NEOINDIGENISMO DESNUDO. A PROPÓSITO DEL PLAN PARA LA JUSTICIA DE LOS PUEBLOS YAQUIS

Ya los propios yo’eme y quienes los acompañan en su caminar nos harán saber de los alcances del llamado Plan para la Justicia de los Pueblos Yaquis. Por lo pronto y dada su relevancia, cabe interrogarse sobre las implicaciones de lo acontecido el pasado 28 de septiembre en Vícam, Sonora, y entrever la política hacia los pueblos indígenas de la actual administración.

El mes de septiembre y todo el 2021, año de “la Grandeza de México”, declarado oficialmente así, ha sido un tiempo de conmemoraciones y múltiples ceremonias con las que se ha pretendido inaugurar un nuevo tiempo y otro periodo en la historia de nuestro país.

Desde el Estado, con sus atribuciones y prerrogativas, se reescribe la historia oficial y se presenta una apariencia renovada con los pueblos originarios como protagonistas, tal como se pudo constatar en el acto también llamado de “Petición de Perdón por agravios a los Pueblos Originarios”.

Es oportuno examinar este acto político desde la perspectiva de la “etnografía extendida”, lo que Max Gluckman en particular concebía como el “análisis situacional”, un estudio de caso, un evento singular que bajo un enfoque a la vez procesual y estructural deja ver no sólo el contexto sino también las relaciones sociales y el sistema económico y político. Es así que en su estudio clásico sobre la inauguración de un puente en Zululandia, Sudáfrica, al analizar en dicha ceremonia la participación de blancos y zulúes de matriz bantú, Gluckman muestra la tensión y las contradicciones en un Estado colonial que además de pretender la integración social y económica de la población busca controlar la mano de obra de la población nativa.

Semejante a lo examinado por este antropólogo sudafricano entre los bantú, en territorio yaqui es posible aproximarnos (a través de esta ceremonia oficial) a la expresión de los procesos sociales y a la puesta en acto por parte del Estado de un “mecanismo de negociación y mediación” que tiene como trasfondo una larga historia de despojo y resistencia.

En Vícam Pueblo fueron convocadas autoridades de los ocho pueblos que han sido los interlocutores reconocidos por parte del Estado en el proceso de Plan de Justicia.

Estuvieron presentes también, además del presidente, los titulares de varias secretarías y otros organismos de la actual administración, así como el gobernador de Sonora, otros “invitados especiales” y representantes de pueblos indígenas del país. Tanto en voz del ejecutivo como del gobernador del estado y del titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas se ofreció perdón por los crímenes de Estado y la intención de reparar el daño “en la medida de lo posible”; al respecto, el representante del INPI, Adelfo Regino, anunció la restitución de 20 mil hectáreas de tierra y cerca de 3 mil en entrega a título colectivo y la declaratoria de tierras nacionales para asegurar el patrimonio y la integridad territorial. Para garantizar el derecho al agua se declaró la construcción del “Acueducto Yaqui” y la creación del Distrito de Riego No. 18, además de la recuperación del Río Yaqui, la construcción de una universidad, hospitales regionales y unidades médicas y miles de millones de pesos de inversión en obra pública.

En esta “nueva era de paz y justicia”, en palabras del titular del INPI, por parte de las autoridades yaquis y en lengua originaria, se hizo memoria de la resistencia de la yoemia y se declaró que desde la Independencia no se había reconocido a las autoridades tradicionales ni el territorio, y que ahora se completaba el decreto que había quedado a medias con el presidente Lázaro Cárdenas. Un momento que esperaban desde hace tiempo y que significa para ellos un encuentro y la conciliación del pueblo con el gobierno estatal y el gobierno federal. Los presentes declararon “amor con amor se paga”, “no más un México sin nosotros los pueblos indígenas”.

En ese contexto y al unísono con la gente que en la ceremonia expresaba “es un honor estar con Obrador” y de fondo la orquesta mixe, destaca un gesto, uno que devela el montaje de lo acontecido y la faz del indigenismo contemporáneo en estos tiempos volcados a “mostrar y dar a ver”: la entrega al presidente, a nombre del pueblo yaqui, de la Propuesta de Iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano. Cabe preguntarse, rememorando al antropólogo Guillermo Bonfil Batalla y su “teoría de control cultural”, .en qué consistió la participación del pueblo yaqui y demás pueblos indígenas, y cuál ha sido “su capacidad de decisión” y determinación en el proceso de elaboración de tal iniciativa?

Destaca también lo no dicho y aquellos que no se nombran por parte de esas autoridades yaquis y del gobierno estatal y federal, pero que en voz de Cuauhtémoc Cárdenas tuvieron lugar: el asesinato de los defensores del territorio, Luis Urbano y Tomás Rojo, y la indispensable cancelación del Acueducto Independencia. Como era de esperarse, para no alterar el guión de la conmemoración, hasta el otro día Andrés Manuel López Obrador respondería al Ingeniero que no se cancelaría la obra. Tampoco en la ceremonia se hizo mención alguna del hallazgo en esos días de los cuerpos de cinco de los diez yaquis desaparecidos de Loma de Bácum atribuidos a la violencia que asola la región por el crimen organizado; menos aún de la construcción del gasoducto, obra de la empresa IEnova (filial de la transnacional estadunidense Sempra Energy), contra la cual este pueblo yaqui ha luchado en su territorio.

Entre los discursos y las buenas intenciones “la realidad se cuela por todas partes” en el territorio yaqui, en Sonora y en otros estados del país donde se manifiesta el conflicto, la divergencia de intereses y las tensiones. Con políticas compensatorias se pone en negociación el territorio y se asegura así la continuidad de obras heredadas por gobiernos anteriores y la implementación de nuevos megaproyectos que, por más que se busque otorgarles legitimidad y cuotas de participación y beneficios, actualizan los mismos entramados de despojo bajo la regulación del Estado. Mientras tanto, se perpetúa el sistema de concesiones de agua y la vigencia de un marco legal que favorece la apropiación del líquido vital y su uso para el agronegocio y la industria, incluida la minería, que justo en la misma semana del acto conmemorativo se ha anunciado especialmente prometedora en el estado de Sonora por los yacimientos de litio.

Por más declaraciones y actos conmemorativos, está por verse la construcción de un bien común en el marco de un Estado plural, que, como advertía Luis Villoro, debe pasar por un reconocimiento cabal de la diferencia y garantizar la autonomía y soberanía territorial de los pueblos que lo conforman, donde “cada uno tendría el derecho a determinar todo lo referente a sus formas de vida, a su cultura, a sus costumbres, el uso de su territorio”.