CONFLICTO DE LÍMITES EN TERRITORIO WIXÁRIKA. UN ASUNTO DE JUSTICIA ELEMENTAL EN UNA FRONTERA HISTÓRICA / 302 — ojarasca Ojarasca
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CONFLICTO DE LÍMITES EN TERRITORIO WIXÁRIKA. UN ASUNTO DE JUSTICIA ELEMENTAL EN UNA FRONTERA HISTÓRICA / 302

REGINA LIRA1 Y NATHANIEL MORRIS2

Los días 27 y 28 de mayo en la cabecera náayari de Jesús María, “426 asambleístas, entre los cuales había autoridades tradicionales, agrarias, y líderes naturales” representantes de los pueblos o’dam, audam, wixárika, náayari y comunidades equiparables a lo largo y ancho del Gran Nayar, discutieron los términos de un “plan de justicia” apostándole al diálogo con el gobierno. Al mismo tiempo respaldaron mediante pronunciamiento público las demandas de las autoridades tradicionales, comuneros y comuneras wixaritari de San Sebastián Teponahuaxtlan Waut+a y Kuxuri Manuwe Tuxpan de Bolaños, que exigen la restitución efectiva de las casi 12 mil hectáreas ocupadas por locatarios de Huajimic y Puente de Camotlán, mientras esperaban ser recibidos en Palacio Nacional.

La coyuntura, vista con perspectiva histórica, remite al 14 de septiembre de 1938. Entonces, el presidente Lázaro Cárdenas se abocó a solucionar los problemas de la “la tribu huichol que habita la región de Colotlán, Jalisco”. Un año antes, había lanzado un plan semejante para los yaquis de Sonora, cediéndoles un territorio de ocupación exclusiva que abarcó un tercio de lo que reclamaban como sus tierras tradicionales. La atención a los wixaritari respondió a peticiones lanzadas por sus autoridades tradicionales y líderes políticos, en particular el profesor Agustín Mijares Cosío, que poco antes había viajado a la Ciudad de México para entrevistarse con el presidente, a quien le informó la urgencia de otorgar “el debido reconocimiento general a todo el territorio habitado por indígenas huicholes, de acuerdo con los títulos y demás documentos que cada comunidad posee, a fin de evitar invasiones por algunos terratenientes mestizos”.

El presidente solicitó a la Secretaría de Educación Pública el establecimiento de escuelas dirigidas por profesores “de confianza cuando menos con algunos miembros de la comunidad”. Al secretario de la Defensa Nacional ordenó pusiera fin a los desmanes de los rebeldes y bandoleros que merodearon por la Sierra, “quemando rancherías y arrebatando maíz y ganado”. Al Jefe del Departamento de Asuntos Indígenas, ordenó que enviara a la Sierra Wixárika un oficial encargado de supervisar toda acción gubernamental. Y al Jefe del Departamento Agrario instruyó: “Que se les deslinden sus terrenos a […] Santa Catarina, San Andrés Cohamiata, Guadalupe de Ocotán, Tuxpan y San Sebastián, conforme sus títulos y demás documentos señalan”. Esta petición traería “justicia revolucionaria” y protegería los territorios wixaritari de la expansión de Nayarit hacia Jalisco a través de los pueblos de Huajimic y Puente de Camotlán.

Pero la presión sobre las tierras ubicadas en los linderos interestatales era zona de fronteras ambiguas desde tiempo atrás. La historia de “San José de Huaximic” que encontramos en las fuentes y crónicas se remonta a su fundación como misión en 1610 con “guisares” o “vizuritas” (huicholes) y tepehuanos asentados tras la rebelión de 1616. Contaban con cierto estatus de protección por ubicarse en zona de frontera, por un lado, con los nayaritas rebeldes que a veces ahí también se refugiaron, y por el otro, con el gobierno de San Luis de Colotlán, al que los pueblos wixaritari y Camotlán pertenecieron. En 1722 salieron de Huajimic y los demás pueblos fronterizos flecheros para la conquista de la Mesa del Tonati. Y por 1755 sabemos que el pueblo contó con título de tierras por “una legua que la ley les concede más un pedazo de tierra más que poseen”. En torno a 1760 se convirtió en parroquia y en ella residían “huicholes adoctrinados”. Mientras tanto, Camotlán funcionó como cabecera del pueblo wixárika de Ostoc hasta finales del siglo, cuando se introdujeron “personas de otras castas… versados en el idioma español”, quienes realizaban frecuentes robos a las haciendas y rancherías de las jurisdicciones vecinas.3

Tras el movimiento insurgente, el franciscano R. Angles se refiere a los de Camotlán como “defensores de la libertad”, y de Huajimic dijo era difícil saber si sus pobladores eran aún “huicholes”. Con la guerra, Camotlán fue abandonado, pero renació con la actividad minera y el ayuntamiento de Bolaños adjudicó sus tierras, sobre las que se reclamaron derechos en 1840. La década de 1850 también fue de intensos movimientos poblacionales. Los pueblos más afectados fueron los ubicados en los valles y cañones, aptos para cultivos más lucrativos y la cría de ganados. Sus terrenos colectivos salieron del control eclesiástico debido a la temprana legislación desamortizadora aplicada en Jalisco. Familias despojadas no tuvieron más remedio que replegarse hacia las serranías históricamente habitadas por los pueblos náayari y wixárika. Según el testimonio de un fraile, los wixaritari de San Sebastián padecían “escasas siembras por falta de terrenos, que aun las pocas que hay pronto serán despojados de ellas, si el Supremo Gobierno no da una ojeada de misericordia y de protección sobre estos desgraciados, como les sucedió a los del pueblo antiguo de Ostoque, cuyos indígenas se ven reunidos a éstos de San Sebastián”.

En el séptimo cantón de Jalisco (hoy Nayarit), el descontento por la desamortización llevó a pueblos con problemas comunes a organizarse como “los pueblos unidos del Nayarit” y reconocieron a Manuel Lozada como su jefe, en defensa de “dar a cada cual lo que es suyo”. Durante las guerras de reforma y la invasión francesa, la organización restituyó la autonomía política y territorial de los pueblos y tejió alianzas entre líderes como Dionisio Gerónimo, náayari, y Alejandro Guerrero, huaynamoteco, que tajantemente declararon en 1853: “ya no admitimos que los [mestizos] vuelvan a venir a vivir como estaban entre nosotros todos los que habían comprado terrenos si no quieren dejarlos que los levanten con todo y piedras”. O de líderes como Ventura García y Marcelino Rentería, identificados como “jefes de gavillas”, que merodeaban la zona entre Huajimic y el cañón de Bolaños, cuyos métodos de cooptación fueron objeto de tensiones internas.

Con el fusilamiento de Lozada en 1873, algunos líderes pactaron con las tropas liberales de Jalisco, pero buscaron asegurar las tierras ganadas durante la guerra en aquella frontera histórica, aprovechando el vacío de poder y la ambigüedad sobre los linderos del séptimo cantón convertido en Distrito Militar en 1867 y en Territorio en 1884, que ante los ojos de Jalisco era “notoriamente anticonstitucional”.

Jefes como Marcelino Rentería, al parecer oriundo de Huajimic, lideró operaciones para perseguir y encarcelar a los “rebeldes” en la región vecina (y todavía jalisciense) de Colotlán, como por ejemplo a los tepecanos “revoltosos de Azqueltán”, que por esos años vieron sus pueblos incendia[1]dos por las tropas federales como parte de la campaña de “pacificación” de la sierra. A través de prácticas de extorsión y “del poder de las armas”, además exigió a los wixaritari de San Andrés y Santa Catarina pagos con ganado, bajo la amenaza de “exterminar” sus pueblos, mientras invadía “las tierras de pan llevar y de riego”. En ocasiones protegidos por las autoridades tanto de Tepic como de Jalisco, la documentación da cuenta de incesantes quejas, por ejemplo, del comisario de Bolaños que “protege, consiente y tolera” a los “bandidos procedentes de la sierra de Nayarit”.

En estas condiciones de violencia creciente, la comunidad wixárika de Guadalupe Ocotán insistió ante el director político de Mezquitic: “nos quieren hacer a todos […] que pertenezcamos al 7º Cantón de Jalisco que es Tepic, lo que no podrá ser nunca porque desde tiempo inmemorial hemos pertenecido al 8º Cantón Colotlán”; en situaciones semejantes otros poblados wixaritari quedaron separados de su cabecera en San Andrés Cohamiata del lado de Durango. Ante una nueva disputa en 1888 sobre si San Juan Camotlán, Ostoc y otros tenían como cabecera a Bolaños en Jalisco o al Mineral de La Yesca en Nayarit, el gobernador de Jalisco, Ramón Corona, reconocía que la zona estaba “fuera de la acción de ambos gobiernos”. Así, propuso como solución al conflicto “colonizar de gente honrada el extenso cañón de Camotlán”. Esta ambigüedad en la demarcación de los límites fue exacerbada con legislación porfirista que favoreció el plan de desarrollo ganadero y de explotación forestal en la región impulsado por miembros de la alta política tepiqueña. Personajes como Leopoldo Romano, jefe político de Tepic, o Rosendo Márquez, comandante militar, se adjudicaron tierras en torno a Huajimic, mientras que los terrenos hacia el oriente de Camotlán y fronterizos con Jalisco habían sido declarados “nacionales”.4

La Revolución atajó momentáneamente las invasiones de tierras en la zona fronteriza. La gente de San Andrés y San Sebastián, bajo el liderazgo del comandante carrancista wixárika, Coronel Patricio Mezquite, se armaron, vencieron a los villistas de la región y echaron fuera a los mestizos que se habían asentado en sus comunidades. Pero en 1919 sus propios aliados lo mataron porque, a fin de cuentas, representaba una amenaza para los intereses de las élites locales.

Pronto reanudaron las presiones sobre las tierras. En 1921, autoridades de San Andrés se quejaron ante Jalisco sobre un cacique mestizo de Nayarit, Mariano Mejía, quien injustamente ejercía su poder sobre la comunidad. Y en 1922 el municipio jalisciense de Bolaños empezó a rentar a rancheros mestizos —muchos de ellos de Nayarit— tierras cercanas a Camotlán que Tuxpan reclamaba como propias.

Hasta el gobierno federal tuvo tratos oscuros con los mestizos de Huajimic. En 1924, el profesor encargado de la nueva escuela rural en San Sebastián intentó el “acercamiento de los mestizos entre los indígenas”, lo que implicaba invitar a los representantes de los clanes más poderosos de la región como Leandro Sánchez, terrateniente y ranchero rico cuya familia había dirigido la toma de las tierras de Azqueltán durante el Porfiriato; y Petronilo Muñoz, hijo de Nieves Muñoz, cacique de Huajimic. Usando la retórica indigenista típica de los funcionarios de la SEP del periodo, proponía “que las tierras de la Sierra donde el ‘Huichol’ vive, sean pobladas por familias honradas y trabajadoras, que con su constancia, su honradez y su trabajo contagien, válgame la palabra, al ‘Huichol’ semisalvaje”.

Estas amenazas fueron suficientes para convertir a muchos wixaritari, sobre todo los de San Sebastián, en cristeros. Lucharon contra la milicia progubernamental de Huajimic, pero a pesar de sus victorias locales, la derrota de los cristeros a nivel nacional en 1929 permitió que los rancheros mestizos, ayudados por políticos y militares nayaritas, tomaran la delantera. Petronilo Muñoz, ahora comandante militar en Huajimic, logró restar primero algunas tierras a Guadalupe Ocotán y luego acaparó más de 2 mil hectáreas de San Sebastián. Como solución práctica para la definición de linderos, el mayor Reyes Orozco, nombrado jefe militar en la zona de Camotlán, tomó el sello del ayuntamiento jalisciense de Bolaños y puso otro de La Yesca, Nayarit.

Fue entonces que, en 1938, Cárdenas intentó solucionar todos los problemas de la región. Pero en lugar de delimitar sus territorios comunales de acuerdo con sus títulos de propiedad coloniales, los agrónomos enviados a la región concluyeron que “el deslinde no vendría a resolver los problemas de los indios, ya que éstos no son de tierra, sino económicos, racial y de ambiente”, y otra vez propusieron “hacer una colonización en terrenos huicholes y atraer grandes grupos de éstos a los centros de mayor población”.

Aunque esto nunca fue puesto en práctica como política oficial, a nivel local los caciques nayaritas siguieron con sus maniobras. A un año del plan que les traería “justicia revolucionaria”, las autoridades de Guadalupe Ocotán se dirigieron al presidente, quejándose de que “elementos mestizos, entre los que se encuentra el actual presidente municipal de La Yesca, nos han despojado de una parte de nuestros terrenos”. Pasó otro año y los representantes de Tuxpan viajaron a la Ciudad de México para denunciar que “la Compañía Minera de Huajimic esta[ba] invadiendo [su] territorio.” En 1944, un agrónomo federal denunció que de los rancheros de Huajimic, “los señores Guzmán, entre los que existen militares”, tuvieron posesión de 787.50 hectáreas de terrenos comunales de Tuxpan, mientras que los sucesores del cacique Nieves Muñoz controlaban otras 4 mil 502.50 hectáreas. En 1953 por resolución presidencial, se ampararon 240 mil 447 hectáreas a San Sebastián y Tuxpan como una sola comunidad agraria, pero las invasiones no pararon. Hasta en 1959, los mestizos de Huajimic, otra vez encabezados por Petronilo Muñoz, que ahora se ostentaba como el Jefe de la Policía Judicial en la zona, hicieron una serie de “incursiones a caballo [con] hasta 70 hombres armados, que han atropellado a los habitantes de los poblados indígenas de San Sebastián y Tuxpan, han allanado domicilios y han llegado a capturar a los dirigentes de la Comunidad a quienes han hecho caminar largas distancias a pie y amarrados”.5

En fin, pueblos que en tiempos remotos tuvieron un origen común fueron atravesados por una frontera cuyos efectos en el presente deben mirarse con atención. El compromiso desde el Ejecutivo a dar solución a un “asunto de justicia elemental” en esta región es un punto de partida necesario, pues se han agotado los canales institucionales. Mas la experiencia histórica reitera que la solución a los conflictos no sólo depende de la acción gubernamental, pues la gama de negociaciones que atraviesa la implementación de los acuerdos corre el riesgo de estancarse en el enjambre de intereses políticos y económicos a nivel de la región, las organizaciones criminales, y lo que es más duro, se encharca en el racismo estructural que niega la legitimidad histórica de las demandas de los pueblos. Las soluciones deben ser, ante todo, locales, y la reunión en Jesús María entre pueblos, comunidades y ejidos indígenas y equiparables de todo el Gran Nayar puso de frente que es tiempo para el diálogo y las alianzas. Si, como funcionarios del INPI plantearon, el diálogo que se busca instaurar es “de gobierno a gobierno”, estaremos ante un momento histórico.

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Notas:

1. Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM. [email protected] yahoo.com.mx

2. University College London. [email protected]

3. Las referencias al periodo colonial se encuentran en Región Lira, “La organización colonial en la Sierra del Nayar, 1530- 1722: un espacio pluridimensional”, tesis de licenciatura en historia, UNAM, 2003, y Beatriz Rojas, Los huicholes: documentos históricos, INI-CIESAS, México, 1992.

4. Las referencias al siglo XIX proviene del Archivo Histórico del Estado de Jalisco, Archivo Histórico del Arzobispado de Guadalajara, Archivo Histórico Franciscano de Zapopan, Mapoteca Manuel Orozco y Berra, y otros citados en Regina Lira, “De buenos mexicanos, cristianos, soldados y valientes: pueblos coras y huicholes en la configuración de una región, 1840 a 1880”, en Historia mexicana (vol. 69, núm. 3, 2020).

5. Las referencias al siglo XX provienen de los archivos del Fon[1]do Lázaro Cárdenas del Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de la SEP, el Archivo General Agrario y otros citados en Nathaniel Morris, Soldiers, Saints and Shamans. Indigenous Communities and the Revolutionary State in Mexico’s Gran Nayar, 1910-1940, University of Arizona Press, Tucson, 2020.

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