ENTREGARLE SUS TIERRAS A SAN ISIDRO

El 30 de junio se inició en el Ejido San Isidro, en el Sur de Jalisco, el proceso de entrega formal de 280 hectáreas de tierras que desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, en 1939, les habían sido otorgadas como ejido a las comunidades campesinas que las solicitaron para independizarse de caciques y hacendados regionales.

Fueron 83 años los que tardó el gobierno en cumplir su compromiso con San Isidro, después de la lucha de cuatro generaciones que enfrentaron persecución, cárcel, asesinato y desaparición a manos de propietarios privados y empresas, que se apropiaron de los territorios otorgados durante la reforma agraria del presidente Cárdenas.

Los usurpadores de la tierra destruyeron en estas ocho décadas la fertilidad de los suelos, acapararon el agua, cerraron el paso y violaron innumerables derechos de las comunidades locales.

El gobierno federal ordenó la restitución de las tierras al menos tres veces: en 1993, en 1998 y en abril de 2022, pero siempre la complicidad entre los falsos propietarios privados y las empresas agroindustriales habían logrado burlar las órdenes federales y siguieron sometiendo y explotando esas tierras y a sus habitantes durante cuatro generaciones.

En San Isidro nunca dejaron de luchar. De la primera generación de ejidatarios todos fallecieron sin acceso a la justicia. Hace apenas un mes murió el señor Isabel Venancio Rosales de 97 años, el último sobreviviente de la primera generación que impulsó la recuperación del territorio.

La empresa que se instaló en las tierras ejidales se conoce como AMWAY-NUTRILITE y sus abusos se han denunciado ante la Organización de Naciones Unidas. Sus violaciones forman parte del modelo de corporaciones agroindustriales que hoy están imponiendo sus modos de producción y agroexportación, nocivos a todas luces para la región.

Amway-Nutrilite tiene denuncias por violar el derecho a la vivienda, la alimentación y la salud; la educación digna, la recreación; el derecho a la dignidad, ya que por la necesidad de un ingreso algunos ejidatarios tienen que trabajar en esa empresa y volverse jornaleros siendo propietarios.

Amway y todo el modelo de invernaderos también han violado el derecho al disfrute del agua de lluvia, ya que utilizan cañones para desintegrar las nubes y evitar los aguaceros y así que no se afecten sus cultivos industriales.

También ha ocurrido una violación del derecho territorial, porque la invasión a tierras ejidales ha provocado migración forzosa para obtener medios de subsistencia, arriesgando la vida. Así, los verdaderos dueños de la tierra han tenido que irse de indocumentados, desintegrando decenas de familias.

En ocho décadas, campesinas y campesinos de San Isidro pasaron de defender las hectáreas a defender la siembra limpia, sin agrotóxicos, sin transgénicos, aún rodeados de la agroindustria que caracteriza a Jalisco.

Raúl de la Cruz Reyes, presidente del comisariado ejidal, dijo en entrevista “Me va a ganar el llanto pero son 83 años de lucha. Ya nosotros somos la tercera generación y tenemos a la cuarta generación luchando. No perdimos la esperanza. Se ha defendido esta tierra, primeramente fue con los caciques de la hacienda, y después vino lo peor, que el gobierno entregó la tierra a una empresa transnacional, en vez de al campesino. La empresa terminó con todo, con la fauna, con el agua, con todo. Vemos que sacan producto pero los pueblos siguen quedando pobres porque la riqueza se la llevan al extranjero. Aquí lo que está quedando es gente desgastada del trabajo y otros llenándose las bolsas de dinero”. Don Raúl de la Cruz Reyes habla enojado por lo que ha ocurrido pero al mismo tiempo emocionado por el futuro que parece abrirse después de 83 años de lucha para sus hijos, nietos y para todas las comunidades campesinas de México.

Decir que se inició el proceso de entrega nos obliga a insistir en que la voluntad política pesa mucho en estos procesos. Por ahora lo que se logró es que se firmó el acta de posesión y deslinde (a la que se le llama acta intermedia porque se deslindó pero no se ha dado posesión). Y a partir de ahí el proceso volvió a desmadejarse, porque la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) retrasó, de manera irregular, la ejecución parcial del ejido San Isidro al concederle 72 horas a Nutrilite para que “acredite su propiedad de las 280 hectáreas” que hace 83 años que le fueron otorgadas por el gobierno al ejido. Esto como sabemos abre la puerta para que se revire el proceso y se entre en alegatos y documentaciones que ya fueron nulificados en juicio y ya no tienen razón de ser.

Nos debe quedar claro que hacerle justicia a San Isidro representa cumplir con el símbolo de lo que significó en la Revolución la dotación de tierras a núcleos agrarios que habían quedado despojados. Era emprender de nuevo la producción en manos de la gente, en una verdadera promoción de la subsistencia. Esto, en un momento en que el acaparamiento de tierras en la región vuelve a crecer, con desmesura y violencia en los campos de Jalisco. Defendamos San Isidro.