INQUISICIÓN NEO-PENTECOSTALISTA EN GUATEMALA
Al grupo de criminales que gobierna Guatemala no le importa llevarse a quien sea con tal que su proyecto de muerte siga adelante. Les importa un comino que los gringos les quiten la visa, tampoco les importa que se les conozca como narcotraficantes o que hayan tranzado y están al servicio de la empresa minera CGN, como lo demuestra el trabajo de periodistas y académicos publicado por una gama de medios internacionales y nacionales.
Con tanto cinismo e hipocresía, aprueban una ley que “supuestamente protegerá la vida y la familia”, cuando no habría ninguna necesidad, porque la Constitución Política, en su Artículo 1 y 2, reconoce que el deber del Estado es proteger a la persona y a la familia y garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo de la persona. Guatemala es parte de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de la ONU y de la OEA y, por lo tanto, está obligado a velar por la vida, la integridad, la libertad y la paz de todos los guatemaltecos. El problema es que hemos tenido gobiernos como el de Giammattei, que les importa poco la “vida y la persona humana”.
Este grupo de criminales ha llegado a tal desfachatez que, obviando la composición plural de la nación, aprueban la iniciativa de ley 5272, hoy decreto 2022, que a todas luces es criminal y que trata de revivir los años oscuros de la inquisición de hace 500 años. Con esta ley ya no se perseguirá a herejes y brujas, sino a miembros de la comunidad LGTBQ+, a quienes por cualquier motivo aborten, a los educadores que intenten orientar a los niños y niñas sobre su sexualidad, a los padres y madres que por motivo de pobreza y extrema pobreza o por la violencia dejen en manos de los abuelos y abuelas a sus hijos.
Una ley que desconoce que el país por ser plural tiene diferentes formas y conceptos sobre la familia. Para los pueblos indígenas, por ejemplo, “la familia no sólo es el papá, mamá e hijos, sino también son los abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primeras, vecinos”, es decir, la comunidad es nuestra familia, por eso decimos: Katz kachaq, was taq ni chaq, q’achelal, kaz kitz’in.
Esta ley es una ley misógina, patriarcal, machista, conservadora, tradicionalista, discriminadora, racista. Una ley que no promueve la construcción de un Estado laico, sino un Estado controlado por las iglesias, sobre todo las de pensamiento neo-pentecostalista.
Si esto no es poco, en el día del cumpleaños de este gobierno aprendiz de dictador, se nombra a Guatemala como la “capital iberoamericana de la vida”. Ante un público formado por funcionarios y empleados públicos y bajo la protección de los jefes de las principales iglesias: el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Guatemala, el Nuncio Apostólico, el representante de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, el Guía Espiritual de la Comunidad Musulmana y posiblemente otros de menor rango de cualquiera de estas iglesias, declara un día para la vida, que sin duda alguna Jesús los llamaría nuevamente “fariseos” y “sepulcros blanqueados”.
Declarar un día para la vida en un parque rodeado de militares, policías y antimotines, en donde el presidente cínicamente manifiesta que Guatemala no tenía una política para proteger la vida y la familia y que ahora cuenta con 99 programas. Pero no se reconoce él mismo como uno de los presidentes anti-vida por estas razones: permitir el vencimiento de más de un millón de vacunas Sputnik contra el Covid; cientos de niños y niñas que mueren por desnutrición crónica y aguda; cientos de mujeres mueren antes de dar a luz; la muerte violenta de mujeres y jóvenes, que suman igual cientos; cientos de niñas embarazadas; no hay medicina en los hospitales; no se les pagan los salarios a los médicos, enfermeras y personal de servicio del hospital; los muchos que migran a Estados Unidos por la falta de trabajo; la mala educación; la persecución en contra de líderes y lideresas comunitarios y sociales que resisten al extractivismo.
No es cierto que este presidente sea el “doctor de la vida”, como lo dijo uno de los oradores en el parque central. Giammattei es presidente de la muerte, estuvo preso por ser cómplice de la ejecución extrajudicial de privados de libertad. Militarizó El Estor para beneficiar a la corruptora y criminal minera CGN. Militarizó Ixtahuacán y Nahualá. Ha sido denunciado pero no investigado por dinero que le dieron para su campaña. Por instrucciones de él y el pacto criminal que ha capturado el Estado,1 en complicidad con la Fiscal General, se han puesto a capturar a fiscales y a perseguir jueces que con honestidad persiguen la corrupción, algunos están sujetos a juicio y otros en el exilio.
Aunque en su campaña dijo que iba a terminar con esa “maldita y asquerosa corrupción”, Giammattei y su equipo son igual de corruptos que cualquier otro gobierno que hemos tenido en el país.
Esta ley criminal no debería de haberse aprobado, aunque ahora muchas organizaciones presentarán sus acciones de inconstitucionalidad y, con una Corte de Constitucional igualmente cooptada, no creemos que su resolución sea a favor de los pueblos.
La aprobación de esta ley nefasta y espuria, que es contra la vida y no pro-vida, nos pone al descubierto que han podido otra vez los corruptos, que ellos sí están tomando en serio la refundación y que el pueblo y los movimientos sociales seguimos siendo reactivos.
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Kajkoj Máximo Ba Tiul, antropólogo, filósofo, teólogo e investigador maya poqomchi de Guatemala.
1. Kajkoj Maximo Ba Tiul, “Una radiografía del poder visto desde la montaña”, en Rebelión: https://rebelion.org/una-radiografia- del-poder-visto-desde-la-montana/