SI HAY SILENCIO ES DEL ESTADO, DESDE LOS PUEBLOS EL GRITO ES INTERMINABLE

Se cumplen diez años del arranque público del proceso del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), de fines de 2011 a su culminación en 2014, con una memorable sesión en el Centro Universitario Cultural (CUC) en Copilco, en la ciudad de México.

Hoy pareciera haber nostalgias borrosas por una especie de tribunal así, de parte de gente ligada a la clase política, hasta con sesiones en el Zócalo.

Durante el TPP la clase política no quiso ni asomarse ni se interesó mayormente por todo el nudo de procesos locales, regionales y nacionales desatados, ya no digamos por sus sesiones más públicas como la inaugural en el antiguo auditorio de la facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria, o a la épica audiencia introductoria en Ciudad Juárez donde se presentaron todos los procesos abiertos, en un ejercicio de integralidad al juzgar lo que se nombró Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos.

Luis Hernández Navarro y Magdiel Sánchez Quiroz ya perfilaron en detalle ese proceso de denuncia, visibilización, reflexión y sistematización de lo que el Estado mexicano ejerce aún de modo estructural, orgánico, abriendo margen de maniobra a las corporaciones mientras cierra las puertas de la ley para la gente empeñada en lograr justicia para sus agravios y sus víctimas. Y el proceso implica siempre, en alguno de sus estadíos, violencia directa, contundente: represión, encarcelamiento, desapariciones, asesinatos. A este actuar sistémico, el Capítulo México del Tribunal, conformado por un grupo promotor y garantes de reconocida autoridad moral, le llamó “desvío de poder” retomando una sentencia de la Corte Interamericana. Y lo propuso como un delito.

Si el Capítulo México comenzó al abrirse conversaciones con Gianni Tognoni, secretario general del TPP, en 2008 en Roma, la posibilidad de que el TPP interviniera en México no habría sido posible sin el trabajo previo de muchísima gente, por abajo, desde el núcleo mismo de poblados y comunidades, desde regiones afectadas, procesos y conflictos vivos por lo menos desde 1968 en torrentes diversos: luchas obreras magisteriales, petroleras, de telefonistas, electricistas, maquiladoras, trabajadoras sexuales, organizaciones de género, migrantes, cafetaleras, campesinas e indígenas. Luchas contra el acaparamiento y contaminación de tierras, aguas y aire; luchas por curar regiones calificadas de “zonas agudas de devastación ambiental”, tras años de investigación local o regional a cargo de pobladores alarmados por la situación provocada por los TLC y sus criterios de desregulación ambiental y precarización laboral, deshabilitación y guerra a la subsistencia, fragmentación y expulsión de multitudes, hostigamientos permanentes por imponer corredores industriales e invernaderos y monocultivos con su cauda de sojuzgamiento y semiesclavitud. Luchas por las semillas nativas y en defensa de vastos territorios.

En el ámbito de los pueblos originarios estas luchas se fermentaron en los riquísimos y fundacionales Diálogos de San Andrés, entre el EZLN y el gobierno, hoy por hoy uno de los procesos de reflexión y decisión colectiva más originales, horizontales, autogestionarios y vastos al haber abarcado diversas y cruciales capas de la sociedad civil rural y urbana. Apenas así, con esto a cuestas, evidenciado, se hizo posible la petitoria para que el TPP interviniera en México.

El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal totalmente independiente, que responde a las peticiones y demandas de gente organizada que en el mundo les presenta evidencias sistematizadas de agravios estructurales, continuados, a partir de luchas representativas en pos de derechos fundamentales, de los pueblos.

Nadie es dueño del tribunal. Y menos si pretende usarlo como resonador de propaganda partidista o gobiernista. Son en cambio todas las personas, colectivos y organizaciones que participaron quienes reivindican su paso por el TPP presentando su caso particular, su reflexión y sistematización colectiva, y hacen del TPP algo crucial en su historia, en su narración, su identidad y su presente siendo parte del TPP. Abrir espacios de diálogo y reflexión libres, desde el nivel más local, o desde el núcleo de luchas con años de vigencia (gremiales, comunitarias, territoriales, ambientales, de identidad y otras muchas) lo torna una plataforma de investigación colectiva por abajo, una fuente de formación de la gente implicada donde se abre la oportunidad de repensar colectivamente el derecho. Cuestionar las leyes como normativa superior a la gente, impugnar la falta de protección que éstas le brindan. Impugnar también la impunidad desatada por el desvío de poder que lacera a la gente y privilegia los intereses económicos de los poderosos en vez de honrar la responsabilidad (la rendición de cuentas) que el derecho debería procurar. No son “daños colaterales de actos individuales” o fortuitos sino de una guerra sistemática contra el pueblo de México en aras de privilegiar a las corporaciones y a entidades criminales de varios tipos.

El TPP es una herramienta para reconstituir comunidades y personas que protagonicen sus luchas y resistencias, sistematicen sus agravios, hagan inteligibles las condiciones y conflictos, los ataques que pesan sobre ellas.

El papel de espejo de los jurados es crucial. Contribuye a que se entienda el agravio, a la claridad y confianza de las personas agraviadas, al ratificar con su sentencia la cordura y la existencia de quienes acudieron a ellos. Eso refuerza la urgencia de transformar su realidad.

El TPP fue un proceso multitudinario, en 25 estados del país, por abajo, respetuoso, promotor de claridad y búsqueda sin sesgos partidistas ni ideológicos en talleres, preaudiencias, foros, audiencias (incluidas una en Nueva York y otra en Seattle) que cubrieron la violencia de género; la migración; el desperdicio de la juventud; la precarización y opresión laboral; la lucha por la subsistencia, el maíz, la autonomía y la defensa territorial; las luchas ambientales; la censura y el hostigamiento y desaparición de comunicadores. Calculamos que la incidencia directa alcanzó a unas 20 mil personas.

Un punto crucial fue la sesión sobre Represión a los Movimientos Sociales, una muestra de cómo el Estado ha exacerbado “su propensión a acallar, golpear, encarcelar, e intimidar a quienes protestan hasta el punto de buscar anular a quienes mejor se organizan para cuestionar el rumbo antidemocrático y antinacional” de éste. Y sigue ya durante por lo menos 54 años.

No podemos, de ningún modo, calificarlos de crímenes del pasado cuando siguen ocurriendo, y tienen una presencia histórica que le da densidad estructural a la aniquilación de las disidencias y los cuestionamientos, que siguen promoviendo paramilitares, sicarios y “fuerzas del orden”.

Este horror sigue vigente. El actual gobierno mantiene el silencio del anterior pese a tener en sus manos todas las sentencias y dictámenes formalizados que entregó a las autoridades el TPP. No basta con alardear un supuesto juicio a expresidentes, cuando las persecuciones, la guerra sucia, la represión y el sojuzgamiento siguen como política del Estado y su gobierno actual.

Para el Tribunal los tratados de libre comercio (como ahora el T-MEC y el TUEM) son “tramados jurídico-políticos de dominación”, verdaderos instrumentos de desvío de poder. Para el Tribunal el Estado mexicano vulnera “los derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, al autogobierno, los derechos de participación y el desarrollo propio de los pueblos originarios”. Ha “incumplido sus obligaciones de persecución del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad”. Se le condena también “por establecer y mantener un marco legal e institucional que permite la violación generalizada de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en los convenios internacionales...”

El Estado dejó de ser garante de la legalidad y su legitimidad está en entredicho, ayer como en este gobierno.