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EN LA COLOMBIA QUE LUCHA

ERIKA LOZANO

EL PUEBLO NASA BUSCA Y HACE JUSTICIA

Días después del asesinato de la gobernadora del resguardo indígena La Laguna Siberia, Sandra Liliana Peña Chocué, integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en Colombia sufrieron un ataque de grupos armados mientras realizaban labores de control contra cultivos de uso ilícito en su territorio, con un saldo de 32 indígenas heridos. Esta acción para eliminar plantíos de coca denominada la minga “Hacia Adentro” fue impulsada el 22 de abril para conmemorar a la gobernadora Peña.

Apelando a sus usos y costumbres y con base en la jurisdicción indígena, el 30 de abril los miembros del CRIC identificaron, detuvieron y juzgaron a los autores intelectuales y materiales del asesinato de la gobernadora Peña Chocué. Los detenidos son Pedro Nel Correa y Farid Chamorro, ambos sentenciados a 60 años de cárcel tras realizar una audiencia pública donde las autoridades comunitarias incautaron y destruyeron sus armas. Nel Correa y Chamorro fueron enviados a una cárcel de alta seguridad en San Isidro de Popayán. “No vamos a permitir que sigan matando a nuestras autoridades, y como pueblo nasa seguiremos haciendo los ejercicios en el marco de nuestra jurisdicción”, expresó Leider Quilcué, integrante de la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa durante la asamblea.

Más de 900 líderes sociales fueron asesinados en Colombia desde la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016, cuando el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se comprometieron a terminar con un conflicto armado de más de 50 años, en el que miles de personas fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas, víctimas de masacres y de desplazamiento forzado. En lo que va del 2021, 51 defensores de derechos humanos y del territorio han sido asesinados, de acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEO).

En este contexto, y aún en medio del pico de casos por Covid-19, miles de personas llamaron a un paro nacional en Colombia el 28 de abril y se movilizaron contra la reforma tributaria impulsada por el actual presidente Iván Duque. Fue tal el tamaño de las acciones, seguidas de una fuerte represión, que el 2 de mayo el gobierno tuvo que dar marcha atrás. Simultáneamente, la protesta continuó por los asesinatos de líderes sociales en el país. La ciudadanía colombiana se encontró entonces con movimientos campesinos y sindicales, mujeres y decenas de miles de jóvenes que reprocharon al actual gobierno por no escuchar sus demandas, por incumplir con los Acuerdos de Paz y por la crisis económica en la que tiene sumido al pueblo.

Durante el primer día del paro nacional, integrantes del pueblo masik derribaron la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar en Cali, como protesta por el “genocidio de indígenas que comenzaron los colonizadores y que no ha terminado”, expuso Martha Peralta, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). La respuesta de las autoridades fue sacar al ejército y la policía a las calles, así como decretar toque de queda y reprimir a los manifestantes.

Tras los recientes ataques en territorio indígena, Ermes Pete Vivas, Consejero Mayor del CRIC e integrante del pueblo nasa, señaló que las mingas son un ejercicio propio, natural y autónomo de las comunidades que siempre se ha realizado, pero que las agresiones a líderes se han agudizado en una región en la que comunidades indígenas resguardan el territorio de monocultivos, fuerzas paramilitares y exguerrilleros.

Las autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca se unieron a la lucha para frenar la reforma tributaria propuesta por el presidente Duque, la cual calificaron como “una medida hostil contra el pueblo colombiano”. Aseguraron que el gobierno pretende recaudar 23 billones de pesos a costa del incremento de impuestos y condenar aún más a la pobreza a millones de familias que, tras un año de pandemia, intentan sobrevivir. Denunciaron también que durante este año de emergencia sanitaria el gobierno colombiano se ha dedicado a seguir financiando la guerra contra sus pueblos.

“Las comunidades nativas están en riesgo permanente por temas de desarmonía territorial que generan los grupos armados”, denunció el CRIC después de que la madrugada del viernes 23 de abril, cerca del campamento de la Minga “Hacia Adentro”, se escucharon tiros con armas de fuego. El CRIC expresó su indignación ante la constante “violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, y denunció que “las comunidades indígenas son víctimas de la desprotección del Estado”, ya que no hay una respuesta que garantice la vida y la paz en sus territorios. También responsabilizó al gobierno de Iván Duque por incumplir los Acuerdos de Paz y convertir a los territorios indígenas en “campos de batalla”, donde los únicos muertos son los suyos.

Organizaciones de derechos humanos se pronunciaron contra la violencia en el Cauca. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de la gobernadora Sandra Liliana Peña, así como las agresiones a integrantes del Consejo. Indepaz señaló en un comunicado que “ante la incapacidad del gobierno de ofrecer soluciones al problema de los cultivos de uso ilícito y a la presencia de grupos armados al servicio del narcotráfico en sus territorios, las autoridades indígenas implementaron nuevas iniciativas para erradicar la coca sembrada en el resguardo”. La organización explicó que cientos de comuneros fueron recibidos con disparos por quienes promueven estos cultivos, y aun así erradicaron los sembradíos.

“El camino a seguir es el de la resistencia y la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos originarios”, declararon las autoridades del CRIC y advirtieron que se seguirán manifestando contra las “políticas de exterminio” del gobierno. También hicieron un llamado a las comunidades indígenas de Colombia a fortalecer la lucha en defensa de la vida, de sus territorios y de los derechos de los colombianos.

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