LOS FAMILIARES DE LOS 43, CON LA FRENTE EN ALTO OCHO AÑOS DESPUÉS / 306

El octavo aniversario de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa devino en un parteaguas en las investigaciones sobre el paradero de los jóvenes.

El centro de la lucha de estos años son, sin más, los 43 jóvenes normalistas desaparecidos por el Estado, y sus familiares que no han claudicado ni un momento en la búsqueda de su paradero. “Han pasado 8 años de los hechos y lo que se juega ahora mismo es el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Los familiares han mantenido todo este tiempo la misma consigna: ‘Vivos se los llevaron, vivos los queremos’, pues es el anhelo, la demanda de todos los familiares de desaparecidos en todo el mundo y hace referencia a que quien se los llevó, tiene que regresarlos”, subrayó Carlos Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en la presentación del cuarto informe de este organismo mandatado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Beristain colocó al frente de todo el caso a los familiares de los 43, quienes continúan sin conocer el destino de sus hijos. Reconoció que aunque las investigaciones arrojan lugares de posible inhumación y muerte, “sigue sin saberse el paradero”. Todo este tiempo, lamentó uno de los cuatro integrantes del Grupo de Expertos, “los familiares han tenido que enfrentar informaciones contradictorias... Han sido sometidos a una situación intolerable. No hay dolor peor que el de la desaparición forzada de un familiar, pues es una herida permanentemente abierta”. Estos padres y madres se preguntan hoy “si hay voluntad de resolver el caso y cuál es el compromiso de las autoridades para llegar al objetivo de saber dónde están los jóvenes”.

Durante la manifestación del octavo aniversario de la desaparición, fue precisamente ésta la demanda: “Señor presidente, queremos la verdad, porque mientras usted no nos dé prueba de que están muertos, nosotros seguiremos en las calles luchando por nuestros hijos, porque los amamos y los queremos de regreso”, dijo Blanca Nava, madre de uno de los normalistas. Y añadió: “Dicen que no hay indicio de vida, pero nosotros decimos que no hay indicio de muerte, porque no nos han dado prueba”.

“¿Qué piensa el gobierno? ¿Qué se va a seguir burlando de nosotras?”, cuestionó frente a los miles de asistentes que llegaban a la plancha capitalina. “No nos van a dejar aquí abandonados como lo han hecho en otros casos. Queremos que todos caigan, desde el de abajo hasta el de arriba, que nos den respuestas, pero respuestas científicas”, advirtió la mamá de Jorge Álvarez.

Por su parte, doña Joaquina García, madre de Getsemany, dijo que a pesar de que el gobierno federal declaró el 26 de septiembre como día de luto nacional, “las madres no sentimos ese luto porque no tenemos ninguna prueba científica de que nuestros hijos están muertos”. Y es que entre la desaparición y la muerte hay una brecha enorme. La narrativa oficial los lleva a enterrarlos, pero los familiares insisten en que mientras no les entreguen pruebas científicas nadie puede negarles su derecho a seguirlos buscando con vida. Hablan, por ejemplo, de que sus camas permanecen intactas, de que no se ha sacado nada de sus roperos, de que sus artículos personales continúan en el mismo lugar. Y eso es lo que los y las mantiene en las calles.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, a su dolor le suma el coraje. Y tira parejo. Terminó el voto de confianza a la actual administración, a quien considera también “culpable”, pues, aunque se dieron algunos avances, “cuando fue la hora de tocar al ejército, se vino para abajo, todos se echaron la bola y el Fiscal General de la República se desistió de las órdenes de aprehensión contra estos individuos”.

Navarrete se refiere a las 83 órdenes de detención que se dieron a conocer con bombo y platillo, entre las que se encontraban 20 militares, pero días después la misma Fiscalía se desistió de 21, entre ellas las de 10 soldados del 27 Batallón que estuvieron en Iguala en los momentos de la desaparición.

“Hoy estamos lejos de obtener verdad y justicia. En las investigaciones sólo existen hipótesis sin solidez probatoria... Hay líneas y más líneas de investigación que sólo aumentan nuestra incertidumbre y dolor. Como en el gobierno anterior, la jerarquía militar toma la tribuna política y desde ahí lanza amenazas contra quienes les imputan crímenes y violaciones a derechos humanos. Los militares se niegan a ser investigados pese a la existencia de pruebas que establecen su responsabilidad directa e indirecta en la agresión de nuestros hijos, mismas que han sido valoradas por los jueces que libraron órdenes de aprehensión. No quieren ir a rendir cuentas ante los jueces civiles, se sienten intocables. Jueces y ministerios públicos sucumben ante el poder militar, cancelando órdenes de aprehensión que existían en su contra”, acusaron durante la lectura de su postura en el zócalo capitalino.

Las madres y padres, como señaló Carlos Beristain, están al tanto de todo, pues son sujetos y no objetos de esta historia. Hilda Legideño, mamá de Antonio Tizapa, dio lectura sin tregua al comunicado del Comité de Padres y Madres de los 43: “… las imágenes de la violencia irracional de policías, soldados y delincuentes desplegada la noche del 26 de septiembre contra nuestros hijos golpean nuestra memoria en estos días. Sus acciones siniestras, desapareciendo y matando a jóvenes que sólo querían ser maestros, ilustra la podredumbre de las instituciones de un Estado decadente”. Y remata: “Cuatro años del gobierno anterior y cuatro del actual han sido insuficientes para darnos verdad. La administración pasada se confabuló con policías, soldados y delincuentes, construyendo una investigación penal basada en tortura y manipulación de evidencias, para maquillar los hechos y ocultar el paradero de los 43. Por su parte, el gobierno actual pese a su compromiso de esclarecimiento, sólo ha presentado avances parciales”.

Durante las jornadas de lucha alrededor del octavo aniversario, los familiares, compañeros y organizaciones y personas solidarias reclamaron a la Fiscalía la ejecución de la totalidad de las órdenes de aprehensión. Fueron a la embajada de Israel para exigir la extradición de Tomás Zerón, ex director de la extinta Agencia de Investigación Criminal, acusado de ocultar pruebas y torturar testigos. Y llegaron hasta la puerta 1 del Campo Militar, donde la consigna #FueElEjército se escuchó con fuerza ante la policía militar que salió a reprimirlos.

“Este gobierno criminaliza nuestra forma de lucha y protesta. Se acude al fantasma de la infiltración e intereses ajenos para descalificarnos, invisibilizando e invalidando nuestro dolor y digna rabia”, advirtieron en una postura colectiva que reclama que “las guerras intestinas dentro del gobierno golpean a funcionarios que muestran compromiso con el caso, relegándolos y restándole mérito al trabajo que realizaron, creando un ambiente enrarecido que frena el avance del caso”.

“Alzaremos nuestra voz, recorreremos las calles del país y elevaremos el nivel de nuestra lucha para lograr verdad y justicia”, dijeron, con la frente en alto, quienes ya nada tienen que perder.