PESE A TODO, “EL TIEMPO ESTÁ A FAVOR DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”

CARLOS GONZÁLEZ EN ENTREVISTA CON GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ

El 22 de noviembre del 2021 el presidente de la República publicó un “acuerdo” en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que ordena a las dependencias a otorgar los permisos necesarios para iniciar proyectos u obras prioritarias para el gobierno, mismos que serán considerados de seguridad nacional. Sobre las implicaciones de este decreto para los pueblos originarios, para la sociedad en general y para el medio ambiente, habla en entrevista el abogado y defensor del territorio Carlos González, integrante desde su fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI), red de pueblos, naciones y tribus organizada en todo el territorio desde 1996.

-¿Cuál es el contexto nacional en el que se publica este acuerdo?

–El acuerdo se da conocer en medio del desarrollo de una serie de megaproyectos en todo el territorio nacional, tales como el Proyecto Integral Morelos o el Tren Maya, y proyectos de infraestructura como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas, entre otros. Estos megaproyectos, que en realidad integran uno solo, anteriormente conocidos como Proyecto Mesoamérica o Plan Puebla Panamá, conforman un plan de gran envergadura, diseñado en el exterior, que obedece a los intereses geopolíticos de Estados Unidos y a los intereses de los grandes capitales, y tiene como finalidad reordenar de manera radical al país, sobre todo del centro hacia el sur y a Centroamérica. Se trata de la reordenación de fronteras, poblaciones y territorios.

Los diversos proyectos que plantea la presidencia de la República tienen también la finalidad de frenar la migración hacia Estados Unidos, tanto de mexicanos como de centroamericanos. En este sentido el Plan Nacional de Desarrollo es muy claro: dice, por ejemplo, que los corredores industriales que se piensan desarrollar en el Istmo de Tehuantepec serán cortinas para parar la movilización humana, es decir, el tránsito de población trabajadora migrante hacia Estados Unidos. Entonces se fijan fronteras y se fijan poblaciones, y además se pretende disponer de los territorios y tener acceso completo a ellos a través de la nueva infraestructura que se quiere desarrollar.

–¿Quiénes están detrás de este plan de reordenamiento?

–Detrás de todo hay, por supuesto, grandes intereses. Desde hace más de un año el presidente y distintos funcionarios del rubro energético manifestaron que se construirían más gasoductos y termoeléctricas para disponer de cantidades muy grandes de gas, que a la vez se está extrayendo mediante la técnica del fracking. Aquí están los intereses de las grandes petroleras y de Estados Unidos.

–¿Qué papel juagan los militares en el acuerdo que considera los proyectos de seguridad nacional?

–Desde que inició el actual sexenio se profundizó la militarización del país. Al ejército y a la Secretaría de Marina se les dan cada vez más espacios de control; se crea la Guardia Nacional con elementos del ejército y ya suena la Reforma Constitucional para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asimile totalmente las funciones de la Guardia. La Marina tiene el control de los puertos y estas corporaciones militares tienen la facultad también de intervenir en la construcción de tramos del Tren Maya. La Terminal de Santa Lucía, que es del ejército, albergará al nuevo aeropuerto civil, que a su vez está siendo construido y será manejado también por la Sedena.

Lo que tenemos entonces es un contexto de militarización y también de militarismo, porque el ejército y la Marina son incorporadas de lleno al engranaje económico del capital. Son una parte sustantiva para la acumulación de capital y de ganancia al aportar mano de obra (pagada por los impuestos), materiales y conocimientos para general la infraestructura de los grandes consorcios capitalistas, que son quienes finalmente van a aprovechar todas las ventajas que generen estos megaproyectos.

–¿Hay una resistencia real de los pueblos al acuerdo?

–Los pueblos indígenas, aun desde posiciones minoritarias o aisladas, están combatiendo con fortaleza y decisión estos grandes megaproyectos extractivistas que pretenden imponer, o que se han impuesto, en sus territorios. Lo están haciendo con movilizaciones, con denuncias nacionales, acudiendo a organismos de derechos humanos internacionales, mediante juicios de amparo, juicios agrarios, etcétera. Los pueblos han diversificado sus formas de lucha para frenar estos megaproyectos y, desde mi punto de vista, han tenido un éxito relativo, pues ya estamos a la mitad del sexenio y los grandes megaproyectos no han podido iniciar operaciones. Un ejemplo claro es el Proyecto Integral Morelos (PIM).

–En este contexto, ¿qué papel tiene el crimen organizado?

–No podemos dejar pasar por alto la profundización del control territorial por parte de los cárteles para beneficio del capital. Hay, por ejemplo, una explotación terrible de minerales en el sur de Jalisco, que se lleva a cabo de manera ilegal, sin concesiones mineras, sin autorizaciones y sin estudios de impacto ambiental, debido a que la están llevando a cabo los cárteles criminales. Ellos están en el engranaje del capital.

–¿Cuál es la lectura del acuerdo del 22 de noviembre, en qué consiste, cómo afectará a los pueblos?

–El acuerdo presidencial tiene dos aspectos relevantes: uno, que declara las obras y proyectos del gobierno federal de interés público y de seguridad nacional. Y dos, que genera la posibilidad, por encima de la Constitución y de todas las leyes y reglamentos que existen, de otorgar autorizaciones provisionales para que estas obras y estos proyectos puedan ejecutarse sin mayor problema. Con el acuerdo, las dependencias están obligadas a otorgar autorizaciones que sustituyen por un año a las autorizaciones en materia de impacto ambiental y social, a la consulta indígena, al cambio de uso de suelo de terrenos forestales, entre otras disposiciones.

La parte de seguridad nacional pretende profundizar la militarización y el proceso de militarismo, al tiempo que ofrece las facilidades administrativas para que estos proyectos se ejecuten pasando por encima de los derechos de los mexicanos y mexicanas, de manera específica de los pueblos indígenas. Las autorizaciones provisionales se darán sin una reglamentación, sin que estén ni en la Constitución ni en las leyes reglamentarias, que establecen otra cosa.

Por ejemplo, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece que para este tipo de obras se tienen que otorgar autorizaciones de impacto ambiental, para lo que se debe presentar un estudio estableciendo los diferentes impactos de los megaproyectos. Pues bien, la autorización provisional pasa por encima de estas autorizaciones y tiene vigencia de un año, tiempo durante el cual las dependencias de gobierno y las empresas privadas pueden prescindir de los mecanismos establecidos para proteger derechos. Se trata, hay que decirlo, de protecciones mínimas que existen en estas leyes neoliberales, pero que este acuerdo quiere barrer por completo.

En resumen, el acuerdo profundiza la militarización del país y facilita la ejecución de los megaproyectos, por encima de los derechos de los pueblos originarios.

–Si la resistencia es aparentemente minoritaria, ¿qué es realmente lo que le preocupa al gobierno federal?

–La oposición de los pueblos indígenas, ya sea pequeña, mediana o grande, no importa el número, pero que siempre ven como minoritaria, representa los intereses fundamentales de los pueblos originarios, que son la defensa de sus territorios y de su cultura. Éste es el peso grande que tienen estas representaciones.

–¿El peso de esta representatividad está siendo visto o valorado por el gobierno federal?

–Pareciera que no, pero lo que le da el peso es la realidad, pues muchos de sus proyectos no han podido avanzar. El gobierno quisiera que fuéramos invisibles, pero la realidad es que hay pueblos, comuneros, comuneras, ejidatarios, ancianos, niños, niñas que se están oponiendo a sus proyectos con razones sólidas y bien fundamentadas: primero que nada la defensa de la Madre Tierra, de la naturaleza y de la vida; en segundo lugar la defensa de los territorios, de la cultura y de la autonomía que, aunque de manera limitada, están contemplados en un sinfín de leyes de este país, en la propia Constitución y, de manera muy clara, en diversas convenciones, convenios y declaraciones de derechos humanos a nivel internacional. Ahí está el peso de la resistencia.

–¿Este acuerdo presidencial responde a una preocupación específica?

–Yo creo que les preocupa la oposición de los pueblos porque además de ser fundada y legítima, se está dando en los lugares donde pretenden desarrollarse los proyectos. A diferencia de los pueblos, la oposición que muestran personajes de la oligarquía neoliberal (que es la que tiene en sus manos esos megaproyectos), como por ejemplo Claudio X. González, no es contra estos proyectos, sino que quisieran ser ellos los que los lleven a cabo y se lleven la tajada grande, política y económicamente hablando.

Todo esto nos hace pensar que pudiera ser que el presidente de la República llegó a este cargo condicionado por los grandes intereses, que finalmente son los que mueven la política en este país y en el mundo, para llevar adelante estos megaproyectos.

–Muchos de estos proyectos, como el Tren Maya o el aeropuerto, se presentan como los proyectos estratégicos, clave o símbolos de este sexenio… –Estos proyectos ni siquiera son idea de Andrés Manuel. Él los aplica, pero tanto el Proyecto Integral Morelos y el Tren Maya vienen de antes, ya no se diga el Corredor Interoceánico, que es un viejo sueño imperial de Estados Unidos desde principios del siglo XIX y que desde la época de Ernesto Zedillo se había querido implementar con diferentes nombres. No olvidemos que el Transístmico articula al Tren Maya y al PIM en un solo proceso de despojo, acumulación y explotación capitalista.

Éstos no son los proyectos “estrella” de López Obrador, tal como los presentan. Son, claramente, los proyectos estrella del capitalismo neoliberal.

–¿En los pueblos hay divisiones respecto a la pertinencia o beneficio de estos megaproyectos? –Sí estuvieron dándose las divisiones, pero los pueblos indígenas ya se están dando cuenta de que la política de Obrador hacia ellos es como la del ex presidente Luis Echeverría, una política demagógica y folclorista que supuestamente pone por encima los pueblos indígenas, pide permiso a la Madre Tierra para iniciar obras, pide bastones de mando, presenta flamantes planes de justicia, pero todo se queda en algo hueco, porque los pueblos siguen siendo despojados de sus territorios, no hay un reconocimiento sustantivo de sus derechos, e incluso lo poquito que se había avanzado se ha echado para atrás.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), por ejemplo, se quedó prácticamente sin presupuesto y ahora, además, quieren que absorba al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Sucede que lo muy poquito que habían reconocido gobiernos anteriores, a partir principalmente de la lucha de los pueblos, sobre todo de los zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, se está desvaneciendo. Insisto en que fueron pequeñitas reformas que se dieron en medio de la traición a los Acuerdos de San Andrés, pero ni de eso queda algo. La consulta indígena, que estaba reconocida, sigue siendo una gran mentira.

El problema para el ejecutivo es que los tres que le quedan se van a ir como el agua. El presidencialismo no se ha acabado, regresó el dedazo y el tapado. Esto es un ritual que ya se adelantó, ya estamos ahí, y eso recorta tiempos de una manera fabulosa. El “acuerdo” presidencial también se suscribe en este contexto.

Este tiempo, sin duda, corre a favor de los pueblos originarios. No sólo respecto a los grandes megaproyectos, sino hasta en los más pequeños que se quieren imponer, el tiempo juega a favor de los pueblos porque ellos permanecen, están en sus territorios, y los gobiernos son transitorios, las empresas están ceñidas a tiempos, tanto en su planeación como en su esquema de inversiones a nivel global. Entonces el tiempo juega a favor de los pueblos de una manera importante.