EXTRACTIVISMO SALVAJE Y CONTRAINSURGENCIA. LA NUEVA “GUERRA FRÍA” EN GUATEMALA

“Nosotros no queremos otras tierras, queremos las nuestras, porque aquí vivieron nuestros abuelos y abuelas y sólo nos lo han quitado”. Palabras de un líder de la Sierra de Las Minas

Los desalojos en las comunidades de Chicoyoguito, comunidad Marichaj, Chi’ Ax y Tres Ríos en Alta Verapaz, Se’ Unup en Petén y en esta última semana, las comunidades Pancoc, Monjon, Washington, Dos Fuentes, Kalija, Moxante, Balamche de la Sierra de Las Minas,1 nos confirman que el Estado guatemalteco se está preparando para fortalecer el modelo de desarrollo extractivista, usurpando las tierras y territorios de los pueblos indígenas, bajo una nueva doctrina contrainsurgente.

Sobre esto no nos queda la menor duda, sobre todo cuando nos enteramos, por un lado, del favoritismo a las élites económicas y políticas que tiene la Corte de Constitucionalidad al no aceptar los amparos que han presentado las comunidades para la devolución de sus tierras y territorios. Y por otro lado, el XXV Congreso Jurídico, convocado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, “Certeza Jurídica de la Propiedad Inmueble: Base del Desarrollo de Guatemala”, en el cual expondrán funcionarios y profesionales que tienen una relación profunda con el grupo criminal que ahora controla el Estado, como la Fiscal General, Consuelo Porras.

La institucionalidad que se ha creado para “demonizar” las demandas justas de los pueblos indígenas, como el Observatorio de la Propiedad del CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), impulsado por ACDEPRO (Asociación en Defensa de la Propiedad Privada), y la creación de las fiscalías contra el delito de usurpación en el Ministerio Público, además del papel que juega el ejército, la policía nacional civil y los medios de comunicación corporativa tanto digital como impresa, radial o televisiva, tiene como fin continuar con el proyecto de la Guerra Fría, que podríamos denominar “Guerra Fría 2.0”.

La institucionalidad que supuestamente se creó para proteger los derechos humanos universales como la PDH (Procuraduría de los Derechos Humanos), la COPADEH (Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos), PGN (Procuraduría General de la Nación), entre otros, y la institucionalidad agraria como el Fondo de Tierra, RIC (Registro de Información Catastral), están igualmente controlados y creados para seguir con la cruzada de militarización y el despojo de la tierra y territorio de los territorios indígenas, violando el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA y todos los demás instrumentos en materia de derechos humanos en donde el Estado es parte.

Por la forma como están actuando las fuerzas armadas y de seguridad en los territorios indígenas, pudiera ser que está en marcha una nueva doctrina militar y policial, en donde les podrían estar ensenando a la tropa y fuerzas de policía que el enemigo a vencer son las comunidades indígenas y no los miembros del crimen organizado. Eso quiere decir que se configura una forma de represión anticomunista, que no sólo ve como enemigo al periodista alternativo o jueces y fiscales contra corrupción, sino a pueblos, comunidades, líderes y lideresas, profesionales y quienes tienen como consigna disputarle al Estado y a los grupos de poder la tierra y el territorio, como un derecho histórico de los pueblos originarios. Por eso no es casual la supuesta pasividad y parsimonia con la que actúan, ante las demandas indígenas, la Corte de Constitucionalidad, el Ministerio Público, los jueces en toda la región, la PDH, la PGN y otros entes que tienen como función hacer valer el principio constitucional del “Bien Común” y la “protección y vigilancia de los derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas”. Tampoco es casual la forma prepotente como los finqueros actúan dirigiendo los desalojos: “con Tomás no queremos hablar y no quiero tratos con él, con ustedes queremos hablar”,2 argumentaba la hija de un finquero al querer desalojar a una comunidad en la Sierra de las Minas.

Esta nueva política contrainsurgente mantiene los patrones de las anteriores, como la actuación ilegal: “sí sabemos que tienen medidas cautelares, pero están cometiendo una ilegalidad”.3 Y tampoco les importa que el Estado se haya comprometido ante el mundo de no militarizar territorios indígenas, como se establece en la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas: “No se llevarán a cabo actividades militares en las tierras o territorios de los Pueblos Indígenas, a menos que lo justifique un interés público pertinente o que los Pueblos Indígenas interesados lo hayan acordado o solicitado libremente”. Además: “Los Estados celebrarán consultas efectivas con los Pueblos Indígenas interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares” (artículo 30.1 y 30.2).

Otro elemento a analizar, en una próxima entrega, es la “calma” o “tranquilidad ceremoniosa” con que actúan los movimientos sociales y la mayoría de las ONG, como producto del miedo que se percibe en la poca capacidad de acción ante las exigencias de los pueblos en resistencia.

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