NEOPORFIRISMO Y CORREDOR INTEROCÉANICO

Hace un poco más de cien años, el gobierno del general Porfirio Díaz, contando con el apoyo financiero del empresario inglés Weetman Dickinson Pearson, concretó el ambicioso proyecto de establecer un corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. En 1907 se concluyeron los trabajos de construcción del ferrocarril Transístmico, de la refinería de Minatitlán y de la modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Además, en nombre del progreso, este megaproyecto contempló el reordenamiento territorial de la región istmeña, con lo cual dio inicio a un proceso acelerado de especulación y despojo de alrededor de dos millones de hectáreas, de territorios históricos de los pueblos indígenas mixe, popoluca, zoque y nahua. Con la entrada de operación del Canal de Panamá en 1914, el Corredor del Istmo mexicano perdió importancia para la circulación de mercancías del mercado global y muchas de las tierras fueron recuperadas por las comunidades.

Sin embargo, en los últimos sesenta años, las diferentes administraciones federales han impulsado proyectos de desarrollo para esta región, como el Plan Alfa-Omega, el Plan Puebla-Panamá, el Plan de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec y las Zonas Económicas Especializadas. La intervención gubernamental le dio al Istmo el perfil de región proveedora de energía; la zona veracruzana, más orientada al procesamiento de hidrocarburos, y el istmo oaxaqueño a la generación de electricidad, obtenida por los 28 parques eólicos que se encuentran actualmente en operación. Las afectaciones para los pueblos de la región superaron por mucho los escasos beneficios que trajo este proceso de industrialización.

Una característica común de estos proyectos de desarrollo es que fueron definidos desde afuera de la región, sin tomar en cuenta las necesidades, propuestas y los valores culturales de la población regional, lo que ha dejado una secuela de despojos, contaminación y afectación al tejido social, beneficiando a principalmente a las empresas transnacionales y a políticos nacionales.

Desde hace quince años, el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ya había mostrado un marcado interés por la modernización del corredor interoceánico del Istmo, por eso no debe resultar extraño que fuera uno de los proyectos estratégicos de su gobierno y que en su primera visita a la región, siendo ya presidente de la República, el 23 de diciembre de 2018, anunciara la realización del Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, generando con ello grandes expectativas entre la población regional.

Sin embargo, en la implementación de este megaproyecto se han repetido muchas de las cuestionadas prácticas de los gobiernos anteriores. A fines de marzo del 2019, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, realizó una “consulta” donde se violentaron los principios del consentimiento previo, libre e informado; el diseño del Plan Maestro lo realizó la empresa de Singapur: Surbana Jurong, plan que no retoma las necesidades y propuestas de las comunidades indígenas de la región; entre las empresas contratadas para la realización de los trabajos de modernización del ferrocarril, se encuentran algunas con un pésimo historial, como La Peninsular, propiedad de los Hank Rhon; la manifestación de impacto ambiental aprobada por la Semarnat adolece de graves fallas y la contratación de los trabajadores ha sido mediada por organismos sindicales que mantienen prácticas gangsteriles como el sindicato ferrocarrilero de Víctor Flores.

Un aspecto preocupante es el modo en que se ha ocultado la información a las comunidades y ejidos. La empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec ha venido escamoteando la información sobre las modificaciones del trazo y los daños que se ocasionarán por la corrección de curvas. También al país se le oculta que las inversiones privadas aplicadas al Corredor Interoceánico incluyen al capital transnacional, pues se ha filtrado que la construcción y la operación del gasoducto Minatitlán-Salina Cruz, estaría a cargo de las empresas norteamericanas Mirage Energy y Northen Hemisphere Logistics. Ello a contrapelo de las declaraciones presidenciales en el sentido de no permitir la presencia de capital extranjero para no comprometer la soberanía nacional.

Esas prácticas agravadas por el despojo de tierras comunales como ya viene ocurriendo en la comunidad de Tagolaba, en Tehuantepec; la realización de asambleas “amañadas” para autorizar la cesión de tierras para la creación de parques industriales en Mixtequilla, San Blas Atempa o en Rincón Vaquero, o el ingreso por parte de los trabajadores de las empresas a los terrenos ejidales sin contar con el permiso de las asambleas mixes del municipio de Guichicovi, han provocado el malestar y el legítimo reclamo de las comunidades afectadas.

Ante esta situación, han surgido en diferentes comunidades istmeñas focos de resistencia a la imposición del Corredor Interoceánico. La oposición tiene diferentes caras y reclamos, algunas voces se ha levantado para oponerse a la ejecución de las obras; otras reclaman sean atendidas sus prioridades como son la educación, el agua o la atención médica; otras voces aceptan al proyecto, pero en condición de socios y otras sólo solicitan se incrementen los montos a pagar por sus tierras.

El gobierno federal debería rectificar el sentido de su proyecto y no olvidar que en los pueblos del Istmo se mantienen vivas la tradición de resistencia y el amor por sus tierras y costumbres. A lo lejos aún se miran cabalgar los fantasmas de El Santanón, aquel bandido magonista que enfrentó al porfiriato, y del líder juchiteco Che Gorio Melendre, defensor de los bienes comunales de Juchitán, quienes lucharon en su tiempo contra los atropellos y despojos. Que no se olvide.