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30 AÑOS POR LA VIDA EN EL VALLE DE XUCHITLÁN

MA. ANGÉLICA RAMOS GÓMEZ1

LA EXPERIENCIA DE LA COMISIÓN POPULAR PRODEFENSA DEL AGUA

Máquinas en asalto tempestivo rasgan la luz oscilante de árboles guardianes.

¿Vivimos tiempos de furia?

Motores enloquecidos agujeran el lago celeste.

¿Es ésta una guerra?

Los pueblos centenarios del antiguo valle de Xuchitlán: Santa Cruz de las Flores, Santa Cruz de la Loma (Tepetates), Buenavista, Cofradía y Soledad de Cruz Vieja, municipio de Tlajomulco de Zaragoza, Jalisco, desde hace más de 30 años llevamos a cuestas la lucha en defensa del agua y el territorio. En 1983 los gobiernos municipales de Guadalajara (Guillermo Vallarta Plata) y de Tlajomulco de Zúñiga (Ernesto Márquez Díaz) decidieron depositar en nuestro territorio los desechos sólidos generados en el área metropolitana de Guadalajara. Este plan autoritario de invasión llevó a organizarnos a las y los jóvenes.

La primera amenaza de despojo del agua en este territorio ocurrió a finales de 1990, cuando advertimos la invasión de maquinaria de perforación en tierras aledañas a nuestros pueblos. Se anunciaba un largo ciclo de saqueo de nuestras fuentes subterráneas de agua del llamado “acuífero San Isidro”; a partir de la perforación de nueve pozos profundos, que se pretendía fueran veinte, en terrenos contiguos en los derechos de vía del área urbana de los pueblos de Santa Cruz de las Flores, Santa Cruz de la Loma (Tepetates), Buenavista, Cofradía y Soledad de Cruz Vieja.

Ante este plan de extracción de la cuenca hidrológica, los pueblos encontramos como camino de fuerza y organización colectiva la forja de la Comisión Popular Prodefensa del Agua (CPPA), por quienes manteníamos un fuerte arraigo a la tierra, agua, y bosque —que nos proveían de alimentos a [email protected] y a nuestros animales y plantas curativas, y posibilitaban la persistencia de nuestras formas de vida como pueblo originario coca. Nuestros [email protected] sabían que en el antiguo valle de Xuchitlan corrían flujos de agua en los manantiales y barrancas y biodiversidad endémica de “El Malvaste” (rescatada por los pueblos del macro-libramiento Guadalajara), “El Terrero”, “Los Colomos”, “La Mesa” y “La Mesita” en el bosque subtropical caducifolio templado del volcán inactivo de “Totoltepec” y el humedal de “La Playa”. Florecía la vida silvestre y los pueblos cobijados por estos ecosistemas latíamos con el pulso del agua.

¿Cuándo comenzó esta guerra de saqueo de nuestra agua? Desde 1980 los pescadores de la Laguna de Cajititlán denunciaron la contaminación del embalse, causante de la mortandad de peces; se oponían a que este cuerpo de agua se utilizara para la ciudad de Guadalajara, cuando al mismo tiempo eran desangradas las fuentes subterráneas de San Sebastián el Grande hasta su agotamiento en aras de la acumulación capitalista de la obra pública estatalista.

A finales de 1990 comenzó el saqueo de nuestro “acuífero San Isidro”, al emplazar en nuestro territorio la maquinaria perforadora. La respuesta organizativa no se hizo esperar: comenzamos la CPPA ante las obras de perforación del plan estatalista de extracción de fuentes subterráneas por el organismo operador del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), denominado “Pozos Domo Sur de la Primavera, Sub-cuenca San Marcos” en las inmediaciones de los poblados de Santa Cruz de las Flores, Santa Cruz de la Loma o Tepetates, Buenavista y Cofradía, de Tlajomulco de Zúñiga.

Unirnos en un mismo sentir y en una misma voz en la lucha por el agua y la vida fue un camino pedregoso al enfrentar a opositores de gobiernos locales, organizaciones agrarias “maiceadas” y partidos políticos, coludidos con el interés privado de los megaproyectos y su naturaleza de acumulación por despojo del agua y el territorio de los pueblos.

La campaña mediática de la autoridad afirmaba que “no habría ninguna afectación, pues los pozos profundos perforados por el SIAPA extraerían el agua desde 250 hasta 450 metros de profundidad, ya que estos pozos serían sellados con concreto a 120 metros de profundidad, para no permitir la filtración de las aguas superficiales a los mantos acuíferos subterráneos”.2

“Por quiénes nos toman”, decía la gente, “como si no supiéramos que por gravedad el agua tiende a bajar si la extraes a la profundidad que sea”. Éste fue el punto irreconciliable de las posturas antagónicas entre la autoridad y la CPPA.

Detener la extracción. La imaginación y la persistencia colectiva se alcanzaron en el punto de vista técnicocientífico. Los estudios mostraron lo que suponíamos: a) “La litología encontrada en el subsuelo indica claramente la ausencia de un estrato impermeable que permita establecer la presencia de dos acuíferos. Es claro que se trata de un solo acuífero”; b) “De haber una extracción considerable en el poblado de Santa Cruz de las Flores, evidentemente aumentará la concentración de B y As; es decir, la dilución de estos elementos no será tan efectiva por lo que eventualmente el acuífero estará severamente contaminado”; c) “De acuerdo con el plano piezométrico, el flujo de agua subterránea es de Santa Cruz de las Flores hacia San Isidro Mazatepec, de tal manera que al explotar los pozos perforados en Santa Cruz se afecta la zona de recarga de San Isidro, con lo cual esta región también sería dañada”.

Estas conclusiones técnico-científicas formaron parte de la espiral de acciones desplegadas por la CPPA, desde compartir la palabra, la denuncia social, plantones, manifestaciones, ocupación de oficinas, vinculaciones con colectivos y organismos civiles, la interlocución amplia e intensiva en todos los niveles de autoridad y órdenes de gobierno. La razón científica y jurídica desnudaron la maquinaria institucional del despojo de agua y del territorio por parte del Estado.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) condujo un proceso dilatorio y de impunidad que derivó en las denuncias de la CPPA ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dos años después.

La Profepa y el Instituto Nacional de Ecología (INE) eximieron de responsabilidad jurídico-ambiental al gobierno estatal y al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara (SIAPA).

El secretario general de gobierno de entonces, Enrique Romero González, respondió cuatro meses después a partir de un amparo interpuesto “por hechos constitutivos de delito como: el anegamiento de sembradíos y por el abatimiento de los niveles de agua de pozos de autoabasto local, a partir de la puesta en operación de los aforos de los pozos perforados”.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), institución rectora de la política ambiental del país, omitió la presentación del dictamen correspondiente. La Comisión Estatal de Ecología (COESE) dictaminó como “potencialmente favorable la explotación del acuífero del Domo Sur de la Primavera (Subcuenca de San Marcos)”, sin que jamás hubiera conocido el estudio de la manifestación de impacto ambiental. Cada reunión en las oficinas de la COESE con funcionarios de ésta y del SIAPA se convertían en asambleas que derrumbaban cada uno de sus argumentos frente a la llovizna de cuestionamientos y posturas irreductibles de los pueblos. Los funcionarios se vieron obligados a presentar documentos falsos que evidenciaron el montaje institucional, lo que los condujo a cancelar la extracción de los flujos subterráneos del “acuífero San Isidro”. Las mujeres fueron quienes condujeron esta resistencia ejemplar. Ellas configuran un relato irredento de las luchas de tres décadas de los pueblos del antiguo valle de Xuchitlán frente a un Estado capitalista patriarcal y colonizador que asesina la vida, nunca la rebeldía.

Santa Cruz de las Flores Xuchitlán, Tlajomulco de Zúñiga,

20 de abril de 2022

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1. Integrante del Comité Agua y Vida de Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco de Z.

2. El Occidental, 1° de enero de 1991. Ver: https://youtu. be/3ZOhptlRgUQ


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