UN CAMINO BIEN DIRIGIDO. MIGUEL LÓPEZ VEGA, CUIDADOR DEL AGUA

La gente se arremolina afuera de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, en Puebla, en el momento en que sesiona la audiencia programada para este 29 de marzo de 2023 donde se dirime la reactivación del proceso contra Miguel López Vega, comunero, radialista, constructor de pozos, milpero.

Sobre todo, Miguel es una presencia internacional en la defensa del agua y la vida, lucha que tiene muy preocupadas a las cuantiosas empresas acaparadoras de agua en el país, muchas de ellas internacionales. Son embotelladoras, empresas automotrices, agroindustrias, invernaderos y, en gran medida, la cauda de industrias de todo tipo que vuelcan a los torrentes de agua limpia, a los manantiales y aguas subterráneas, una cantidad tal de tóxicos sucedáneos de sus procesos fabriles, que su uso para actividades saludables queda totalmentedeshabilitado.

Según la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), el proceso judicial en contra del defensor de derechos humanos Miguel López Vega que fue iniciado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) resultó de las manifestaciones de la comunidad de Santa María Zacatepec en 2019, que se opusieron a los trabajos de drenaje industrial y pluvial del Parque Industrial Ciudad Textil.

En enero de 2020, se le imputaron delitos de “obstrucción a que se ejecute una obra pública” y “ataques a las vías generales de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte”, y se le agregó el “de hacer uso de explosivos”. Cinco días después Miguel López fue “puesto en libertad condicionada”, luego de que se le retiraron “dos de los tres cargos en su contra por falta de elementos suficientes”. No sólo no había evidencias suficientes sino que las únicas “pruebas” provenían de declaraciones de dos trabajadores de la CEAS.

El proceso reactivado ahora deriva, según la Red TDT, de una apelación que presentó la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento en enero de 2021 “bajo el argumento de que no había sido informada de la audiencia del 29 de enero de 2020”. Según el abogado de la defensa, la CEAS tenía tres días para apelar lo ocurrido y tardó tres años en reactivar el proceso. “La apelación resultó en la decisión del 16 de marzo de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Puebla de revocar la decisión del 29 de enero de 2020 y citar a una nueva audiencia para el 29 de marzo de 2023”.

Para la gente arremolinada en las afueras de la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, a la que tildan a gritos de “Casa de la Injusticia”, “Casa de la Mierda”, donde “se coluden las empresas y los gobiernos para cortar las luchas de los pueblos”, queda muy claro que la judicialización de la protesta, del activismo que se opone a los megaproyectos, de la resistencia que pone por encima de todo la defensa del agua y la vida, de su soberanía alimentaria y suterritorio y su lucha por la autonomía, la libre determinación de los pueblos, es una manera de socavar las luchas e imponer un uso indebido de la justicia al recurrir a la fabricación de delitos con tal de frenar la respuesta colectiva de las comunidades contra la cauda de irregularidades que se arremolina en todos los megaproyectos, incluida la cuestión del agua.

En su reciente artículo en La Jornada, Magdalena Gómez señala: “El líder comunitario es concejal del Congreso Nacional Indígena (CNI) e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala, y está incorporado al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SG)”. Y apunta con filo algo que muestra de inmediato la lógica del poder que usa la judicialización como forma de frenar los procesos de resistencia: individualizar los cargos. Así Miguel López resulta el “acusado individual al margen de las legítimas decisiones y acciones de defensa colectiva de la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla de la entidad, contra la decisión del Comité Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue) de entubar las aguas industriales del Parque Ciudad Textil Huejotzingo, que desembocarán en el río Metlapanapa”.

Esta individualización es, de facto y a la fuerza, una invisibilización de los pueblos, una desaparición del sujeto político que está exigiendo justicia contra los agravios. Todo entonces se vuelve, en esta fabricación, una postura individual que “no necesariamente refleja lo que la gente quiere”. Esto, como bien señala Magda Gómez, es un “uso discrecional y arbitrario de figuras jurídicas para individualizar procesos penales, en el caso de conflictos y movilizaciones producto de decisiones comunitarias. Lo que resulta incompatible con el conjunto de los derechos humanos, en especial con los colectivos, relativos a pueblos indígenas”.

Frente al tribunal donde se le juzgaba, las señoras increpaban al poder desde su ser comuneras ya mayores preocupadas de su Miguel alegando a voz en cuello: “La lucha de él no es de apenas, es de más de quince años, de estar luchando por nuestra agua aquí, por eso ahora estamos asoleándonos para acompañarlo. Nosotras no tenemos miedo. Miedo nos tienen ellos. Por eso nos fabrican delitos que no hemos cometido”. Y otra anciana de sombrero y delantal a cuadros terciaba a gritos para que se le escuchara en el mundo: “Tenemos que estar unidos porque así no nos van a poder deshacer. Ya ve cómo nos embolsan y luego nos desaparecen, o nos meten a la cárcel, nomás para seguirnos robando estos arrastrados. Por eso les gritamos que se vayan.

Fuera todas las empresas, la Robafont, la VolksWagen. ¡Que le retiren la demanda al joven Miguel! El agua no es nuestra de ahora. Es el agua de nuestros antepasados y nos la legaron para cuidarla nosotras. Por eso aquí estamos”.

En un comunicado dirigido al poder judicial mexicano y a los tres niveles de gobierno, 630 académicos y académicas, investigadoras e investigadores de varios países del continente americano y de Europa, afiliados a diferentes centros universitarios, colectivos, organizaciones sociales y de derechos humanos exigen cesar la persecución judicial en contra del defensor del agua y el territorio Miguel López Vega”. Esta respuesta social, multitudinaria e internacional es parte de las causas del miedo que las ancianas comuneras miran en los ojos de las autoridades. De acuerdo a desinformemonos.org, “la persecución de Miguel López Vega responde a una estrategia estatal más amplia de amedrentamiento y criminalización de las y los luchadores sociales de México, que está generando cada vez más preocupación en la comunidad nacional e internacional”.

Casi al cierre de la edición llega la declaración de Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU para Derechos Humanos, que afirma: “Las autoridades deben poner fin a la criminalización del defensor y garantizar su derecho a defender los derechos humanos”.

Al salir, Miguel López se dirige a la multitud reunida, a Chololan Radio, y ante las redes sociales y medios nacionales e internacionales dice: “buscaron una salida alterna, así le llaman ellos: utilizaron un concepto medio
raro, ‘reparación indemnato’, quiere decir que ellos dicenque me perdonan, como si yo hubiera hecho eso que dicen que hice”. Y agrega: “No es que esta dependencia,un monumento a la corrupción, esté apoyándonos como pueblos originarios. Más bien es una respuesta de la organización de los pueblos, del apoyo de todos y cada uno de ustedes, de los comunicados, de las firmas, de los audiosde apoyo. [...] hay que seguir apoyando a los demás compas que están en la cárcel, a los demás perseguidos, seguir luchando por lo que nos corresponde. La lucha por la vida,por el agua, es lo que somos: vida, agua. Así que nuestro camino está bien dirigido. Y pues si algún día tambaleamos, tenemos nuestros principios, el de mandar obedeciendo, el que desde abajo, el de construir, el de proponer,que es lo que nos han enseñado nuestros compañeros hermanos zapatistas, y le agradecemos al Congreso Nacional Indígena, a todos los colectivos, grupos, a las compañeras otomís, a los compañeros nahuas, a todos los grupos que recuerdan que nosotros teníamos el control de la tierra y del agua”.