OCHENTA MESES SIN APARECER LOS 43 DE AYOTZINAPA

A 80 meses de la desaparición de sus hijos y ante la falta de respuestas del gobierno federal, decidieron volver a la búsqueda pueblo por pueblo, casa por casa. Harán el trabajo que, dicen, no está haciendo la Fiscalía General de la República. Son seis años y ocho meses y, lamenta Blanca Nava Vélez, madre de Jorge Álvarez Nava, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, “todavía no sabemos qué pasó con nuestros hijos, qué les hicieron, a dónde se los llevaron”.

En mayo decidieron una nueva estrategia y organizaron brigadas de búsqueda en Chilpancingo, Iguala, Huitzuco, Cocula y Carrizalillo, localidades de Guerrero implicadas en la desaparición de sus hijos. En estos lugares tocaron puertas, entregaron volantes de mano en mano, pegaron carteles en los postes, entraron a las iglesias, hablaron con la gente en las calles y mercados solicitándole pistas, cualquier indicio que los lleve al paradero de sus hijos. Blanca Nava cuenta que la gente los escuchó con respeto y les pidió que no perdieran la fe, pero otras personas les dijeron que los dejen de buscar, que sus hijos ya están muertos.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, relata que en Iguala, lugar en el que sus hijos fueron vistos por última vez la noche del 26 de septiembre de 2014, los recibió un grupo de profesores con el que recorrieron varias colonias. Ahí, dice, se le acercó la hija de un desaparecido desde hace tres años que, le confesó, “ya lo dejó en manos de Dios”. Cristina le respondió que ella no se conforma, que una madre tiene que saber de su hijo y que aunque contempla la posibilidad de que ya no esté vivo, “quisiéramos saber a dónde acabaron, pues mientras no sepamos eso vamos a seguir buscando”.

No en todos lados los recibieron “de buena manera”, dice Cristina Bautista. “En Huitzuco terminamos más rápido, y ahí igual algunos nos reciben, otros no, otros se paran, escuchan, otros no”. En todo momento estuvieron acompañados de integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, “y eso también nos da fuerza, pues volantearon con nosotros”.

Bautista recuerda que el gobierno federal anterior les cerró el paso y hasta gases lacrimógenos les arrojó. Este gobierno, dice, “nos abrió las puertas, pero tampoco hay resultados”, y por eso la decisión de realizar estas actividades contempladas desde antes de la pandemia.

El pasado 26 de mayo, como cada mes, las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa volvieron a salir a las calles, donde reclamaron también la reciente represión ejercida en contra de los y las normalistas de Teteles, Puebla, y Mactumactzá, Chiapas. En el mitin central en el Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, fue tajante: “No hay diferencia del gobierno anterior al gobierno actual y eso es desesperante para nosotros”. Y añadió: “El gobierno federal dijo que habría un cambio y nos abrieron las puertas, ahora hay hasta un fiscal especial para la investigación. Nos dieron esperanza cuando nombraron todo eso, ¿pero de qué sirve? Tienen detenidos y no dicen nada. Queremos que digan la verdad”.

El reclamo de Navarrete, en nombre de todos los padres y madres, fue claro y directo: “Hasta el día de hoy el gobierno no ha puesto una respuesta en la mesa. ¿Cuándo vamos a tener una investigación que dé esperanzas como las que dio el presidente cuando fue electo? Lo vemos difícil. Por eso estamos en la tarea de realizar actividades de búsqueda y recorrer lugares donde el gobierno menciona que participaron elementos de Cocula, de Iguala, del 27 Batallón, de los federales”.

Y siguieron las preguntas: “¿Qué está haciendo el actual fiscal con los elementos de seguridad involucrados en la desaparición de nuestros hijos? ¿Por qué se le dificulta al gobierno llegar a la verdad?”. Ante la falta de respuestas, explica Emiliano, ahora están recorriendo comunidades de Guerrero recabando información “para dársela al fiscal, por si él no puede”. Al mismo tiempo, apelan a que “si algún ciudadano o ciudadana sabe algo del paradero de nuestros hijos nos pueda decir”.

Para Blanca Nava es claro: “Fue el ejército, fue el gobierno, fueron los militares, los policías. Ellos saben qué pasó con nuestros hijos o a dónde los fueron a dejar, por eso nos dimos a la tarea de buscar información”. Teteles y Mactumactzá, la represión contra las normales. La Normal Rural Carmen Serdán, ubicada en Teteles, Puebla, es una de las 17 normales rurales que ha resistido la embestida de los gobiernos en turno. La otra es la de Mactumactzá, Chiapas, cuyos alumnos y alumnas han sido duramente castigados por el gobierno de Chiapas, por el solo hecho de exigir exámenes de admisión presenciales para una población mayoritariamente indígena que no cuenta con computadoras ni señal de internet.

Acabar con las normales rurales es el trasfondo de la represión, asegura Armando desde Mactumactzá, en entrevista telefónica. “Queremos que cese la represión, nosotros peleamos por algo justo”, dice, luego de que padres y madres de los normalistas detenidos el 18 de mayo fueron reprimidos con gases lacrimógenos cuando realizaban una actividad cerca de las instalaciones de la escuela.

Los normalistas exigieron la libertad de 17 estudiantes y dos desplazados de Chenalhó que estaban presos en el penal de El Amate, así como de las 74 mujeres normalistas que fueron liberadas pero están siendo juzgadas fuera de la cárcel. Finalmente, debido a la presión en época electoral, los 19 detenidos fueron liberados el 2 de junio, cuando un juez retiró la prisión preventiva como medida cautelar y les impuso una firma periódica, así como las restricción de activismo en espacios públicos. Es decir, al igual que el resto, continuarán un proceso jurídico.

Históricamente, afirma en un artículo reciente Abel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, “las normales rurales son las instituciones que mayores ataques han sufrido, con la perversa intención de cerrarlas y desaparecerlas. Por tratarse de actores incómodos de extracción indígena, se les criminaliza y se les da un trato de delincuentes”.