CLAMOR POR LA INOCENCIA DE MARÍA LUISA VILLANUEVA

Las imágenes de María Luisa Villanueva, siendo sacada en vilo de la prisión femenil de Atlacholoaya, Morelos, se viralizaron el 2 de febrero pasado. ¿Por qué razones una persona puede rehusarse a ser liberada y salir de prisión? Responder esta pregunta implica contar una historia de injusticias y violencias estatales que, si bien es una historia original, es a la vez la historia de cientos de mujeres indígenas y campesinas que habitan las prisiones de nuestro país, sufriendo las consecuencias de un sistema de seguridad y justicia corrupto, misógino y racista.

Hacía más de cinco años que María Luisa hubiera podido lograr su libertad “bajo beneficios”, pero ella se rehusó a solicitar que éstos se hicieran efectivos porque hubiera implicado reconocerse culpable de los cargos de secuestro que se le imputaban, mediante un proceso judicial viciado y lleno de contradicciones.

Originaria de la Sierra de Coyuca de Benítez, en Guerrero, hija de campesinos comuneros que sobrevivían con una agricultura de auto-subsistencia, sin escuelas, sin clínicas, ni apoyos estatales, María Luisa emigró a los 14 años a la comunidad de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, Morelos, en busca de trabajo para apoyar a su familia.

Nunca imaginó que pasaría 25 años de su vida en el centro penitenciario que se construiría en esa localidad unos años después de su llegada. Como muchas migrantes campesinas, María Luisa se ganó la vida con trabajos precarios de limpieza y servicios, apoyando a su familia en la medida de sus posibilidades.

Sin embargo, su vida dio un giro terrible el 6 de enero de 1998, cuando con sólo 23 años de edad y a pocas semanas de haber nacido su segundo hijo, fue inculpada de secuestro como una represalia contra su pareja sentimental de aquella época. La fabricación de este delito fue la venganza contra el padre de su hijo que idearon policías corruptos de la Unidad Antisecuestros, creada durante el gobierno de Jorge Carrillo Olea (1994-1998). Este grupo especial entrenado en Colombia se caracterizó por institucionalizar el secuestro y la extorsión como parte de sus “estrategias de trabajo”. Fueron muchos los inculpados, extorsionados, secuestrados y asesinados durante esta época. Los nombres de Armando Martínez Salgado, jefe de dicha Unidad, y Jesús Miyazawa Álvarez, entonces director de la policía judicial de Morelos, han pasado a la historia como unas de las autoridades más corruptas y violadoras de derechos humanos del país.

Fue en el marco de este clima de violencia, corrupción e impunidad, que María Luisa Villanueva pasó a ser parte de los “daños colaterales” que dejó un narco-estado local. Las terribles torturas que sufrió, documentadas mediante el Protocolo de Estambul y reconocidas por la Comisión de Atención a Víctimas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, siguen dejando secuelas emocionales en su vida.

No hay nada que pueda reparar la separación de sus hijos, el más pequeño con sólo unos meses de edad, que tuvieron que crecer como huérfanos en un México convulsionado por las violencias.

Durante los años en prisión María Luisa se convirtió en una lectora compulsiva, acercándose a la literatura, a la historia y a la filosofía y apropiándose de la escritura para contar su verdad. Co-autora de varios libros de la Colectiva Hermanas en la Sombra (https://hermanasenlasombra.org/ publicaciones/), reclama su reconocimiento de inocencia mediante cartas, ensayos y poemas:

Me declaro inocente de mi nacimiento Soy inocente de tener un padre pájaro Soy inocente de no soltar la mano de mi madre Inocente por arrastrar un pasado que no pedí Inocente de los delitos que se me imputan… Inocente por no hablar, por mi silencio Por las palabras atoradas, por mis ideas que el viento se llevó…

(Fragmentos de “Inocente Hija de un Padre Pájaro”, en La Esperanza es un Epicentro, 2019).

Con su prolífica pluma María Luisa escribió decenas de cartas reclamando su reconocimiento de inocencia al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a la senadora Nestora Salgado y a varios funcionarios del poder judicial. Su denuncia también fue llevada a la opinión pública a través de una serie de reportajes realizados por la periodista Sanjuana Martínez. Sin embargo, no encontró la respuesta que ella esperaba; no quería “amnistías”, ni beneficios, sino que se reconocieran las responsabilidades estatales en su secuestro, tortura y detención injustificada. Estos agravios han sido detalladamente documentados por el licenciado Eutiquio Damián Santiago, quien durante nueve años ha registrado todas las arbitrariedades que se han cometido contra María Luisa: siembra de pruebas, declaraciones falsas, testigos inexistentes.

Pude acercarme a este memorial de agravios cuando elaboré el peritaje antropológico para su defensa y cuando la conocí hace catorce años, en el marco de los talleres de nuestra Colectiva, descubriendo a la talentosa escritora que es capaz de narrar en poesía o prosa las violencias que ha vivido.

Ahora en libertad, María Luisa sigue demandando verdad, justicia, reparación y condiciones de no repetición para que otras mujeres como ella no se conviertan en “chivos expiatorios” de un sistema de seguridad y justicia que ha heredado el legado de violencias burocráticas y corrupción de los noventa. Prueba de ello es la detención el 4 de agosto pasado del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por su participación en el ocultamiento de pruebas en un caso de feminicidio y otros delitos cometidos contra la administración y procuración de justicia. Precisamente ha sido el Fiscal Carmona una de las autoridades que más ha obstruido y retardado el proceso judicial de María Luisa Villanueva, al no judicializar el caso y negarse a presentar cargos contra las personas que la torturaron. Reconocer los crímenes del pasado implica en cierta medida reconocer la continuidad de un aparato de seguridad corrupto y delincuencial.

Ahora su declaración de inocencia está en manos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, quienes en los próximos días darán su veredicto, teniendo la posibilidad de demostrar que aún existen impartidores de justicia que honran su labor. El magistrado ponente Andrés Hipólito Prieto y la magistrada Bertha Rendón Montealegre pueden hacernos recuperar la fe en la justicia estatal y resarcir los daños que el Estado mexicano cometió contra María Luisa Villanueva y sus dos hijos, marcando sus vidas para Siempre.

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R. AÍDA HERNÁNDEZ CASTILLO es profesora-investigadora del CIESAS.