PUEBLO RARÁMURI DESPOJADO ES ACUSADO DE “DESPOJO” / 290

Autoridades de Mogótavo, Chihuahua, comunidad rarámuri que defiende desde los años ochenta su territorio contra proyectos turísticos, enfrentan ahora una denuncia por “despojo agravado”. Además, afirma un grupo de representantes que estuvieron en la Ciudad de México para dar seguimiento a un amparo para no ser procesados, hay amenazas en contra de la población por parte de los inversionistas coludidos con el gobierno del estado y el gobierno federal.

Luis González Rivas, gobernador tradicional rarámuri, explica que los dueños del hotel que se encuentra en el Divisadero de Barrancas del Cobre “los quieren sacar de ahí”, y que los integrantes de la comunidad vinieron a la Ciudad de México para demostrar ante instancias federales que el territorio les pertenece. Los inversionistas “andan diciendo que la tierra es suya, pues como nosotros vivimos separados creen que no vivimos ahí, pero cuando hay una reunión en la comunidad nos juntamos todos en el mismo lugar”, señala.

La comunidad acordó enviar una comisión a la Ciudad de México, pues existe una denuncia contra las autoridades tradicionales por despojo agravado por parte de uno de los inversionistas involucrados en la compra de terrenos a los falsos dueños, advierte en entrevista su asesor jurídico, Horacio Laguna Cerda. Recientemente, indica, les llegó un citatorio de una juez de Cuauhtémoc, motivo por el que las autoridades tradicionales interpusieron un amparo para no ser detenidas: “El delito no tiene fundamento, no tienen derecho a despojar al pueblo, se puede comprobar que la comunidad está ahí desde tiempo inmemorial”.

El conflicto

Cuando en los años 80 la comunidad de Mogótavo quiso conformar un ejido, la solicitud fue negada por las autoridades. Fue así que se dieron cuenta de que la Secretaría de Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), adjudicó gran parte de su territorio a integrantes de la familia Sandoval, quienes hoy se dicen dueños de mil 500 hectáreas del territorio, señala el abogado Laguna Cerda.

El gobierno federal, en coordinación con el gobierno del estado, desarrolló un proyecto turístico de alto nivel en el Divisadero Barrancas del Cobre, con un teleférico, una tirolesa, zona de diversiones, un centro de artesanías, para lo que creó el Fideicomiso Barrancas del Cobre. El abogado de los rarámuri explica que integrantes de la familia Sandoval, quienes figuran como propietarias de las tierras, han vendido más de 150 hectáreas al gobierno y a inversionistas particulares para la realización de este proyecto, por lo que, asegura, recibieron 2 millones 250 mil dólares.

La comunidad se enfrenta a “inversionistas con mucha influencia”, pues son empresarios fuertes del estado, denuncia el abogado, y agrega que instituciones como la Sedatu “callan y se apegan a que no se les moleste a los compradores y al gobierno”.

En el 2009, un grupo de particulares, junto con el comisariado ejidal de San Luis de Majimachi, municipio de Bocoyna, intentó reubicar a 19 familias de la comunidad de Mogótavo y de esta forma se enteraron de que un grupo de personas compró parte de su territorio a la familia Sandoval. En el 2011, la comunidad inició un juicio de controversia territorial ante el Tribunal Unitario Agrario del distrito cinco de Chihuahua, por el reconocimiento de su territorio y por la nulidad de los contratos de compraventa. El juicio se prolongó durante varios años, hasta que en el 2018 el Tribunal falló a favor de los inversionistas y en contra de la comunidad, señalan organizaciones que la acompañan en su proceso de defensa del territorio. Tras el fallo, la comunidad interpuso un recurso de revisión que se resolvió en el 2020, donde confirmaron la anterior sentencia y, una vez más, no fue notificada.

Mogótavo es un lugar estratégico para el turismo, “por eso el gobierno y los inversionistas quieren tenerlo en sus manos”, advierte en la entrevista colectiva Miguel Parra, vocero de la comunidad, y añade que aunque gobierno y empresarios tengan papeles, no tienen la posesión, pues los también conocidos como tarahumaras “están ahí desde antes y deben respetarse sus derechos como pueblo”.

Parra señala que las personas que se dicen dueñas de ese territorio no conocen el lugar ni los nombres de todas las rancherías. “Nosotros designamos los nombres de las plantas medicinales, los lugares, los animales; hay leyendas e historias de cómo era el lugar antes de la llegada de las personas que nos despojan. Mucha gente que viene de afuera ha exterminado buena parte de la naturaleza y ahora quieren desterrarnos”, denuncia.

“Mi abuelo vivía como a dos kilómetros del Divisadero, él se murió de 105 años, y ahora la gente del hotel dice que cuando llegaron no había nadie. Los ancestros tenían muchos años ahí y los terrenos eran de los tarahumaras, pero como no sabían leer ni escribir, los inversionistas dijeron: ‘pues aquí hacemos algunos hoteles y les decimos que a lo mejor los vamos a tratar bien’, pero no fue así y ahora nos quieren sacar”, denuncia González Rivas, gobernador tradicional.

Por su parte, el vocero de la comunidad explica que como rarámuris siempre han sido pacíficos y se han alzado con la voz. Cuando llegaron las colonias, su estrategia de lucha fue remontarse a las partes altas de la sierra. “Muchos de los que se quedaron en las planicies fueron exterminados y otros pueblos hermanos fueron desaparecidos. Ahora, no conformes con eso, nos quieren desaparecer a nosotros”, lamenta Parra.

“En la región hay otras comunidades que están luchando porque les afecta cada vez que alguien externo quiere imponer proyectos en sus tierras sin decirles nada. Parece que son invisibles. Así ha sido con nosotros”, señala el vocero. Para el asesor jurídico, si el gobierno actual reconoce el territorio indígena, “sentará un precedente importante para todos los pueblos”. Laguna Cerda advierte que aunque no están atemorizados, les preocupa que lleguen con la fuerza pública y los saquen de su territorio.

San Miguel Cruz Moreno, quien anteriormente fue autoridad tradicional de Mogótavo, confirma que vinieron a la Ciudad de México porque quieren arreglar los papeles de su territorio y dice: “Nada más porque los inversionistas tienen dinero les gusta aprovecharse de los indígenas, como hemos estudiado poco, pero aquí seguimos y vamos a seguir”.

“Nosotros somos como la raíz de los pinos, no podemos movernos porque ahí es donde nacieron nuestros antepasados, nuestros padres, abuelos, abuelas, bisabuelos, todas las generaciones. No nos podrán mover porque somos como las piedras grandes. Seguiremos luchando por el patrimonio de nuestros hijos y lo defenderemos con el corazón, que es nuestro ser”, afirma Modesto Cruz Batista, otro integrante de la comunidad y miembro de la comitiva en esta ciudad.