BIOTECNOLOGÍA Y GOLPISMO BUSCAN “INTEGRAR” CENTROAMÉRICA

En Guatemala se había logrado derogar una “ley de protección de obtenciones vegetales” en 2014. Esa ley, como otras similares, las necesitan las corporaciones para activar en los países la aprobación del Convenio de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV), que pretende dictar quién, dónde, cuándo y cómo se siembran o no semillas y materiales vegetales, sin que la población pueda hacer nada al respecto porque dichas leyes tienen el respaldo y la promoción de básicamente todos los tratados de libre comercio del mundo.

Dicha ley de obtenciones vegetales se había aprobado en junio de 2014, pero el 4 de septiembre de ese año “cientos de personas se concentraron a las afueras del Congreso de la República de Guatemala, pueblos indígenas, organizaciones sociales, comunidades y población en general exigieron al Congreso derogar el decreto 19-2014”. En ese momento se impuso la voluntad popular “y se derogó dicho decreto que ponía en riesgo las semillas nativas y sobre todo el maíz. La derogatoria se sumó a las luchas por la defensa de la soberanía alimentaria y los sistemas alimentarios ancestrales que se vienen gestando por parte de los pueblos indígenas que buscan protegerse contra la legalización de semillas transgénicas, el patentamiento y la privatización de las semillas nativas de los pueblos de Iximulew”, según el recuento que hace REDSAG.

La REDSAG, una organización social, campesino indígena guatemalteca, ha intentado oponerse a dicho reglamento, junto con muchas comunidades indígenas y campesinas, pero no han sido tomadas en cuenta. Desde entonces han emprendido dos procesos de “inconstitucionalidad contra el reglamento” y “un proceso ante la Corte Suprema de Justicia guatemalteca por silencio administrativo del Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO)”. Ninguna de estas acciones jurídicas se ha tomado en cuenta pese a haber sido respaldadas por tres amicus curiae que se presentaron desde Ecuador y México dentro del trabajo del Colectivo de Semillas de América Latina.

Según una comunicación de REDSAG, “innumerables veces se ha pedido al Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y al Consejo de Áreas Protegidas que suspendan dicho reglamento, sin que esto prospere. En una oportunidad se citó al Ministerio de Agricultura para que rindiera información sobre el tema ante Diputados del Congreso, pero la información fue ambigua. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y el Consejo de Áreas Protegidas guardan silencio y esconden información”.

Ante la intentona de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso guatemalteco, que este 6 de septiembre firmó la iniciativa 6283 de Ley de Protección de Obtención de Vegetales para su entrega al Legislativo, la REDSAG salió al paso y declara que exige que dicha comisión “dé marcha atrás” en los avances de reactivación de la susodicha propuesta de ley. Y pide a las organizaciones sociales y autoridades ancestrales a “defender nuevamente sus semillas nativas y criollas ante el peligro de patentización y privatización y evitar la criminalización de trabajadores y trabajadoras del campo”.1

Aunada a la privatización promovida en Guatemala, desde 2018 se ha estado queriendo imponer el Reglamento Técnico RT 65.06.01:18 “de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados OVMs para usos agropecuarios, que permite el Transporte, Movimiento Transfronterizo, Investigación, Experimentación, Manejo, Producción de las Semillas Transgénicas” que es promovido por la Unión Aduanera en aras de aplicar el Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala) y el Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y Personas Naturales entre las repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala. Dicho Reglamento está en vigor desde el 15 de marzo de 2019 y aún está en vigencia.

Este Reglamento, aprobado y promovido por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que dice fundamentarse “en el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología del Convenio de Diversidad Biológica”, está actualizado por la Instancia Ministerial de la Unión Aduanera entre las repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras en una versión del reglamento del 19 de febrero de 2023.

La amenaza de dicho reglamento es hoy más vigente que nunca. Incluye a Guatemala, Honduras y ahora a El Salvador. El Protocolo de Guatemala reglamenta aspectos de la integración económica centroamericana (los mismos que cuentan con el programa Sembrando Vida del gobierno de México), lo que implica normar las condiciones en que pueden o no utilizarse los productos biotecnológicos, pero de ninguna manera busca prohibirlos. Así, además de las condiciones para la liberación experimental, la liberación pre-comercial e incluso la liberación comercial, las importaciones y la gestión de los riesgos, se abren los detalles: que provengan de la “combinación nueva del material genético o una inserción estable en el genoma de uno o más genes o secuencias de ADN de doble hebra…” —es decir, sin afán de minimizar lo incluido en el texto del Reglamento, este ejemplo nos muestra con toda claridad que el documento en cuestión está a la disposición de promover todo el espectro de la biotecnología. Es la legitimación que profieren los tres países de la plenitud biotecnológica que son fundamentales para los tratados de libre comercio. Por ende, es un verdadero ataque a la integridad de los pueblos.

El problema entonces no es solamente un reglamento de organismos genéticamente modificados o de productos biotecnológicos amplios, sino la acción coordinada entre tres países centroamericanos buscando imponer las previsiones más lesivas de las agroindustrias estadunidenses. La tecno-ciencia al servicio de las corporaciones avanza en la amplitud de la aplicación de leyes de privatización y también de reglamentaciones biotecnológicas que además van de la mano de la aplicación masiva de agrotóxicos. Tanto REDSAG de Guatemala, como ANAFAE de Honduras, GRAIN, el Grupo Semillas de Colombia, la Red en Defensa del Maíz de México, además de la instancia conocida ya de Colectivo de Semillas de América Latina, van cundiendo la alarma ante un hecho que también puede tender “una articulación centroamericana y de países amigos para proceder ante los países que han adoptado ya el Reglamento de transgénicos y ver la forma de detener esta catástrofe que pone en serio riesgo el derecho a la alimentación, la salud, las semillas nativas y en general a la madre tierra”.

En Honduras, por ejemplo, teniendo un gobierno que brinda muchas expectativas a los pueblos, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), el Consejo para el Desarrollo Integral de las Mujeres del Campo (Codimca), el Consejo Indígena Lenca Ambiental de Honduras (CILAH), la Unión Campesina e Indígena (UCIH), la Articulación de Mujeres para el Buen Vivir, el Frente Nacional de Juventud Campesina (Frenaju) y la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (Anafae), solicitan a la presidenta “la derogación del Reglamento General de Semillas (Acuerdo C.D. Senasa 001-2021), una regulación que prohíbe a campesinas y campesinos e indígenas utilizar sus propias semillas, obligándolos a comprar cada año semillas certificadas producidas por la industria semillera Nacional e internacional”. También se pide frenar la nueva Ley de Semillas, que complementa dicho reglamento.2

Y mientras REDSAG preparaba “una acción legal nuevamente contra el Ministerio de Agricultura de Guatemala por silencio administrativo y negar información pública, y mientras que a nivel centroamericano se preparan acciones ante el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO), la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Comité Ejecutivo del SICA, y se busca pedir en colectivo a las Procuradores de Derechos Humanos (PDH) de cada país que actúen en este sentido ya que hay violaciones a los pueblos”, en Guatemala la fiscalía general se arrogó la decisión de allanar el Tribunal Supremo Electoral decomisando varias cajas con los votos de las elecciones en las que Bernardo Arévalo parece haber obtenido el triunfo y es, de hecho, el presidente electo.

El 3 de octubre pasado, se declaró un paro nacional indefinido “tres días después de que la fiscalía allanara una cuarta vez el Tribunal Supremo Electoral”. El paro exige directamente la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchinche y el juez Fredy Orellana, a quienes Bernardo Arévalo denuncia que orquestaron e intentaron realizar un golpe de Estado.

Son protestas que miembros mayoritarios de comunidades indígenas emprenden bajo la agrupación “48 Cantones de Totonicapán”. El Parlamento Xinca se sumó también al Paro. Hay por lo menos 17 carreteras bloqueadas por los manifestantes, incluyendo la concurrida entrada del norte de Ciudad de Guatemala y un plantón de “al menos 200 líderes indígenas en inmediaciones de la sede de la Fiscalía”.

Destaca de sobremanera en las manifestaciones y en las comunicaciones de este paro, que conjuntamente con la impugnación del golpe de Estado que se gesta en las acciones de secuestro de boletas por parte de la fiscalía, los pueblos insisten en su rechazo a los transgénicos, a la certificación, al registro, al patentamiento y privatización de sus semillas. Todo esto compactado en la consigna con #FueraMonsanto o #NoALaLeyMonsanto, y #FueraLaLeyPerenco, la iniciativa 6021, que reforma la ley de hidrocarburos para prorrogar los contratos de las petroleras.3

Justo antes del paro las comunidades agrupadas en torno a REDSAG estuvieron haciendo audiencia el 27 de septiembre exigiendo audiencia ante el congreso guatemalteco para manifestar su rechazo a la iniciativa 6283 a la que califican de “ley Monsanto”. La Red Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas organizó foros de reflexión y la demanda de rechazar las leyes de protección de obtenciones vegetales, requisito para imponer el Convenio UPOV 91.

Es decir, junto a las exigencias de frenar el golpismo actuante, las organizaciones arman un paquete de exigencias en esta movilización que da cuenta de los múltiples agravios que están pesando no sólo sobre Guatemala sino en toda la región.

Escuchar a la diputada guatemalteca que pide aceptar UPOV y la ley de variedades porque el mercado mundial exige de Guatemala estándares internacionales por lo que se deben abandonar “especies y variedades envejecidas” es constatar que las élites del poder en Centroamérica buscan tener todas las reglamentaciones, controles, estándares y requisitos para someter a los pueblos a sus intereses particulares. Por eso mismo son capaces de robarse las boletas electorales de una votación nacional, en el intento de apoderarse del poder por vías de hecho que ahora tienen sumido al país en un paro nacional donde las demandas de fondo son: basta de intervención por parte de los poderes en la vida natural de los pueblos, la trayectoria histórica de las comunidades centroamericanas (con la herencia y presencia de pueblos mayas, nahuas, lenkas, garífunas, afrodescendientes y muchísimos más) no puede pasarse por alto.

La región parece ahora estar en la mira de la diada Estados Unidos-México para ir consolidando una región geopolítica de poderío que tiene como espacio de reproducción la zona de sacrificio de la Península de Yucatán y el corredor transístmico, aunado a la integración de Guatemala, Honduras y El Salvador que incluye, como ya dijimos, ¡¡¡programas de políticas públicas del gobierno mexicano!!! Es en ese espacio en el que se decidió instalar Sembrando Vida como parte de un acuerdo con el gobierno de Joe Biden, para “intentar frenar la migración”. Eso comenzó a ocurrir desde abril de 2021. Ahora los datos son contundentes. Informa la página de la presidencia: “La directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Laura Elena Carrillo Cubillas, informó que Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro son los programas a partir de los que el Gobierno de México promueve el desarrollo regional, el cuidado ambiental, la educación, el desarrollo económico y el intercambio comercial”. Según sus datos, “ambas iniciativas generaron 84 mil 947 empleos en El Salvador y Honduras en el periodo 2021-2022. Para 2023, la Amexcid prevé alcanzar 148 mil empleos incorporando a Guatemala, Belice y Cuba como países receptores de estos programas”.

Para la ejecución de esta cooperación, México destinó 63.5 millones de dólares de su erario, según datos de Expansión.

A contrapelo de las macro-proyecciones de los gobiernos, lo que ocurra en ese paro nacional en Guatemala (sumado a la voluntad política de Xiomara Castro de Honduras) puede encauzar o descarrilar un momento inesperado en la agitada vida de las comunidades de esa región. Pero la memoria continúa: nunca se pierde. Sobre ella siembran, y construyen los pueblos ancestrales con sus milpas y sus saberes irrenunciables.

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Notas:

1. Ver comunicado de REDSAG: “De nuevo, quieren patentar nuestras semillas y criminalizar a campesinos y campesinas que se dedican a la defensa de las semillas nativas y criollas”, comunicación personal.

2. Carta dirigida por varias organizaciones a la presidenta Xiomara Castro, 25 de septiembre de 2023.

3. Isela Espinoza, “Parlamento Xinka convoca a paro indefinido, Prensa Comunitaria, 28 de septiembre de 2023.