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SIGUE EL JUICIO DE LOS ASESINOS DE BERTA CÁCERES

CAMILA PIZAÑA ARÉCHIGA

CAMILA PIZAÑA ARÉCHIGA

El juicio contra el empresario David Castillo,

que formó parte de la inteligencia

militar hondureña, inició el 6 de abril de

2021. Después de cinco años representa

“un momento determinante en el proceso

de búsqueda de verdad y justicia”, afirma

Bertha Zúñiga Cáceres

El juicio contra David Castillo por el asesinato de la defensora lenca Berta Cáceres es apenas el inicio del proceso de justicia que persiguen el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y su familia, advirtió Bertha Zúñiga, hija de la lideresa indígena y actual directora de la organización.

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en La Esperanza, su comunidad natal de Honduras. Desde entonces, sus compañeras y compañeros han emprendido un proceso de búsqueda por la justicia que, hasta hoy, está lejos de completarse. Desde hace años las personas que luchaban con Berta han señalado que el asesinato de la lideresa ambiental fue una ejecución extrajudicial para reprimir la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, a cargo de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA). Entre los hombres arrestados por el crimen se encuentra el ex presidente de DESA y titular del proyecto hidroeléctrico, Roberto David Castillo Mejía, acusado de ser coautor del asesinato.

“David Castillo fue pieza clave, fungiendo como enlace entre la estructura sicarial operativa/ ejecutiva y la estructura directiva/política de la empresa DESA que consintió el asesinato”, asegura en entrevista Bertha Zúñiga Cáceres. El juicio contra el empresario que formó parte de la inteligencia militar hondureña inició el 6 de abril de 2021, “después de cinco años de estar en esta batalla”, y representa “un momento determinante en el proceso de búsqueda de verdad y justicia”, afirma Zúñiga Cáceres.

“David Castillo es culpable, las pruebas que se presentarán en el juicio son contundentes y demostrarán su participación en la planificación del crimen y la responsabilidad de otros autores que no están siendo juzgados y continúan en la impunidad”, aseguró la actual directora de la organización hondureña.

El juicio ha tenido diversos obstáculos e interrupciones debido a los múltiples amparos presentados por la defensa de Castillo Mejía, todo lo cual forma parte de las acciones dilatorias que buscan la evasión de la justicia, ha declarado la parte acusatoria del proceso. “Con toda impunidad, esta estrategia de un litigio malicioso dilata las investigaciones y los procesos judiciales de los autores intelectuales del asesinato”, acusa Zúñiga Cáceres a nombre del Copinh, organización que ha denunciado la demora del proceso de justicia y su exposición a acciones extrajudiciales que intentan cancelarlo.

Además de las estrategias dilatorias de la defensa, la lucha por la justicia para Berta Cáceres ha enfrentado otros obstáculos ante la Suprema Corte de Justicia de Honduras, entre los que destaca la acusación del Copinh al Tribunal de violentar los derechos legítimos a las víctimas en el proceso al negarle la participación presencial en el juicio a Laura Zúñiga Cáceres, otra de las hijas de la defensora asesinada. El Tribunal tampoco permitió el acompañamiento presencial de observadores de derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDHH) y la Misión de Observación Calificada.

A pesar del desgaste político y las trabas maliciosas, la hermana de Laura y directora del Copinh afirma que muchas comunidades indígenas y campesinas, así como organizaciones populares, de mujeres y de derechos humanos, están al pendiente del juicio, brindan acompañamiento con las debidas restricciones y “tienen mucha claridad respecto a que en el proceso no se está juzgando a las personas que tienen responsabilidad en el hecho”.

Para el Copinh este juicio es apenas el inicio de la justicia por Berta Cáceres, ya que faltan los autores intelectuales, quienes generaron junto con Castillo Mejía un patrón de persecución permanente contra la organización y contra Berta como mujer, como luchadora social y como líder de la resistencia territorial. Para completar un proceso de justicia integral falta, entonces, el reconocimiento y debida responsabilización de todas las personas que participaron en el crimen y el enjuiciamiento de los autores intelectuales, miembros de la familia Atala Zablah, dueños de la empresa DESA y los jefes de Castillo Mejía, advierte la entrevistada vía telefónica.

Durante la audiencia, Salvador Zúñiga, el único hijo varón de Cáceres, insistió en que el asesinato de su madre “tuvo su origen en el año 2010, cuando se otorgó la concesión del río Gualcarque a la empresa DESA, una empresa que fue empleada como instrumento para cometer actos de corrupción y atacar al pueblo lenca, que actualmente está siendo investigada por delitos de corrupción bajo el denominado caso Fraude sobre el Gualcarque, y en el cual Roberto David Castillo está siendo procesado”.

De ahí que uno de los pilares sobre los que descansa la reparación de daños es la cancelación de la concesión sobre el Río Gualcarque otorgada por 50 años, que representa “un peligro latente para la comunidad que hoy defiende la tierra que está junto al río y que violentó el derecho a la consulta previa, libre e informada”, aclara Bertha Zúniga. Por eso, insiste, frenar la concesión sería un acto de justicia por el que Berta Cáceres luchó en vida y por el que, después de su muerte, se sigue luchando diariamente.

Además de la exigencia de justicia integral para la líder indígena, otro pilar sobre el que descansa la reparación de daños es la desmilitarización del territorio lenca y la reivindicación del derecho a la consulta que hasta el momento “sigue siendo violentado”, debido a su incumplimiento por parte del Estado hondureño.

Finalmente, al margen de las limitaciones del sistema judicial, Bertha Zúñiga hace un llamado a los pueblos a construir una justicia propia con la defensa de los territorios, a fomentar su autonomía, a hacer que se respeten sus decisiones y, en el caso de Honduras, a contribuir a la democratización del país que está en “condiciones deplorables” en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales de la población. Todo esto representaría “el mayor acto de justicia y homenaje que se puede hacer a la compañera Berta Cáceres”.

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