EL TRIUNFO DE MEZCALA

Hace 15 años visité por primera vez la comunidad coca de Mezcala, en la ribera del lago de Chapala, Jalisco, y los comuneros ya estaban organizados contra la invasión de más de 10 hectáreas de su territorio ocupadas desde 1999 por el empresario Guillermo Moreno Ibarra, socio de otros fraccionamientos en Chapala, quien llegó a la comunidad con un prestanombres y tomó posesión de manera ilegal de tierra comunal y boscosa. El invasor cercó el paraje El Pandillo, por lo que la asamblea lo citó en la oficina de bienes comunales, pero no acudió. Con la ocupación llegó la indignación y el inicio de un largo proceso legal que, luego de 21 años, obtuvo en octubre pasado una victoria no sólo para el pueblo históricamente combativo de Mezcala, sino también para todos los pueblos indígenas de México que continúan en la defensa de su territorio.

“La invasión inició con nueve hectáreas y después sumó tres. La lentitud del proceso y la impunidad otorgada por las autoridades agrarias y legales del país provocó que este invasor acumulara poco más de 20 hectáreas, las cuales se encuentran principalmente en el cerro El Pandillo y se extendieron hasta una zona conocida como El Comal”, explica Manuel Jacobo, coca de Mezcala y parte de la resistencia.

En estas más de dos décadas, continúa Jacobo en su relato escrito, Moreno Ibarra provocó severos daños al ecosistema y a la población. Con la complicidad de los gobiernos en turno, construyó en tierras comunales “una mansión con una de las vistas más privilegiadas al Lago de Chapala, derribó parte del bosque de pino y ocote, y obligó a los coyotes, venados y fauna local a huir de esos cerros, pues colocó mallas eléctricas para que nadie lo molestara”.

Pero este 2021 es el año de Mezcala. El pasado 28 de octubre el pleno del Tribunal Superior Agrario negó el amparo 121/2019 promovido por Guillermo Moreno y ratificó la sentencia de 2019 otorgada por el Tribunal Unitario Agrario de distrito XV, obligando al empresario y al prestanombres Crescenciano Santana a restituir las tierras. Lo que sigue es que de inmediato se turne el expediente al Tribunal Unitario en Guadalajara para instruir la ejecución, expulsar al invasor y construir en este predio un proyecto comunitario tan grande como una Universidad de la Tierra.

Las alianzas y complicidades con el municipio de Poncitlán y con los gobernantes y empresarios a quienes Moreno Ibarra invitaba a su mansión en el cerro de El Pandillo lo hicieron ignorar las medidas cautelares que obtuvo Mezcala en 2008 para que no se hicieran construcciones en el predio en disputa, por lo que ahora, con la ratificación de la sentencia y la próxima ejecución, el empresario está obligado a retirar los bienes muebles, pero no los bienes inmuebles, tales como lo las construcciones que levantó en una finca, donde en adelante se contará otra historia.

Un poco de historia. La defensa del territorio en Mezcala no es sólo por la restitución de las tierras invadidas, pues las 3 mil 600 hectáreas que le corresponden a la comunidad se encuentran bajo amenaza de empresas inmobiliarias y turísticas. A unos kilómetros, siempre sobre la ribera del lago de Chapala, el más grande de México, se encuentra la comunidad de Ajijic, ejemplo y modelo de la invasión y colonización actual. Es el lugar con mayor número de residentes estadunidenses en México, que a su vez es el país con más estadunidenses fuera de su país en el mundo. Aquí el segundo idioma es el inglés. El pueblo, por supuesto, ha cambiado su apariencia y cultura en los últimos 30 años. Mezcala no quiere seguir su ejemplo y sigue siendo un freno para ese tipo de desarrollo inmobiliario.

La resistencia para el pueblo coca no es nueva. Aquí se reivindica la participación de su gente en la lucha por la Independencia, en la que los insurgentes indígenas nunca fueron vencidos. Sus batallas son un relato transmitido de generación en generación, “no es algo impuesto, o algo lejano y sin sentido, pues la comunidad toma el hecho histórico como suyo, y sobre todo lo entiende como un proceso abierto, donde incluso deben de corresponder ante aquella herencia (el territorio) que dejaron los insurgentes. En la isla de Mezcala pulsa y vive la sangre de nuestros antepasados, en ella se refugia la memoria de nuestro pueblo y en ella reafirmamos nuestra identidad como pueblo originario”, nos dijo en una de nuestras primeras entrevistas (hace más de 10 años) Rocío Moreno, comunera, defensora del territorio e integrante del Concejo Indígena de Gobierno del CNI.

En tiempos del expresidente Felipe Calderón y en ocasión de los festejos del Bicentenario de la Independencia de México (2010), el gobierno federal y el de Jalisco pretendieron imponer, el 25 de noviembre de ese año, una celebración oficial en la isla de Mezcala, corazón de la comunidad, donde en esa fecha el pueblo coca celebra el inicio de la batalla de los insurgentes. Ya tenían prevista una Regata Copa Gobernador, organizada por la Secretaría de Cultura y el ayuntamiento de Poncitlán; además de la construcción, sin el consentimiento de la asamblea de comuneros, de una caseta de cobro en el embarcadero poniente, con el fin de iniciar la privatización del patrimonio cultural. Pero la comunidad dijo “no”. Y en lugar de ese montaje, empezaron los talleres comunitarios de historia de su pueblo, con el fin de que los niños y niñas no olviden su origen.

Se trata, explicó en ese momento Rocío Moreno, de que desde la infancia sepan que la resistencia de los insurgentes indígenas contra las fuerzas realistas durante la guerra de Independencia duró más de cuatro años, de 1812 a 1816, y se libraron alrededor de 25 batallas sin perder ninguna. Justo esta conciencia es la que los hizo expulsar los proyectos calderonistas y enfrentar durante 21 años a uno de los empresarios más poderosos del estado.

Persecución y represión, el precio de la lucha. La criminalización de defensoras y defensores del territorio fue la respuesta del gobierno del estado durante 21 años. En 2002, por ejemplo, el poderoso empresario acusó a cuatro integrantes del comisariado por privación ilegal de la libertad, entre los acusados estaba el actual presidente de bienes comunales. En 2008, un grupo de comuneros fue recibido a balazos por las guardias armadas que custodiaban su mansión. Y en 2011 fue detenida Rocío Moreno, una de las defensoras más visibles de la resistencia, y se dio a conocer la existencia de otras 10 órdenes de aprehensión contra habitantes de la comunidad cuyos procesos continúan vigentes.

Hoy, con la victoria en sus manos, integrantes de la comunidad coca temen represalias y ataques del empresario y sus aliados, y/o dilación en la ejecución de la sentencia. Pero sus sueños son más grandes.