OSTULA APELA A LA SCJN LA ÚLTIMA PUERTA PARA REGULARIZAR SUS TIERRAS / 291

*RODEADOS POR LA VIOLENCIA, NAHUAS DE MICHOACÁN REACTIVAN LA LUCHA JURÍDICA POR SUS TIERRAS COMUNALES CONTRA SUPUESTOS PEQUEÑOS PROPIETARIOS

*“MANTENDREMOS FIRMES NUESTRA SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA GUARDIA COMUNAL”, ADVIERTEN

Hace doce años los recibieron a balazos en el entonces predio conocido como La Canahuancera, en el territorio comunal de Santa María Ostula, frente a la costa michoacana. Pero los nahuas llegaron preparados para la recuperación de más de mil hectáreas que durante cuarenta años estuvieron invadidas por supuestos pequeños propietarios provenientes de la comunidad de La Placita, y resistieron el ataque hasta plantarse de nuevo en estas tierras disputadas durante años por narcotraficantes, empresas mineras, inversionistas inmobiliarios y los supuestos pequeños propietarios. Sólo que pertenecen a los nahuas. Y Xayakalan fue su nombre a partir de ese momento.

Mucha sangre ha corrido desde entonces. No ha sido fácil conservar estas tierras protegidas por la propiedad agraria, y por eso el 21 de junio pasado decidieron la reactivación de la lucha jurídica solicitando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “atraiga y resuelva el dilatado juicio agrario en el que se dirime el lindero de nuestras tierras comunales con supuestos pequeños propietarios de La Placita”.

Los comuneros saben que la máxima instancia de aplicación de justicia en México “es la última puerta” que pueden tocar para que “las instituciones mexicanas reconozcan en los títulos de propiedad lo que hemos hecho desde hace cientos de años: trabajar la tierra comunalmente”. Y esperan que su petición “sea recibida, analizada, revisada y en su caso cotejada con el amplio expediente que un tribunal agrario fue construyendo a través de mentiras, corrupciones y de apoyos a los supuestos pequeños propietarios que disputan las tierras” recuperadas por la vía de los hechos.

El fondo del despojo, aseguran los comuneros en un comunicado, y el motivo por el que pretenden tratar la superficie en conflicto como si fueran pequeñas propiedades, “es para que sirvan a los intereses capitalistas de grupos delictivos y empresariales, que sometieron durante años a nuestra madre tierra para verla como una fuente de minerales, destruyendo las montañas y contaminando los ríos. La ven como maderas preciosas que se venden, con la ayuda desvergonzada del gobierno, a los mercados orientales, pasando por los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. La ven, por su colindancia con el océano Pacífico, como un espacio propicio para el trasiego de armas y drogas”.

El gobierno federal, aseguran, “ha faltado gravemente a su responsabilidad constitucional de brindarnos, como pueblo originario, instrumentos legales que nos permitan defender lo que es nuestro y que fue reconocido en la resolución presidencial del 27 de abril de 1964”, misma que delimita el territorio en la colindancia con el océano Pacífico hasta la mojonera Las Majahuas, así como en los puntos inamovibles de los cerros de Mancira, La Lagunita, San Franciscote y Tepataxte, cuya localización no ha sido reconocida en el juicio por límites del expediente 78/2004 del Tribunal Unitario Agrario del distrito 38 con sede en la ciudad de Colima.

La recuperación

Las más de mil hectáreas en disputa forman parte de las 28 mil hectáreas de tierras que pertenecen a la comunidad indígena de Ostula. La comunidad fue reconocida en su personalidad y en sus propiedades ancestrales a través de la resolución presidencial sobre confirmación y titulación de bienes comunales el 27 de abril de 1964. Posteriormente se dieron una serie de irregularidades en la ejecución de la resolución y paulatinamente un grupo de supuestos pequeños propietarios mestizos de la comunidad vecina de La Placita empezó a invadir el lugar.

En mayo de 1997 recomenzaron la lucha legal por la restitución y empezaron negociaciones infructuosas con los invasores. Pero fue hasta abril del 2008 cuando la comunidad se volvió a reunir y se tomó la decisión de tomar la tierra y construir nuevas casas. “Y luego ya se tomó el acuerdo para que en junio de este año (2009) haríamos la acción. Lo hicimos y tomamos la tierra. Éramos como 300 comuneros los que logramos entrar al terreno el día 29. Nos recibieron a balazos, hirieron a un compañero y nuestra policía hizo la autodefensa. El martes 30 nos reorganizamos y entramos todos los que faltaban. Éramos como 2 mil. Ya en el terreno nos dimos más valor. Ya no nos saca nadie”, dijo a esta reportera durante los días de la recuperación don Trinidad de la Cruz Crisóforo, mejor conocido como don Trino o el Trompas, encargado de la guardia comunitaria, quien tres años después fue asesinado. En los días aciagos de junio de 2009 recorrimos la Sierra Madre del Sur con otro comunero, Teódulo Santos Girón, quien no paraba de hablar del momento de la recuperación: “Nuestro movimiento es legal, pacífico, civil y constitucional y se planeó para hacer respetar nuestros derechos y nuestra autonomía. Las leyes nos respaldan. El artículo segundo constitucional dice que tenemos derecho a ejercer nuestra autonomía y nuestras costumbres”, dijo en aquella ocasión quien, al igual que don Trino, sería asesinado en 2012. Y como ellos otros 39 comuneros, entre ellos dos menores de edad, han sido asesinados o desaparecidos en Ostula por la defensa del territorio.

Doce años después

En el doceavo aniversario de su lucha, la comunidad de Santa María Ostula, pese a todo, festeja. Y reitera su convicción: “Decimos claro que no daremos un paso atrás en la protección y defensa del territorio. Nuestros muertos y desaparecidos son la convicción más grande que tenemos para no permitir que nos arrebaten un centímetro cuadrado más, pues entre mayor sea el ataque a nuestra madre tierra, mayor será nuestra organización y respuesta”.

Las familias nahuas seguirán cuidando los recursos naturales de su territorio, reforestando el bosque, cuidando el mar, sembrando y haciendo sus fiestas tradicionales, pero, advierten, “también mantendremos firmes nuestra seguridad a través de la Guardia Comunal”. Y convocan a una campaña de solidaridad para “evitar que se cometa una nueva injusticia, ya que sería el inicio de una nueva escalada violenta, cuyas consecuencias pueden ser peores que la estela de sangre que hemos vivido estos doce años”.