POR UN HORIZONTE SIN MINERÍA
Tlatlajko ojtle / A medio camino. Foto: Martín Tonalmeyotl
“Somos un pueblo indígena. La minera nunca nos preguntó si queríamos que entrara a explorar nuestro territorio. Exigimos respeto a nuestros derechos como pueblo”, advierte Lucrecia Linares Mina, de la comunidad Cerro de Tzocohuite, municipio de Zacualpan, Veracruz, donde se repite la historia de la imposición de una minera sobre territorios ancestrales sin la autorización de los pueblos.
Integrantes de la comunidad acompañados por el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz y Radio Huayacocotla, la Voz Campesina, explicaron que a esta región conformada por tres municipios —Huayacocotla, Zacualpan y Texcatepec— llegó en 2019 la empresa minera “La Victoria”, intentando engañar a los ejiidatarios y tratando de arrebatarles permisos de exploración.
Los 18 ejidos que existen entre Huayacocotla, Zacualpan y Agua Blanca organizaron una asamblea y ahí, en colectivo, decidieron rechazar la entrada de la minería. Ya con el acta en la mano acudieron a la Secretaría del Medio Ambiente, donde la inscribieron, “pero la minera no se quedó quieta y decidió ir de comunidad en comunidad, de ejido en ejido, tratando de convencer a los representantes de las comunidades de manera desleal, con dinero, para que les permitieran entrar en su territorio”.
El 12 de febrero de 2023 la comunidad de Tzocohuite decidió formar un consejo comunitario para la defensa del territorio y el 29 de abril de ese mismo año se realizó una asamblea regional de todos los ejidos en la que reafirmaron que no es su deseo que entren las mineras a su territorio.
Lucrecia Linares explica: “Nuestro bosque es parte fundamental y vital, nos propicia una flora y fauna diversa, varios manantiales, prácticamente abarca todo nuestro territorio. Por eso nos organizamos, para evitar la entrada de alguna empresa ajena que afecte nuestro bosque, nuestro ecosistema o la salud”.
Santiago García, también de Cerro de Tzocohuite, acusa que en ningún momento se les consultó sobre si sus terrenos de pino y encino podrían ser concesionados, mientras que Jorge Peláez, coordinador de las Clínicas Jurídicas de la Universidad Iberoamericana, advirtió que en las primeras investigaciones salió a la luz que gran parte del ejido estaba concesionado a la Minera Hochschild y que ésta la había cedido a Detector Exploraciones.
Peláez explica que las mineras llegaron al territorio sin preguntar a las comunidades, “pasando por encima de su derecho a la libre determinación, con el que decidieron dedicarse al manejo sustentable del bosque, a cuidar su territorio, el cultivo. Pero de repente, por una decisión desde la Secretaría de Economía, les querían cambiar completamente la forma en la que los pueblos quieren vivir y usar su territorio”.
Presentaron entonces un amparo ante la justicia en diciembre de 2023, en el que la comunidad señala que el otorgamiento de la concesión violó su derecho a la libre determinación y que eso tiene implicaciones en su derecho al territorio y al derecho al consentimiento previo, libre e informado.
La comunidad es clara en su solicitud de que se cancele la concesión, pues “fue otorgada violando derechos fundamentales de pueblos indígenas”. Pero como la empresa no cede, en febrero de 2023 crearon el Consejo Comunitario para la Defensa del Territorio, que en asamblea determinó no permitir trabajos de exploración y extracción de minerales por personas o empresas ajenas a la región.
En conferencia de prensa, Isaac Romero Hernández, del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, señaló que quienes hacen estas luchas son los pueblos indígenas. “Los pueblos son los que saben cómo cuidar el territorio, día a día viven en la comunidad con el cuidado de tener sus bosques, su agua limpia. Ellos son los que se preocupan, los que cuidan los recursos, y es importante que la gente se dé cuenta de que estas luchas las inicia la gente de las comunidades”.
Por su parte, el ayuntamiento de Huayacocotla asentó la negativa de autorizaciones de cambio de uso de suelo para proyectos de exploración y explotación de minería metálica y la envió a la Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz. Pero hasta el momento no hay una resolución favorable.
Lucrecia resume su lucha: “No queremos permitir la entrada de la minería porque afectaría nuestra vida y perjudicaría nuestro bosque, el agua que consumimos y nuestros terrenos donde sembramos nuestro maíz”.