DE “MUERTOS” QUE SIGUEN VIVOS Y TIERRAS ROBADAS EN LA MIXTECA DE OAXACA / 311

UN PUEBLO VÍCTIMA DE DESPOJO TERRITORIAL, MENTIRAS OFICIALES Y EL “ASESINATO” FALAZ DE MIL TRECE POBLADORES (MÁS ALGUNOS ASESINATOS REALES Y SANGRIENTOS), LUCHA POR QUE SE LE HAGA JUSTICIA

Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca. Vine a entrevistar a algunos de los 1,013 muertos que el Registro Civil estatal, el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria avalaron que fallecieron. Los encontré vivitos y coleando. Conversamos con cuatro de ellos justo a un lado del panteón, en la loma de este pueblo de la Mixteca Alta, donde hay tres tumbas con tres muertos de verdad, todos asesinados el 30 de abril del 2008, día en que la gente al mando de Freddy Morales, quien está preso por estos crímenes, decidió quitarles la vida en el marco de la lucha por la tierra que históricamente le corresponde a Santo Domingo Ixcatlán, pero que la gente de Chalcatongo, la cuna del exgobernador priísta Ulises Ruiz, reclama como propias para venderlas.

Teresa García Castañeda tiene 65 años, la piel curtida y el semblante triste, como perdido. Es esposa de Inocencio Medina Bernabé, uno de los tres asesinados. A él lo arrastraron y lo torturaron con un tornillo en la cabeza hasta que perdió la vida. “Ese día se cayó todo el pueblo. Se cayó la autoridad municipal, se cayó el comisariado, todo. Fue el día más oscuro para nuestro pueblo”, dice Teresa, y añade: “No sé de dónde sacamos el coraje que nos impulsó a seguir luchando. Nos hicimos más fuertes. Nos fuimos ese día a Tlaxiaco con nuestros muertos. Los fuimos a pasear por toda la ciudad para decir que esto fue por Ulises Ruiz Ortiz y Freddy Morales y toda su familia. Nunca involucramos a la gente de nuestro pueblo, simplemente a la familia Morales Arias y a Ulises Ruiz”.

“Ellos mataron a nuestros familiares para que nos diera miedo y nos rindiéramos. Pero no, al menos yo no”, dice Teresa, y agrega que las mujeres de Santo Domingo Ixcatlán “no vendimos nuestras tierras. Eso es lo que querían, sacarnos de nuestro pueblo y vender nuestras tierras, pero nosotras dijimos que no, aunque ya tuviéramos a los muertos ahí enfrente”.

Paulina Martínez Robles es una mujer delgada y corriosa, sus arrugas hacen que aparente más de los 65 años que tiene. Tenía ocho hijos, pero “la familia Morales me mató a uno porque no estuvimos de acuerdo en la venta de las tierras. Mi hijo se llamaba Gustavo Castañeda Martínez. Nosotros defendíamos el terreno y eso no les gustó a los Morales y los que los seguían”. Paulina no deja de llorar durante toda la entrevista.

Gustavo tenía 25 años, era taxista y aquel 30 de abril trasladaba a una maestra a Chalcatongo. Más tarde su madre escuchó la balacera. “Era una revolución cómo se oían los balazos, tremendos. Agarraron a mi hijo y lo torturaron, lo metieron al carro y le prendieron fuego. Imagínese cómo sufrió mi hijo. Le pegaron y lo quemaron vivo, no podía defenderse. Al otro señor, el que era secretario del comisariado, le pegaron bien feo también, lo arrastraron y lo descarnaron”.

Los tres, Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé, están sepultados aquí, dice Paulina, “porque para el pueblo son héroes, dieron su vida por las tierras. Esa matanza nos despertó. No podíamos creer que gente de la propia comunidad apoyó a los Morales, su ambición pudo más porque les prometieron de 150 a 200 mil pesos si estaban con ellos. Se lo creyeron, pero yo me pongo a pensar cómo fueron tan tontos para creerse que les darían esa miseria, y ni se las dieron”.

El conflicto de tierras es de antaño. En 1767 se reconocen y se titulan los bienes de Santo Domingo Ixcatlán, pero desde ese tiempo la comunidad vecina de Chalcatongo no estuvo de acuerdo. En 1934, cuando asumió la presidencia Lázaro Cárdenas, se tranquilizaron las aguas, pero en 1965 llegó Manuel Ruiz Daza, tío del exgobernador Ulises Ruiz, como asesor del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien firma una resolución presidencial a favor de Chalcatongo.

Cuenta el profesor y actual miembro del cabildo, Héctor Medina García: “Nosotros no sabíamos nada, hasta que Lucio Robles Velázquez, que estaba en el ejército, se dio cuenta de que la resolución salió en el Diario Oficial de la Federación y lo comunicó a los paisanos. Se organizaron, ahí estaba el representante de bienes comunales y se metió un juicio de inconformidad. Ese juicio lo encabezó Patrocinio García Rodríguez y lo culminaron Zenaido García Bernabé y Juan García Santiago. El juicio terminó el 6 de abril de 1983, lo ganó Santo Domingo y se revocó la firma. En 1987 se reconoce nuevamente que sigue siendo territorio del pueblo, se titulan y se certifican los bienes de mil 619 hectáreas, pero quedaron mil 356 hectáreas en disputa con Chalcatongo. Se presentaron las pruebas necesarias y el Tribunal de Huajuapan otorgó una sentencia a favor de Santo Domingo Ixcatlán el 3 de agosto de 1998”.

Chalcatongo no se conformó y en el 2001 interpuso un amparo directo contra la resolución, pero el Tribunal resolvió que la sentencia era definitiva e irrefutable. Después empezó la lucha por la ejecución y en ese proceso se encontraban cuando, en 2005, ya con Ulises Ruiz en el gobierno de Oaxaca, Freddy Eucario Morales Arias, allegado y algunos dicen que sicario del gobernador, sin ser originario de la región, quedó electo como presidente municipal. Ahí, señala Héctor Medina, “se desbarata el asunto”.

El maestro afirma: “Freddy había sido un porro, estudió en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y formó parte del Frente Juvenil Priísta, y en la práctica funcionaba como golpeador. En el 2005 llega a la comunidad y en el 2007 desconoce a nuestro comisariado de bienes comunales, siempre al amparo de Ulises Ruiz”.

En el 2007, el comisariado Paz Aguilar García preguntó a los inconformes “si le entrábamos o no”, y su secretario, Melesio Martínez Robles, “pasaba en la tarde uno por uno para avisar que iba a haber plática en tal casa en la noche. Pero aun así el canijo de Freddy se enteraba de que nos reuníamos. Nos decían la junta de los ratones”, cuenta Medina.

Continúa el maestro: “Todo 2007 se violenta la zona, desconocen a nuestra autoridad comunal, Paz Aguilar García, y comienzan a ofertar nuestro territorio por una suma millonaria de dinero, motivo por el que nuestro pueblo se divide y se genera un conflicto interno, totalmente inducido, que provoca un triple homicidio el 30 de abril de 2008”. Por su responsabilidad en el crimen es detenido Freddy Eucario Morales Arias, acusado de ser el autor material e intelectual de los asesinatos. Pero años más tarde, el 1 de octubre de 2017, “se impone a Alma Morales Arias, hermana del presunto homicida (pues no está sentenciado), con el mismo propósito de vender nuestras tierras al poblado de Chalcatongo”.

Pero antes del nombramiento de Alma Morales, en 2009, y aun estando en la cárcel, nombran a Freddy como comisariado. Pero se cae su nombramiento y en su lugar, en el 2010, nombran a Celso Medina Castañeda, su suegro. Pero incluso el tribunal reconoció que el comisariado quedó acéfalo desde Paz Aguilar.

Cuenta Aarón García Maldonado, del Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán: “Después de que cayó el nombramiento de Celso Medina, el 1 de octubre del 2017, en una asamblea que consideramos que estaba amañada por parte de la Procuraduría Agraria estatal y federal, se autonombra Alma Morales Arias como presidenta del Comisariado de Bienes Comunales. El 16 de noviembre de ese mismo año ella se proclama como comisión única negociadora para la venta de los terrenos comunales y el 11 de diciembre de ese año el gobernador priísta Alejandro Murat Hinojosa firma el convenio con Chalcatongo, en donde cede 70 por ciento de nuestro territorio”.

¿Cómo llegaron a esto? Para concretar el convenio hicieron una maniobra impensable, cuentan los comuneros. En complicidad con el gobernador, la Procuraduría Agraria, el Registro Civil y el Registro Agrario Nacional, dan por muertos a 1,013 comuneros. Maximino Santiago Jiménez, actual y legítimo Comisariado de Bienes Comunales, explica que “para poder adquirir el territorio ellos tenían que nombrar una comisión única para negociar. La ley agraria dice que para que esa comisión sea avalada tiene que contar con la aprobación de 50 por ciento más uno de los comuneros. Y entonces, de los 1,346 comuneros, se necesitarían 674 para nombrar esa comisión”.

Alma Morales Arias, “la comisariada impuesta”, continúa Maximino, “no iba a poder juntar ese 50 por ciento más uno. Entonces fraguaron el gobierno del estado, el Registro Civil, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional y mocharon el padrón. El Registro Civil avala que están muertos 1,013 comuneros, aunque no existan actas de defunción. Quedaron así 350 comuneros y de esos sí podían juntar 50 por ciento más uno”.

Los declararon muertos, añade Aarón, “para que ya no hubiera problemas. En un acta de asamblea los agentes municipales, sin tener atribuciones, declararon que estaban finados. La Procuraduría Agraria giró un oficio al Registro Civil del estado para que avalara la muerte de los comuneros y el director jurídico del Registro Civil hizo un oficio en el que certificó la muerte de los 1,013, sin especificar quiénes eran, para el efecto de que puedan hacerse los trámites agrarios. El Registro Agrario Nacional, por su parte, avaló ese oficio y con ello excluyó a los más de mil comuneros del padrón original”.

“Nosotros desconocíamos el documento en el que se avala la muerte de los comuneros. Se logró encontrar el padrón, porque ni el Registro Agrario ni la Procuraduría Agraria nos lo querían dar, hasta el 2018, que es cuando vemos que faltaban personas. Nos preguntábamos por qué los habían asesinado si sí vivían”, recuerda Maximino.

Lo que ocurre el 11 de diciembre de 2017, con la firma del “convenio de paz”, es que Santo Domingo Ixcatlán le cede 916 hectáreas a Chalcatongo y 440 se quedarían para la zona comunal. Y a cambio de esto, el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer), de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entregaría 22 millones de pesos a quienes acreditaran la representación comunal de Santo Domingo.

La lucha por la resurrección

En agosto de 2008, debido a la violencia desatada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó 177 medidas cautelares a integrantes de la comunidad. Y, en el colmo, 22 de los que aparecen en la lista de los 1,013 comuneros que “murieron” tenían medidas cautelares. Por eso, explica Maximino, “se solicitó a la CIDH que investigara y de ahí salió la lucha por su restitución”. Los 22 se presentaron para decir que estaban vivos y con esto ordenan al RAN que restituya a todos los comuneros en el padrón.

El abogado de la comunidad, Rufino Benítez, relata que la primera acción fue vincular a la Procuraduría Agraria “para saber qué hacer y los llevamos a una asamblea. Nos dijeron que los 1,013 comuneros tenían que firmar para que se restituyeran, pues de lo contrario no iba a proceder. Una sola persona hizo un documento para decir que murieron, pero todos tenían que demostrar que estaban vivos. Lo que hicimos fue que con cinco personas demandamos la nulidad de ese papel de inscripción ante el RAN. Lo curioso, además, es que mucha gente firmó que estaba muerta. Por ejemplo, el señor Rufino García Robles firmó que estaba muerto y avaló que sus hijos también estaban muertos. Pero uno de ellos, Eduardo García Castañeda, encabezó la lucha para la restitución de los 1,013, que al final sí se logró”.

Entrevistado en la loma del panteón, desde la que se observa todo el pueblo, Eduardo García Castañeda, de 47 años y dado por muerto por su propio padre, dice: “Yo no sabía que buscaban específicamente a comuneros, sino sólo que buscaban gente para proceder con una denuncia ante la desaparición de personas en el padrón. Buscaban a comuneros vivos para que fueran a impugnar. En el municipio yo era tesorero y me propuse para ir en el grupo. Yo vine a la comunidad hace cinco años. Somos ocho hermanos y mi mamá nos dio a cada uno un pedazo de terreno, tenemos un título de propiedad, pero aquí se dividen en títulos parcelarios y propiedad privada. El de nosotros es título parcelario, y el hecho de tenerlo implica que eres comunero, pero yo no lo sabía”, explica ante la mirada de sus vecinos.

Eduardo se incorporó a la lucha de la restitución del padrón, pero se necesitaban al menos cinco comuneros que testificaran. Habló con sus hermanos y éstos aceptaron. “Todos nos estábamos enterando que estábamos en la lista de los muertos. Con mi papá rompimos relación desde 1995, ya no vivía con nosotros. Mi papá ahora ya está muy grande, y no habla de eso. No sé si defienda lo que pasó o si realmente sepa lo que conllevó este proceso. Yo no lo he enfrentado ni preguntado por qué firmó que él murió y que sus hijos también. Hasta dijo que a él y a nosotros nos enterraron aquí. Eso es lo que dice el papel. ¿Cómo firmó si se supone que estaba muerto? No lo sabemos”.

Después de un año del proceso, en 2022 se logró la restitución del padrón. Y, por fin, se pudo empezar a organizar la elección legítima del comisariado. “Si dejábamos sólo a los comuneros que estaban, la elección quedaba en manos de ellos y su relación con el gobierno. La venta de las tierras y todo lo que conllevaba esa elección se iba a concretar, pero por eso impugnamos y logramos la restitución del padrón original”, explica Eduardo.

En marzo de 2022 el Registro Agrario Nacional anuló el acta y el registro de 350 comuneros y restituyó a los 1,346 que originalmente existían, con base en la resolución del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46 de Huajuapan de León, con número de expediente 142/2021.

Milpa vs minas

Ha sido tanto el desgaste, los asesinatos, la persecución, las trampas legales y todas las complicidades alrededor de este caso, que la pregunta necesaria es ¿qué hay en estas tierras? El recién nombrado comisariado ejidal responde: “No sabemos cuáles son los intereses aquí, si económicos o políticos, porque siempre hay una traba que pone el gobierno, sin sustento. Estamos en busca de si es verdad que detrás están las minas, las concesiones. Hasta ahorita sabemos que no hay, pero de que hay algo en la comunidad, hay algo, porque no nos dejan tranquilos”.

“Para nosotros”, dice Maximino, “como personas originarias y legítimas de la comunidad, las tierras tienen un valor que nos dejaron nuestros papás, abuelitos y todos nuestros ancestros. Tenemos que defenderlas porque ellas nos dan vida y salud, nos dan el agua, las plantas. Ellos lo venían defendiendo y se nos quedó también la tarea de defenderla. Son tierras en las que sembramos frijol, maíz, haba, papa. Son tierras fértiles. Aparte de sembrar, hay árboles, mucha flora y fauna, agua. De ahí se lleva el agua al centro de la comunidad”.

Para la otra parte estaban los 22 millones que ofreció el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer) para que cedieran las tierras. Pero en el fondo, dice el comisariado, “creemos que también están de por medio las minas. La minera canadiense Alamos Gold llegó a la comunidad a sobrevolar en helicóptero en 2008”, dice, y muestra las fotos de los helicópteros amarillos de la transnacional en su territorio.

Remata Aarón García: “Hay un estudio que hizo un grupo que se llama Ojo de Venado, que marca un camino que pasa por Yosondúa y sale hasta San José del Progeso, donde hay una minera. Y hay otro que llega a Zaniza, donde se dice que está el mayor yacimiento de hierro del mundo. Nosotros estamos en el cruce. Yosondúa tiene doce concesiones y consideramos que ahí está la nuestra, la de Ixcatlán”.

Maximino Santiago es recocido como comisariado y llega la esperanza

Maximino Santiago Jiménez fue nombrado en 2017, ante la ausencia de un comisariado, como representante de los comuneros del pueblo. “Pero una vez que me dieron ese nombramiento, el 1 de octubre de ese año la señora Alma Morales se autonombró comisariada, sin asamblea. Hizo toda una simulación del nombramiento, diciendo que toda la gente estaba de acuerdo. Y a raíz de eso, ya como comité, impugnamos el nombramiento, pero ella ya tenía un plan”.

Maximino asegura que el gobierno del estado elaboró el plan y utilizó a Alma Morales para su ejecución: “Se trataba de entregar las tierras a cambio de dinero. Jamás le explicó a la gente nada, sino que empezó a trabajar a escondidas. Nosotros impugnamos el nombramiento pero ella siguió insistiendo en que era la comisariada, aunque no había seguido los procesos legales necesarios de acuerdo a la Ley Agraria, como hacer la primera convocatoria ni la segunda para su elección. Llegó la Procuraduría Agraria de Oaxaca, hizo el protocolo y dijo simplemente que ya estaba la planilla. Llegaron al RAN, y aunque es tardado tener la credencial, al otro día ya la tenía. Fue muy rápido. Ella siguió defendiéndose, y hubo varios careos en el Tribunal Unitario Agrario”. Un mes después ya estaba el convenio entre Chalcatongo y Santo Domingo Ixcatlán en presencia del gobernador Alejandro Murat. Firmaron para que al otro día fueran al Tribunal Unitario Agrario y quedara asentado que todo se celebró en orden. “Ya tenían todo listo para la venta de nuestro terreno”, dice.

La lucha y acompañamiento jurídico ha estado a cargo de Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), y de Rufino Benítez, quienes han sido fundamentales en todo el proceso de recuperación de las tierras. Ellos lograron que se pegara la convocatoria para celebrar la primera reunión el 5 de febrero de este año. Y luego la segunda convocatoria para celebrarse el 19 de febrero. “Mucha gente estaba ávida de qué iba a pasar, porque estaba la amenaza de que se llevara otra planilla y eso nos iba a conflictuar la reunión, porque podían llevar gente que la reventara, como trataron de hacerlo con pistoleros en la elección municipal”, cuenta Aarón. Pero no fue así y “afortunadamente la elección se dio, a pesar de que la Procuraduría Agraria insistió mucho en si no había otra planilla. Cuando se tomó la protesta las mujeres lloraban. Yo lo sentí y hasta se me enchinó la piel. Cuando terminó la toma de protesta se echaron los cuetes para arriba, sonaron los aplausos. Y tocaron las campanas de la iglesia. Era una fiesta”.

Aarón se sigue entusiasmando con el recuerdo: “Se sentía la alegría de la gente, porque después de 15 años de no tener comisariado y de estar luchando, el momento por fin llegó. Ese momento significó un paso más de una lucha que lleva décadas. Si hay una persona que nos quiere arrebatar nuestro territorio en complicidad con funcionarios del gobierno estatal y federal y llevarse los millones, con el nombramiento de nuestro comisariado Maximino aseguramos que ese territorio no se va a vender”.

La piedra de nube

Las montañas y el afluente del Río Verde hacen de Santo Domingo Ixcatlán un lugar de abundancia de flora y fauna. Los venados pasan por los caminos de ocotes y, dice Aarón, “aquí también hay un lugar sagrado”. Se trata de La Piedra de Nube, que cuando se pone blanca avisa que va a llover. A ella se le ofrenda comida y trago. Una vez, cuentan, los jóvenes empezaron a comerse el pollo y el mezcal de la ofrenda y uno empezó a picotear la piedra con el machete, profanándola. Eran las dos de la tarde y entonces se empezó a nublar y luego a llover. Ese día el agua se llevó a 28 chivos. Los poderes de la piedra trascienden las fronteras de Santo Domingo; por eso, cuentan, se la querían llevar otros nahuales. Llegaron en forma de culebra y empezaron a desbarrancar el cerro para llevarse la piedra. Pero los nahuales del pueblo se dieron cuenta y en forma de rayo empezaron a atacar a las víboras. Había una que comandaba a las culebras, “koo xa’va” (culebra que desbarranca), y a ella le asestaron un golpe y la estamparon en una piedra. La piedra está ahí, con la estampa de la culebra.