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LLEGA MARCHA WIXÁRIKA A LA CIUDAD DE MÉXICO

RAMÓN VERA-HERRERA, JOSÉ GODOY Y EVANGELINA ROBLES

HACE VISIBLE LA VIOLENCIA PERMANENTE

Finalmente unas 200 personas, comuneras y comuneros de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, marcharon más de 900 kilómetros, durante casi un mes, desde su territorio hasta el zócalo de la Ciudad de México. Una representación logró entrevistarse con el presidente, quien dijo por twitter, luciendo la foto de grupo: “Recibí a las autoridades de la comunidad wixárika. Estamos ayudando a resolver sus añejos problemas agrarios. Es un asunto de elemental justicia”.

Tal vez el comentario que más resume el momento es el de Elisa Ramírez, quien anotó en su facebook: “Una fotografía y la certeza de que resolverá un problema de 60 años antes de finalizar éste. Ojalá. Estemos pendientes”. Y entendemos que la certeza la expresa el presidente, y de lo que tenemos que estar pendientes es de que cumpla su compromiso.

Al llegar los wixaritari dieron una conferencia en el Antimonumento por los 43, donde reiteraron su exigencia de que les sean restituidas las más de 11 mil hectáreas de tierras que mantienen invadidas personas de Huajimic y Puente de Camotlán, en un conflicto que dura ya muchos años. Pernoctaron el primer día en la Villa de Guadalupe, donde hicieron ofrendas y pagaron mandas en el santuario del Cerrito y pernoctaron en un parque aledaño calentados por la lumbrada que no falta, arrimados unos en la carpa que les pusieron y otros se acurrucaron entre los árboles al aire libre, como se hace en los campamentos que luego tienen que hacer cuando viajan por la sierra.

Al otro día se mudaron al zócalo y montaron campamento hasta que los recibiera el presidente.

Para nosotros, la foto que marca la visita no es la de las autoridades wixárika y el presidente, sino la foto del comisariado de San Sebastián parado junto a la Puerta Mariana con una bandera esperando a entrar, y donde nadie, nada, responde. En su columna “Los de Abajo” en La Jornada, Gloria Muñoz Ramírez resumió ese instante narrando la ausencia del presidente, de gira por Sinaloa, que “dejó dicho a un personero de palacio que la autoridad del pueblo wixárika podría pasar a tocar la puerta, sabiendo que no se abriría”.

El momento mostrado deja como flor de asfalto que los gobiernos nacionales no terminan de entender lo crucial que son marchas así para los pueblos, ni el gesto de los wixaritari, ni su entereza y fuerza histórica.

Porque el corazón de la marcha, a fin de cuentas, no está puesto en que los reciba el presidente, aunque así lo quieran manejar los medios, sino en que se les haga justicia, en que los rancheros de Huajimic abandonen esos predios y los dejen vivir en paz. Como comunidades wixárika buscan retomar el camino que habían emprendido en los últimos años del siglo XX cuando (mediante la movilización y más de diez años de litigio participativo, codo a codo, en trabajo diario y coordinado, comunidades y grupo de asesores jurídicos, redes de apoyo de derechos humanos y alianzas entre el movimiento indígena) habían logrado la restitución de más de 78% de las 50 mil hectáreas invadidas, en una andanada de juicios que fueron ganando por la claridad de sus argumentaciones, sus documentos probatorios y la fuerza colectiva de las comunidades. En ese momento tejían una gran unidad como pueblo wixárika para exigir sus derechos y reivindicaciones, lo que culminó entre 1997 y 2006 cuando crecieron proyectos autogestionarios de todo tipo y la población wixárika se redistribuyó voluntariamente para reforzar la orilla del territorio y desalentar o resistir con eso nuevas invasiones.

Lo cierto es que la violencia ha sido permanente y desde las grandes ciudades se ha mantenido invisible: una violencia expresada en el despojo y la invasión, en la tala continuada de sus bosques más antiguos como Maye Niuhwe y en un hostigamiento expresado en quemas de casas, violencia hacia la población originaria (sean mujeres, ancianos, niños y hombres), romperles cercas, echar el ganado a las milpas y prospectar minería. También ha habido arrastrones, golpizas, emboscadas y asesinatos. Desde 1998 se documentaba la tala ilegal de empresas como Triplay y Maderas del Norte, tanto que en junio de ese año las comunidades se movilizaron para frenar los camiones y las motosierras después de un año de alertar a las autoridades. Pero la Semarnap de entonces le otorgó a uno de los principales “posesionados” de Huajimic (Francisco Quintanilla) concesiones para talar el bosque wixárika, lo que viola por lo menos 7 artículos del Convenio 169 de la OIT y varias leyes mexicanas en la materia.

De entonces a la fecha y pese a que en 2007 comenzaron a activarse nuevas demandas de San Sebastián para completar la restitución del 22% restante de tierras, la sierra no estuvo en calma. Ni la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) ni el Programa de Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) han logrado nada para “poder ejecutar las sentencias de los tribunales agrarios”, al punto de que en 2016 y en 2018, cuando quisieron hacer actos de devolución y entrega de las tierras, los ganaderos de Huajimic bloquearon amenazantes los accesos, e impidieron “el libre tránsito a sus comunidades y el abastecimiento de víveres y artículos de primera necesidad”.

Esta incapacidad de las instancias gubernamentales para hacer cumplir con los fallos de los tribunales (o la falta de voluntad política de las autoridades encargadas de ejecutar las restituciones, o el miedo de quienes deberían acatar las sentencias a las represalias y venganzas) es lo que hoy es la prueba del ácido de esta nueva etapa que se abre para este conflicto, porque la tala del bosque continúa. Todo el tiempo en que las y los representantes wixaritari caminaron y mantuvieron el plantón, en el predio Cuernavaca, en particular, los invasores continuaban talando aceleradamente para sacar la mayor cantidad posible de madera por si a la hora de la hora se tienen que salir, denunciaron varios comuneros wixaritari.

La marcha logró visibilizar la fragilidad de la situación en que viven debido a que los núcleos de rancheros que han acaparado el territorio wixárika persisten en un racismo que corroe la región (y todo México). Un racismo que promueve que haya ya grupos de investigadoras e investigadores que le fabrican pasados a modo a los rancheros de Huajimic para hacerles ver como pueblos originarios —cuando que toda su actitud no es la de una vecindad ni una convivencia entre iguales, sino la de patrones y caciques. Por un lado desprecian y aprovechan a los wixaritari como peones, les amarran apadrinando a sus niños para así convencerles de que les renten sus tierras, aunque ya los tribunales los hayan desalojado de esos predios en particular, y por otro, su conducta provoca un clima de zozobra que las indemnizaciones del tiempo de las Brigadas de Focos Rojos propiciaron al capitalizar a algunos que ya habían perdido los juicios, pero que desde la vecindad siguen incidiendo en la intranquilidad de la región.

La marcha entonces es la expresión de la necesidad y el derecho que le asiste al pueblo wixárika de ser reconocido en su territorio, con autonomía y libre determinación, y desde ahí exigir que no sólo se cumpla con la ley y los dictámenes de los tribunales, sino que las autoridades logren un verdadero clima de paz, justicia y respeto.

La necesaria reconstitución integral del territorio de la comunidad de San Sebastián y Tuxpan, y la urgencia de la unidad del pueblo wixárika para que reviva los proyectos que iban perfilando entre 1990 y 2006, podrían ser un paso importante, como lo señalaron varios comuneros durante la marcha que regresó a su tierra con la urgencia de preparar las siembras y las ceremonias —y con la esperanza de terminar de una vez por todas con este interminable ciclo de violencia.

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