LOS CARACOLES Y LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS

El caracol es un animal místico que contiene la espiral. Y es que, como sugirió Walter Benjamin sobre el tiempo cíclico de la historia, el mundo indígena se finca en otra concepción, el tiempo cósmico de la lucha. El pasado 13 de agosto, los centros de autogobierno indígena zapatista en Chiapas, los  caracoles, cumplieron 19 años de existencia. A pesar de los retos y la pandemia del Covid-19, el proyecto de autonomía zapatista continúa como una alternativa que está generando un nuevo paradigma de lucha por la autodeterminación y emancipación indígena. Ante el proceso de descomposición social en México, los  caracoles  son ejemplo de un altermundo que se aferra a la vida. ¿Por qué su persistencia entre tantos conflictos y violencia en el país? Estos centros y sus Juntas de Buen Gobierno provienen de un proceso fascinante que fusiona los terrenos social, cultural y político. Desde la cosmovisión maya tojolabal el concepto de  jlekilaltik  o  lekil kuxlejal  en lengua tseltal significa ”nuestro bien común” y es el motor que define el mundo de la vida indígena en comunidades mayas de Chiapas.

Uno de los orígenes de la actual situación escalofriante de violencia en México proviene del gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres, firmados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal en 1996, fueron incumplidos, y aunque la Marcha del Color de la Tierra en 2001 intentó con la ley Cocopa (sobre cultura y derechos indígenas) introducir al marco jurídico del Estado mexicano a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, la comisión gubernamental cambió el concepto y las redujo a ”entidades de interés colectivo”. Con ello, no sólo dio paso a la mercantilización total de los recursos naturales dentro y fuera de las comunidades, sino que también dejó al esencial jlekilaltik desprotegido ante el modo de producción capitalista y su industria del crimen organizado.

A pesar del incumplimiento de San Andrés, el EZLN y las comunidades decidieron en sus territorios aplicar de facto su autonomía. Comenzaron con hacer nacer cinco caracoles en 2003. Las leyes de autogobierno que se aplican en los territorios zapatistas y regiones aliadas suponen el desarrollo de un entramado jurídico autónomo, sin embargo, en la práctica también han tenido que establecer un diálogo no sólo con comunidades que responden a gobiernos municipales oficiales. Un fino y delicado trabajo de procuración pacífica de equilibrios campesinos colectivos se despliega a veces con éxito, a veces con tropiezos.

Entre 2003 y 2017, se desarrollaron importantes encuentros y festivales entre las bases de apoyo y miembros de la sociedad civil, lo mismo con integrantes de movimientos altermundistas y organizaciones sociales de América Latina.

Entre 2008 y 2014, Chiapas era todavía la otrora perla de la paz en el país y los caracoles eran de relativo fácil acceso para activistas y organizaciones. Pero para 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad había alertado de la barbarie nacional en marcha, y como prueba indiciaria, durante algunas asambleas nocturnas en una comunidad tojolabal era posible escuchar e imaginar lo que vendría. Se anunciaba la violencia paramilitar en las regiones y con ello el eventual cierre del altermundo indígena zapatista para la sociedad civil. No obstante, en 2014, ante cualquier pronóstico, la iniciativa exitosa de la Escuelita Zapatista sólo fue detenida por el asesinato de José Luis Santis López, el maestro Galeano, y con ello se prendió la alerta irreversible de lo que ahora sucede en Chiapas. La guerra interna en México, con su punto de inflexión en Ayotzinapa, desplegó hacia el sureste con mayor intensidad al crimen organizado solapado por autoridades locales en regiones y carreteras de Los Altos de Chiapas. En el corredor Guatemala-Comitán-San Cristóbal-Tuxtla se incrementó la trata de migrantes, el paramilitarismo y la actividad del cartel de Chamula, de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, por sólo mencionar algunos.

Sin embargo en 2018, y con todo en contra, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena impulsaron al Concejo Indígena de Gobierno y a Marichuy a la presidencia. Un año después el EZLN anunció la creación de siete caracoles adicionales, lo que generó sorpresa y esperanza. Ni la primera etapa de la pandemia del Covid (2020-2021) detuvo el ataque a los zapatistas, lo mismo para Tila, Nuevo San Gregorio y Aldama.

La actual guerra en México y sus consecuencias para Chiapas tienen su origen en la falta del cumplimiento del pacto social de los Acuerdos de San Andrés. El EZLN y el CNI intentaron mediante ese esfuerzo proveer de blindaje a las comunidades indígenas del país, considerándolas como sujetos con vida y no “entidades-objetos” capaces de convertirse en valor de cambio, es decir, en mercancía para las relaciones de compra-venta. Que el Estado mexicano haya negado sus fundamentos originarios fomenta y tolera el paso libre y salvaje no sólo de empresas turísticas y extractivas multinacionales, sino también la penetración de grupos armados del crimen organizado en todo el territorio nacional. Con esa colusión institucional, los cárteles y paramilitares se valen para despojar territorios, cooptar a indígenas y campesinos y provocar la siembra de narcóticos en comunidades, reclutar jóvenes para el narcotráfico y reducir al mínimo el derecho a vivir en paz en amplias regiones, pueblos y ciudades. Se trata de la avanzada etapa neoliberal de la expansión del capital en México a través de la guerra y el crimen.  La tragedia que se vive en el país sólo puede detenerse con la refundación de un renovado pacto social, la transformación de la vida social que, aunque lejana, tiene la inspiración del caracol en marcha.