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LA FUERZA ARMADA DEL TREN “MAYA” O EL TREN “MAYA” DE LAS FUERZAS ARMADAS

SAMUEL ROSADO ZAIDI

En la semana del 28 de marzo fueron asesinadas cuatro mujeres en Quintana Roo, entre ellas Victoria Esperanza, salvadoreña, cuya espina dorsal fue fracturada por policías de Tulum al presionar su rodilla sobre ella, al estilo del asesinato de George Floyd en 2020. Este año han desaparecido ya varias mujeres y Quintana Roo es aún un bastión de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Siguen las extorsiones y la colusión del crimen organizado con empresarios y gobernantes, así como cobros de piso a negocios, donde trabajadoras y trabajadores terminan sometidos, desaparecidos, torturados y hasta asesinados. La península de Yucatán y sus comunidades pesqueras son territorio ocupado por cárteles inmobiliarios, del narcotráfico y la trata en la forma de hoteles, burdeles, cantinas del modelo turístico sol-arena-sexo (sun-sand-sex). A esta ocupación se agrega la militar.

El tren y las vías no son el negocio verdadero del mal llamado Tren “Maya” (TM), aunque las autoridades y sus voceros insisten en lo contrario cuando les conviene. Cuando hablan de sus supuestos beneficios, el tren “es más que un tren”, pero cuando de impactos negativos se trata “el tren es sólo un tren” que nos aproximaría a los paisajes ferroviarios europeos, y si los detractores nos oponemos a su glorioso y blanco progreso, “es por fifís”.

El negocio real del TM es la especulación sobre el territorio —suelo y agua— y sus usos. Desde hace más de dos décadas la península se transformó radical y apresuradamente: hoteles, infraestructura energética, monocultivos, producción pecuaria a gran escala, urbanización y depredación de sus recursos hídricos. No es secreto que Conagua mantiene la política de privilegiar los “usos más productivos” industriales por encima de los tradicionales, agrícolas y campesinos. Esta política es aplicada sin contención y busca “repartir los beneficios” bajo la vieja y agotada falacia neoinstitucional de la “derrama económica”.

Insistimos: el proyecto del TM sirve a la integración geopolítica del Gran Istmo de Tehuantepec creando un corredor energético, marítimo, agroexportador, industrial y turístico. El proyecto responde a una regionalización del Golfo de México que se extiende desde Florida hasta Quintana Roo y conecta infraestructuras energética y productiva; pero también a la regionalización del sistema de poliductos de Norteamérica desde Canadá hasta Tabasco; y por último, articula el gran corredor industrial que liga Kansas City con el Eje Neovolcánico, Veracruz y los puertos del Pacífico.

No es fortuito que con el TM lleguen los centros logísticos de Amazon y Walmart y ahora afirmen que así se articulará la producción agropecuaria de la península. La ampliación de Puerto Progreso garantizaría su acceso al mercado mundial. Mérida y su periferia se convertirían en un gran corredor industrial, articulado por el macrolibramiento y el TM. El verdadero negocio no son unas vías de tren o su operación, sino la especulación —tanto en la forma del cambio material del territorio como en la renta cobrada sobre éste.

Se ha pretendido minimizar la importancia del hecho de que las Fuerzas Armadas (FA) asuman el control de la infraestructura y operación del TM. Fonatur insiste que esto evitaría su privatización. Sin embargo, las FA —por más que sean del Estado— se apropiarían, sin fiscalización alguna, de los recursos y ello no evitará que el resto del megaproyecto siga siendo privado. ¿Van a estatizar los hoteles, rutas de transporte, infraestructura turística, granjas porcinas, tierras de monocultivo e industrias manufactureras? ¿No que el TM era en beneficio de las comunidades? Los negocios que no podrían exisitir sin la articulación territorial del TM y Transístmico seguirán siendo privados mientras se reduce la discusión entre lo público y lo privado a la propiedad y operación de las vías y locomotoras, sin considerar su impacto en las relaciones comunitarias. La inserción de las FA luce más como un método de contención de posibles opositores a una forma de “progreso” ya gastada que como “beneficio para las comunidades”. Fonatur omite que las FA no han pasado por ninguna reforma de fondo; es la misma institución que participó en la desaparición de los 43 y que ha estado involucrada en crímenes contra derechos humanos. Esto posibilita que jamás se transparente información esencial —dado que sería catalogada como de seguridad nacional— e induciría una mayor opacidad sobre el manejo y fiscalización de los recursos y los esquemas de corrupción que propiciaría.

Esto es consistente con otros procesos de militarización en el mundo. La militarización del TM responde a la configuración geopolítica de integración comercial y política del Golfo de México en un contexto de polarización política internacional creciente. Es estratégico para la interconexión con la cuenca del Mississippi y la infrastructura de transporte en Estados Unidos. Y no sólo se trata del control de la infraestructura estratégica, sino también de los recursos naturales.

La península de Yucatán es una de las regiones con mayor cobertura forestal, territorios planos aparentemente aptos para la gran extensión agrícola y el acuífero más vasto del país. Todo este movimiento está ocurriendo en un contexto de grave deterioro ético, climático, ambiental y cultural. Hasta cierto punto, las FA internacionales parecieran anticiparse a las revueltas sociales resultantes por la escasez artificial e inducida de alimentos y agua que se avecina.

El TM alimenta la dinámica de sobreproducción global. Estados Unidos prevé un contexto de deterioro de la producción de alimentos por desgaste, cambio climático y un mercado volátil que desperdicia el 40% de lo producido. Sólo que ahora la sobreproducción consumiría también la fuerza de trabajo, el territorio y los recursos naturales de la península e istmo. Así, el TM evidencia sus prioridades en el abaratamiento de las tierras de ejidatarios y en el uso del gasto público durante la pandemia. Con las 10 compras más costosas del TM en 2020 (66 mil millones de pesos) se podría haber aumentado el sueldo anual de enfermeras, médicos y pasantes en 121 mil pesos u otorgar 48 millones de pesos a cada hospital federal para atender pacientes. Las prioridades no podían ser más claras: destinar recursos a actividades “más productivas” para el capital.

El TM usa a las comunidades como recurso discursivo fabricando “voceros” de las comunidades como estrategia de comunicación, aunque nunca consultaron a todas las comunidades de la península y el istmo —como exigiría la extensión verdadera del proyecto—, sino que sólo citaron a autoridades municipales y ejidales ya “consensadas”. Nunca se preguntó si la forma “pública” del tren es cultural y ecológicamente pertinente para el desarrollo de sus territorios y acorde a la permanencia de las futuras generaciones. El TM sólo profundizará la violencia social y económica en la región, y la entrada de las FA es más bien un reconocimiento tácito de que la situación está fuera de control.

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