¿DIALOGARÁ EL GOBIERNO CON LA COMUNIDAD OTOMÍ?

Los gobiernos federal y de la Ciudad de México están “judicializando” la lucha social; se dicen dispuestos al diálogo, “pero al mismo tiempo anuncian denuncias penales” contra quienes resulten responsables de la toma del edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y en particular contra quien ubican como su “líder”, Diego García, integrante de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ)-Benito Juárez, quien acompaña las luchas de diversos pueblos indígenas residentes en la Ciudad de México desde hace más de 30 años. García responde que estas denuncias forman parte de “la judicialización de la lucha social, y representan una negación clara y abierta del diálogo”.

Las instalaciones del INPI, ubicadas en la alcaldía Benito Juárez, fueron tomadas el 12 de octubre del 2020 por integrantes de la comunidad otomí, en su mayoría mujeres, radicadas en la Ciudad de México desde hace más de veinte años. Sus demandas, además de la expropiación de diversos predios para la construcción de una vivienda digna, pasan por el rechazo a los megaproyectos que se imponen sobre territorios indígenas y por el fin de la violencia paramilitar en Chiapas, en su calidad de integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Concejo Indígena de Gobierno (CIG).

Atrás quedaron las disculpas y promesas del gobierno federal representado en un primer diálogo (21 días después de la toma) por Adelfo Regino Montes, titular del INPI, y por el entonces secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real. “Quiero yo ofrecer una disculpa, porque aquí se han hecho expresiones de que se ha usado la fuerza, de que no se ha procedido con atención. Yo ofrezco una disculpa, vamos a rectificar y vamos a entrar en una dinámica de trabajo conjunto”, dijo Regino en las puertas del edificio donde se llevó a cabo la reunión; mientras que Suárez del Real aseguró que “como gobierno compartimos plenamente sus demandas, sus reclamos, sus históricas reivindicaciones, por esa razón estamos acá y estaremos las veces que sean necesarias, hasta que se resuelvan sus justas demandas”.

Un año y cuatro meses después el discurso es otro. Regino Montes declaró en una entrevista, concedida al periódico que el gobierno federal califica como “ultraconservador”, que levantó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México por la toma del edificio y por el Acervo de Arte Indígena resguardado en el inmueble, responsabilizando a la comunidad otomí y en particular “a la persona que los lidera, Diego García, que por cierto no tiene ascendencia relacionada con alguna comunidad, con algún pueblo indígena. Él tendrá que asumir las consecuencias, asumir una responsabilidad por el prejuicio que está causando con el Instituto y en particular con este acervo tan importante”.

En entrevista con Ojarasca, Diego García advierte que la denuncia en su contra “denota que el sistema político no ha cambiado, pues su única forma de responder a un movimiento social es persiguiendo, criminalizando”, e incluso advierte: “no se descarta la posibilidad de que nos fabriquen delitos graves contra alguno de sus integrantes, como portación de armas o consumo de estupefacientes, cosa que, en su desesperación, el gobierno puede hacer”.

La persecución es la constante contra todos los críticos al actual gobierno, señala García. “No esperábamos que se metieran con los padres y compañeros de Ayotzinapa y ya lo están haciendo. Por lo mismo no descartamos que quieran usar la fuerza para desalojarnos, o, como hacen en otros lados, que metan a grupos de choque para que no sea directamente la policía”.

Pero, insiste el entrevistado, “nuestra apuesta sigue siendo el diálogo”. El pasado 4 de febrero no llegó ningún funcionario al llamado que les hicieron para retomar las conversaciones sobre la expropiación de los inmuebles acordados y para darle seguimiento al proceso que ya se inició en un predio de la calle Zacatecas, en la colonia Roma. Al respecto, el actual secretario de Gobierno de la ciudad, Martí Batres Guadarrama, declaró que no es mediante reuniones convocadas de manera unilateral y de un día para otro, sino con acuerdos en común entre todas las partes, como se podrá retomar el diálogo.

El secretario de Gobierno consideró que aunque “no es una condición del gobierno capitalino para retomar el diálogo”, la comunidad otomí debería desocupar las instalaciones del INPI como una medida de distensión para demostrar su disposición a dialogar. La comunidad otomí, en voz de Diego García, respondió que “en este momento no está a negociación la entrega del inmueble”, pues el 13 de agosto del 2021, en ocasión de los 500 años de la Caída de Tenochtitlán, se tomó posesión definitiva de la sede del INPI y se renombró como Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, con lo que ya no sólo está bajo el resguardo de los otomís, sino también del Congreso Nacional Indígena, del que forman parte.

García insiste en que el diálogo sigue siendo su única opción, pero, dice, “cómo dialogar con demandas encima. Nuestra condición fundamental es el desistimiento de la acción penal en contra de la comunidad otomí y de quienes asumen que es su líder”. Sobre el Acervo de Arte Indígena que resguarda el inmueble, del que Adelfo Regino “se acordó luego de 15 meses”, el activista recordó que se está convocando a un foro para preservar y garantizar las 20 mil piezas que lo conforman. Por lo pronto, asegura, continúa bajo llave desde el inicio de la toma, nadie ha entrado y nadie lo ha visto hasta ahora, y serán los pueblos originarios con académicos, curadores, etnólogos y demás especialistas los que definan la mejor manera de preservarlo.

El acervo, reitera, “no es una moneda de cambio. Ha estado abandonado desde 1948. No se ha hecho ninguna exposición, muestra, actualización del catálogo, nada, es por eso que se está convocando a un foro abierto para definir su destino”.

En este momento, la situación es incierta, pues las familias otomís levantaron los campamentos en los que vivían y se fueron a las instalaciones del INPI, donde aunque existen mínimas condiciones de habitabilidad, están mejor que en la calle. “Si las autoridades se van por el desalojo sería echarlos a la calle por la vía violenta”, explica García.

Hace más de un año Suárez del Real indicó que “las mejores manos para recibir” el predio de Roma 18, en la colonia Juárez, son precisamente las de la comunidad otomí organizada. “Estoy convencido de que ustedes que han luchado y han defendido el predio, para que sea un lugar para que el pueblo le reconozca, que fue acabado por una dictadura. Es importante para entender lo justo que sería el reconstruir con ustedes ese pasado”. Martí Batres, señala Diego García, les reiteró el compromiso en persona. Y esa acción, dice, sería una verdadera muestra de diálogo y disposición de llegar hasta el final.