“NO QUEREMOS QUE REGRESE BONAFONT”

Gloria Muñoz Ramírez, Zacatepec, Puebla. En el patio de su casa, un habitante del municipio Juan C. Bonilla, Puebla, habla frente a su pozo artesanal: “Contaba con suficiente agua antes, pero a raíz de que la empresa Bonafont llegó, se bajaron los niveles de agua de mi pozo. Por eso espero que se vaya de una vez”, dice, mientras una niña vecina de Zacatepec afirma: “el agua es buena para nosotros, nos da vida”. Otra mujer entrevistada en el mismo pueblo, confirma: “Cuando estaba abierta la empresa mi pozo se secó, pero cuando la cerramos el agua empezó a subir. Ya no la queremos abierta”.

Los testimonios de los pobladores de la región cholulteca de Puebla, lugar al que hace treinta años llegó la empresa Bonafont, perteneciente a la multinacional francesa Danone, son ofrecidos en los días posteriores a la irrupción de la Guardia Nacional en las instalaciones de la Casa de los Pueblos “Altepelmecalli”, proyecto que se construyó sobre las instalaciones de la empresa que fue cerrada y luego tomada por las comunidades nahuas cansadas de “ver nomás como se secaban nuestros pozos, mientras largas filas de tráilers se llevaban nuestra agua embotellada en garrafones anaranjados”.

Un millón 641 mil litros de agua diarios era lo que la empresa Bonafont extraía de los manantiales de la región de Los Volcanes. Por eso, relata la organización Pueblos Unidos, decidieron en asamblea primero cerrarla con un plantón frente a las instalaciones, y luego, en agosto del 2021, tomarla para impedir que continuara el saqueo y para construir ahí un proyecto autónomo con colectivos de salud, mujeres, agroecología y medios de comunicación comunitarios.

Pero la madrugada del pasado 15 de febrero “los gobiernos que dicen representar al pueblo y ser distintos a los gobiernos anteriores enviaron a la Guardia Nacional, a la Policía Estatal y Municipal a despojarnos del espacio que habíamos recuperado y convertido en una verdadera Altepelmecalli, una Casa del Pueblo, para dejarlo nuevamente en las manos de quienes nos roban el agua, la vida, y que creen que nuestra dignidad está en venta”, declaró Pueblos Unidos, al tiempo que solicitó un diálogo “que permita que nuestra región se mantenga en paz, que tenga lo que necesita para que nuestras comunidades vivan y podamos decidir nuestro destino”. Un diálogo con las autoridades, aclararon, encaminado a “que Bonafont se vaya de nuestros territorios y nuestra agua y nuestra tierra siga protegida”.

Durante los once meses que mantuvieron el cierre y la ocupación de la planta, relatan, empezaron a recuperarse los pozos artesanales de los que se alimentan las casas de toda la región y que, luego de 30 años de saqueo, estaban prácticamente secos. Y ahora, con el resguardo del gobierno federal y estatal, regresó la empresa, destruyó los proyectos comunitarios que estaban levantando las comunidades, cercó las instalaciones y reanudó la extracción del agua.

“Yo no estoy conforme con que regrese Bonafont porque a mí ya no me alcanza ni para remojar y hacer mis tabiques. Lo único que queremos es que se vayan de aquí y que deje que nuestros pozos se recuperen”, dice una mujer trabajadora originaria de San Juan Tlautla, mientras que otra vecina confirma las afectaciones cotidianas que tienen por la falta del vital líquido: “no estoy de acuerdo con que abra sus puertas otra vez”, refiere.

El desalojo a los pueblos que mantenía tomada la empresa revivió el riesgo de que “vuelvan a secuestrar nuestra agua”, advierte Pueblos Unidos. El gobierno, señalan desde Puebla, “trata de escudarse en la ley para justificar que nos despojen, porque para eso sí usan la ley, no para protegernos, no para cuidar a nuestras comunidades y a nuestros territorios”. Gobiernos y empresarios acordaron el regreso a la normalidad, es decir, a la extracción diaria del agua para luego embotellarla y vendérsela a los propios pobladores, además de distribuirla por todo el país.

Justo un par de días antes de la irrupción de la Guardia Nacional, los y las integrantes de Pueblos Unidos se encontraban poniendo en marcha el proyecto de comunicación comunitaria “Altepelmecalli TV”, cuyo primer programa, trasmitido el día del desalojo, habla de “la necesidad de expropiar” las instalaciones de la empresa para beneficio de los pueblos, demanda que sigue vigente. Se trata, explican, de tener el control legal del espacio para la construcción de la autonomía, para “construir vida donde ellos sembraron muerte”.