DESAPARECIDOS GARÍFUNAS: LA BÚSQUEDA NO TERMINA

EN EL MARCO DE LAS PROTESTAS EN RECLAMO POR LA APARICIÓN DE CUATRO COMPAÑEROS Y POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y SUS TERRITORIOS SAGRADOS, EL CÓDIGO PENAL DE HONDURAS VUELVE A SER USADO PARA CRIMINALIZAR A QUIEN BUSCA JUSTICIA, TIERRA Y LIBERTAD

Hace más de dos años que cuatro compañeros garífunas, integrantes de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), se encuentran desaparecidos. Más de dos años de lucha por la exigencia de su aparición con vida y por los derechos de las defensoras y los defensores del territorio garífuna.

Alberth Snaider Centeno, Suami Mejía García, Gerardo Trochéz Cálix y Milton Martínez Álvarez son personas que defienden los derechos culturales y territoriales, así como la propiedad común de las tierras ancestrales de las comunidades garífunas de El Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, que son sólo algunas de las comunidades de este pueblo con más de doscientos años en el país.

El 18 de julio de 2020 fueron secuestrados por más de 30 hombres armados y vestidos con el uniforme de la Dirección Policial de Investigación de Honduras.

El 11 de noviembre de 2020, los familiares de los cuatro jóvenes, junto a la Ofraneh, fundaron el Comité de Búsqueda e Investigación de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA), instancia basada en el derecho indígena, en la que se reúnen instrumentos y experiencias interdisciplinarias para evidenciar y luchar contra los diversos mecanismos de violencia que sofocan a las comunidades garífunas en el norte del país. Su lucha en particular es contra la desaparición forzada.

A pesar de la exigencia a nivel nacional e internacional de que SUNLA haga parte del proceso de investigación, y a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado centrarse en la búsqueda e investigación del paradero de los compañeros, el Ministerio Público sigue negándose a esto y a la creación de una Fiscalía Especial para la Desaparición Forzada. Ha decidido jugar de parte de los intereses del poderío turístico y del monocultivo que sigue despojando a los pueblos garífunas de sus tierras ancestrales, culpabilizando y criminalizando a las organizaciones en lucha.

El pasado 9 de agosto, en el marco del día de los Pueblos Indígenas, Ofraneh, junto al pueblo garífuna y otras organizaciones indígenas y de derechos humanos de Honduras, realizaron una protesta pacífica en las instalaciones del Ministerio Público de la capital del país, denunciando la inoperancia de los entes investigativos por parte del Estado. Luego de un par de horas al interior del ministerio público, sin ser atendidos por el fiscal general ni por ningún otro funcionario, Miriam Miranda, coordinadora de Ofraneh, y las compañeras y compañeros del pueblo garínagu, leyeron conjuntamente un comunicado en que aclaraban las razones de su presencia en el lugar: la restitución de sus derechos ancestrales territoriales, el respeto a su identidad y la autonomía para recuperar la paz y la seguridad en sus comunidades, y denunciar el trato racista que viven los pueblos indígenas por parte de las instituciones.

Es a partir de esta acción de protesta y denuncia del pueblo garífuna que la Fiscalía Contra los Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal deciden hacer una serie de requerimientos jurídicos de investigación, diciendo que obedecen a ordenes de superiores, contra miembros de la comunidad garífuna, integrantes y coordinadores del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), coordinadoras y miembros de la Ofraneh a SUNLA y a casi todos los presentes ese día, nombrando en específico a tres personas: Miriam Miranda, coordinadora general de la Ofraneh, Edy Tábora, miembro de la mesa jurídica de SUNLA y abogado de la Ofraneh, y Luther Castillo, miembro de la Ofraneh y ministro de Ciencia y Tecnología, alegando los delitos de perturbación del orden público y privación ilegal de la libertad.

Dialogando con Edy Tabora, uno de los acusados y fundador del bufete Justicia para los Pueblos, que ha tomado la defensa de los implicados, nos hizo notar que los cargos por los que se acusa fueron rectificados en el Código Penal, en los años del gobierno narcomilitar de Juan Orlando Hernández para mejorar las herramientas represivas contra los movimientos en defensa de la tierra, que al seguir viviendo y resguardando sus territorios de los megaproyectos son acusados de usurpación de la tierra, del agua, el bosque, etcétera, por las grandes empresas nacionales y trasnacionales.

Y que en el momento que las organizaciones se manifiestan contra estas medidas represivas en las instancias estatales o gubernamentales son acusados de perturbación del funcionamiento de las instituciones públicas, o abiertamente del orden público.

Y ahí es donde podemos ver la situación que está atravesando Honduras, porque en México lo vivimos hace no mucho tiempo, ese momento complicado, triste para algunos, difícil de aceptar para otros, en que el espejismo de los gobiernos progresistas empieza a dejar caer la capa de las promesas que lo llevaron al poder y a revelar su incapacidad de transformación.

El abogado Tábora nos dijo: “Pareciera que debieron acabarse las denuncias con el ingreso del nuevo gobierno, pero no, y ahí creo que está uno de los grandes problemas. Entonces las herramientas de criminalización existen, las instituciones que criminalizan siguen vigentes, y con las mismas personas que durante los últimos 12 años lo han hecho sin ningún control”.

El congreso lleva ocho meses en funciones y una de sus principales promesas fue la revisión del Código Penal, constantemente rechazado por la sociedad hondureña, que sigue fungiendo como un aparato para la represión de los movimientos sociales, en particular de las organizaciones en defensa del territorio.

Ahora, en el marco de las protestas en reclamo de la aparición de los cuatro compañeros y por la autodeterminación de los pueblos y sus territorios sagrados, el Código Penal vuelve a ser usado para criminalizar a quien busca justicia, tierra y libertad.

Pero como dice Miriam Miranda: “Ellos que no entienden y vienen a decirnos después de 500 años que no entendemos, ¿y por qué seguimos vivos? Porque conocemos lo que queremos y sabemos nuestros derechos. Van a seguir persiguiéndonos, judicializándonos y criminalizándonos, pero no nos van a hacer desaparecer, que es lo que quieren ellos. Han querido desaparecer a todos los pueblos originarios y no han podido”.