y tribus de buscar el ejercicio de su autonomía en los hechos y, como lo enuncia el resolutivo de la reciente asamblea del CNI en Tepoztlán, Morelos, seguir luchando contra el capitalismo que, en palabras del abogado agrario Carlos González García, “está más vigente que nunca y por eso hay que destruirlo”, no “reformarlo ni humanizarlo”.

Participante de los diálogos de San Andrés entre 1995 y 1996 y miembro del CNI desde su fundación, González García señala que de 1996 (año de la firma de los Acuerdos) al 28 de abril del 2001 (fecha en la que se promulga la reforma constitucional que supuestamente recogería los Acuerdos) es una etapa en que los zapatistas y los pueblos que conforman el CNI apostaron a una reforma del Estado, “a partir de una reforma a la Constitución que incorporara la parte nodal del espíritu de los Acuerdos de San Andrés, como la autonomía y los derechos territoriales a través de figuras legales específicas, tales como el reconocimiento de las comunidades como entidades de derecho público”, entre otros puntos importantes.

De 1996 al 2001, el esfuerzo del EZLN y de los pueblos que conforman el CNI se encaminó al cumplimiento de los acuerdos signados con el gobierno federal en materia de derechos y cultura indígena (en la primera de cuatro mesas de diálogo contempladas, pues de ahí no se pasó). Es precisamente esta exigencia la que los llevó a organizar la Marcha del Color de la Tierra, una movilización sin precedentes en la historia de México, en la que durante 37 días los zapatistas y el movimiento indígena nacional recorrieron 6 mil kilómetros con destino al entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para interpelar a los representantes de los partidos políticos en el Congreso de la Unión y exigirles el reconocimiento constitucional de lo pactado.

Carlos González recuerda que apenas un mes después de que los zapatistas y el resto de los representantes indígenas regresaron a sus comunidades, luego de haber expuesto sus argumentos en la tribuna de la Cámara de Diputados, “se consumó la traición de toda la clase política que desconoció los derechos y cultura indígena”. En la “traición”, advierte, participaron los representantes de todos los partidos políticos en las Cámaras de Diputados y Senadores; el Ejecutivo Federal, que refrendó una ley contraria a los acuerdos y la publicó en el Diario Oficial; la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desechó las controversias constitucionales y los amparos que se interpusieron. En resumen, dice, “el Estado mexicano en su conjunto validó una reforma constitucional que traicionó la parte neurálgica de los Acuerdos de San Andrés”.

Este hecho llevó al EZLN y al CNI a una segunda etapa, que, explica el abogado, se centró en la construcción de la autonomía por la vía de los hechos. A partir de la promulgación de esa reforma, añade, se abandonó la ilusión de que desde el Estado y desde la clase política oficial se podía generar una transformación que permitiera el reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”. La decisión de tomar ese camino se plasmó en los acuerdos de la Octava Asamblea del CNI realizada a finales de 2001 y, de una forma muy contundente, en la formación de los Caracoles zapatistas y sus Juntas de Buen Gobierno en agosto de 2003. La tercera etapa que González dibuja en la historia de este cuarto de siglo es la que se ha mantenido en los últimos años y la resume como “la etapa de lucha anticapitalista”.

–¿Qué es lo que pasó con “la traición”, qué intereses se sintieron afectados, a quién o quiénes no les convino el cumplimiento de los Acuerdos?

Lo que ocurrió es que los grupos empresariales, las Cámaras industriales, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presionaron y cabildearon con las cabezas de los partidos políticos para el incumplimiento de los Acuerdos, pues los veían como limitantes o como obstáculos para llevar a cabo una serie de leyes neoliberales (que estaban encauzando desde 1992) para acelerar y profundizar el despojo hacia las comunidades indígenas y campesinas.

Las reivindicaciones indígenas no estaban chocando con el Estado o con la clase política que lo administra. Lo que ocurrió y ocurre es que están chocando con los intereses del sistema capitalista que estaba y está en un proceso de globalización y crecimiento salvaje. En este sentido, los Acuerdos de San Andrés se veían como una amenaza para el despojo capitalista y para el programa político económico neoliberal que han tenido, hasta la fecha, los gobiernos en turno.

–¿Si los Acuerdos se hubieran respetado y llevado a la Constitución, qué habría pasado con las leyes actuales y con los megaproyectos en territorios indígenas? Los Acuerdos de San Andrés en la Constitución serían un candado o un obstáculo para leyes y megaproyectos, pero no los habrían detenido.

Existía y existe el interés del gran capital en los territorios, de gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos, que tanta influencia ejerce en nuestro país, y de la clase política que representa fielmente sus intereses. Se trata de los capataces que están al servicio de un finquero, como dicen los zapatistas. Entonces, creo, sí se hubieran llevado a cabo los megaproyectos, pero les hubiera costado más trabajo.

En este país y en este mundo, los procesos de explotación y despojo capitalista avanzan de manera avasallante aun en contra de las leyes. El capital busca formalizar el despojo, la acumulación y la explotación en un conjunto de leyes, pero si no existen en la Constitución, estos procesos de cualquier forma avanzan. Los Acuerdos en la Constitución hubieran sido un freno para que avanzaran del modo avasallante en que han caminado y también serían un obstáculo para que se procesaran leyes tan terribles como la minera, la de aguas o la de bienes nacionales, que han generado regímenes de concesiones que en realidad son procesos de privatización disfrazados, al igual que las últimas reformas estructurales que impulsó Enrique Peña Nieto en materia de energía e hidrocarburos.

Se cimbró la memoria

Los primeros días de enero de 1996, el EZLN convocó al Foro Nacional Especial de Derechos y Cultura Indígenas, que contó con la participación de más de 500 representantes de por lo menos 35 pueblos indígenas del país. Al finalizar el encuentro, los participantes acordaron la creación del Congreso Nacional Indígena, red de pueblos, naciones, tribus y barrios que se constituiría formalmente el 12 de octubre de ese mismo año con la presencia de la Comandanta Ramona.

Los zapatistas continuaron así con la creación de espacios de organización política simultáneos a las mesas de diálogo que llevaban a cabo con el gobierno federal en la comunidad tsotsil de San Andrés Larráinzar. Para ellos, el proceso organizativo era lo más importante. Y los dos años de negociación así lo demostraron.

Los procesos son dialécticos y complejos, dice Carlos González al recordar que hubo un momento en que “se ejerció presión sobre el Estado pensando que se podía reformar”, pero “lo más importante fueron las semillas que se sembraron”. La primera, enumera, con el levantamiento zapatista; luego con la fundación del CNI; otra con la Marcha del Color de la Tierra; una más con el Congreso de Nurío; y otra con la participación de los representantes zapatistas y del CNI en el Congreso de la Unión. “Se sembró una semilla hacia nuestros pueblos, una semilla de rebeldía. Se cimbró la memoria”.

–¿Qué significó para los representantes de los pueblos encontrarse entre ustedes casi cada mes en las mesas de negociación de San Andrés?

Fue un proceso muy importante que no se había dado desde la Conquista. Lo que logró el levantamiento zapatista fue que los pueblos se miraran primero a sí mismos y luego unos a otros. Esto fue parte fundamental del levantamiento, de los diálogos de San Andrés, de los dos foros previos a la fundación del CNI y posteriormente de la constitución del propio CNI. Ha sido un proceso de encuentro, de diálogo, de reconocimiento entre los pueblos que ha ido madurando y que le ha dado al CNI la capacidad de seguir existiendo, y aun con todas sus limitaciones y con todos los problemas que ha tenido, seguir siendo un referente.

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, acusa González, “vino un ataque furioso contra los planteamientos del zapatismo y del Congreso Nacional Indígena. Se nos dijo que estábamos en el error, que estábamos equivocados, que éramos salinistas, y se intentó aislar al zapatismo y a los pueblos del modo más grosero posible. Pero el tiempo dejó claro que ni el cambio es como se pensaba, ni lo que estamos proponiendo deja de tener vigencia”. De cualquier forma, advierte el entrevistado vía telefónica, “no dudamos que desde el poder se esté valorando si hay condiciones para revivir la vía militar contra los zapatistas”.

Estos 25 años desde la firma de los Acuerdos, resume el agrarista, “están en una lógica de lucha, de resistencia, de rebeldía en contra del capitalismo. Con esta pandemia y con la tremenda crisis económica, ecológica y civilizatoria que estamos viviendo, la lucha contra el capitalismo es más que vigente, y la necesidad de destruirlo también”.

Por eso, explica, los días 23 y 24 de enero en Tepoztlán, Morelos, el Congreso Nacional Indígena suscribió la Declaración por la Vida que hizo pública el EZLN el primero de enero de este año, junto con colectivos, organizaciones e individuos de los cinco continentes, en la que se plantea que “no es posible reformar este sistema, educarlo, atenuarlo, limarlo, domesticarlo, humanizarlo”, y por eso se comprometen a “luchar, en todas partes y a todas horas —cada quien en su terreno— contra este sistema hasta destruirlo por completo”.

En este contexto, González García valora que hace un cuarto de siglo los Acuerdos de San Andrés surgieron “del ánimo de propiciar una transformación profunda del sistema, objetivo que se va radicalizando hasta llegar a Tepoztlán, donde el zapatismo nos propone hacer un recorrido por todo el mundo para denunciar las brutalidades del sistema y también para juntar y crecer la resistencia y la rebeldía en contra del capitalismo que nos está llevando a la destrucción como humanidad”.

Se trata, añade, de “llevar la denuncia de lo que está pasando en el país a todo el mundo y de responder así al aislamiento que pretende el gobierno”. Bajo la premisa de que fuera de México existe la idea de que el gobierno de López Obrador “es un gobierno de izquierda que tiene en el centro los intereses de los pueblos indígenas”, los zapatistas y el CNI se encargarán de “desenmascararlo”. Se denunciará, advierte González, “la brutalidad del sistema y por lo que está pasando nuestro país; hablaremos de los megaproyectos que se imponen en los territorios; de la fuerte militarización, como no se había vivido nunca; de la política extractivista; del asesinato y desaparición de los defensores del territorio, como el caso del comunicador nahua Samir Flores Soberanes, de Amilcingo, Morelos”.

En el pronunciamiento de la asamblea del CNI en Tepoztlán, se anuncia la incorporación de representantes del CNI y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA- MPT) en el recorrido mundial anunciado por el EZLN, el cual iniciará en el mes de julio por diversos países de Europa, con “la certeza de que la lucha por la humanidad es mundial”.