VUELTAS DE LA HISTORIA: CNPI 1975-2024 / 328

¿LA REENCARNACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS?

(I DE II)

 

Hegel decía que la historia se repite dos veces, mientras que Marx aseguraba que la primera vez aparece como tragedia y la segunda como farsa. Ambas conclusiones tienen que ver con el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), creado en febrero de este año bajo el patrocinio del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

La relación consiste en que el CNPI que se acaba de crear no es una novedad como lo quieren hacer creer sus promotores, ya que en octubre de 1975 se creó el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, CNPI (1), auspiciado por Salomón Nahmad, Alfredo V. Bonfil, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), y Guillermo Bonfil Batalla del INAH, con la aprobación de Gonzalo Aguirre Beltrán y el visto bueno del presidente Luis Echeverría. La idea fue que ya era tiempo de que los pueblos indígenas se organizaran políticamente para convertirse en sujetos de su propio destino y para que ya no fueran objeto de las políticas asistencialistas. Con la muerte repentina de Alfredo V. Bonfil, Salomón Nahmad se convirtió en el principal promotor de la organización política de los pueblos indígenas, junto con Ignacio Pacheco Loya de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), frente a políticos priístas que sólo veían a los pueblos como instrumento para sus propios fines.

¿Qué tiene que ver el CNPI (1) con el CNPI (2), si han pasado casi 50 años de distancia entre uno y otro? La relación consiste en que no bastan las buenas intenciones de los promotores del CNPI (2) para que la nueva organización no se convierta en una farsa, pues lo que le sucedió al CNPI (1) podemos decir que terminó en tragedia, ya que no solamente fue abandonada a su suerte por no querer someterse al gobierno ni formar parte del PRI y encarcelar a su principal promotor, Salomón Nahmad, sino también por no encajar en las nuevas políticas neoliberales impuestas desde la década de los ochenta.

El tema de fondo tanto en el CNPI (1) como en el CNPI (2) es, como dice Salomón Nahmad, un problema del Estado mexicano que tiene que ver con la organización política de los pueblos originarios. Alfredo Bonfil estaba convencido de que era necesario que los pueblos indígenas se organizaran políticamente, pero el PRI no quería. Después de que muere el líder de la CNC, su hermano Guillermo y yo continuamos con esta idea, aunque Augusto Gómez Villanueva, titular de la SRA, no estaba completamente convencido. El doctor Aguirre Beltrán también estaba de acuerdo en apoyar la idea de crear la organización política de los pueblos indígenas, aunque después se arrepintió. Sí me pareció importante, dice Nahmad, que el PRI haya iniciado la organización de los pueblos, pero querían meterlos a las votaciones. Yo no estaba de acuerdo en que la nueva organización fuera parte del PRI, remarca. Yo decía que el Consejo debía de luchar para que a cada pueblo se le diera representación en su región, pero no meterlo al PRI (Sergio Sarmiento, 2024).

El tema de la organización política nacional de los pueblos indígenas adquirió una gran relevancia en la década de los setenta debido, entre otras cosas, a la crisis por la que pasaba el mundo rural y la gran efervescencia social que experimentó el campo en los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, y que se expresó en la presencia de un movimiento campesino e indígena independiente amplio y diverso (Luisa Paré, 1987).

En esos años aparece una gran cantidad de organizaciones campesinas de carácter local y regional que muy pronto se aglutinan en las grandes coordinadoras como la CNPA, la UNORCA, la CIOAC, entre otras, y que tienen como ejes la lucha por la tierra y por el control del proceso productivo. En la mayoría de estas organizaciones campesinas se encontraban agrupaciones cuyos integrantes eran de los pueblos indígenas, aunque no expresaban de manera explícita su identidad étnica. Podemos mencionar a la COCEI y la Unión de Pueblos de la Montaña, ODRENASIJ, entre muchas otras de carácter local. Las organizaciones indígenas se expresaban al interior del movimiento campesino por la tierra porque en ese momento también padecían el problema de la tenencia de la tierra, aunque en la medida en que se encontraron con otras agrupaciones indígenas comenzaron a identificarse y a expresar su identidad étnica (Ma. Consuelo Mejía Piñeros, 1989).

Frente a esta emergencia de la lucha campesina e indígena a principios de los años setenta el gobierno de Luis Echeverría decide apoyar la idea que le proponen los funcionarios del INI y el dirigente de la CNC y echa a andar la maquinaria oficial para crear la organización propia de los pueblos indígenas que los representara y que les permitiera erigirse como sujetos políticos dentro de la organización campesina, es decir, la Confederación Nacional Campesina (CNC), filial del PRI.

Es necesario remontarnos a la década de los setenta para analizar y comprender la creación de una entidad de los pueblos indígenas del siglo XXI que lleva el mismo nombre pero surge en condiciones completamente distintas, aunque al parecer el problema siga siendo el mismo: la construcción de una entidad que represente a los pueblos originarios, y ahora afromexicanos, y pueda orientar, vigilar, evaluar, pero sobre todo decidir sobre las políticas públicas destinadas a ellos.

Después de cincuenta años, muchas cosas han sucedido en los indigenismos del viejo régimen y del actual. Desapareció el INI, se creó y extinguió la CDI y, ahora, se construye el INPI. Existe un elemento en común en esas instituciones que nos hace pensar que aún queda algo por resolver: la relación de los pueblos originarios y afromexicanos con el Estado mexicano, independientemente del color del partido que gobierne. El gran temor que persiste en los círculos del poder radica en que dichos pueblos indígenas y afro cuenten con un instrumento político propio y que como sujetos puedan constituirse en una fuerza capaz de disputar con su acción la orientación de la sociedad hacia horizontes distintos a los impuestos por el gran capital y que ponen en riesgo a la humanidad entera. Para que esto no suceda ha sido tarea de los distintos gobiernos organizarlos para orientar sus acciones y planteamientos políticos para hacerlos coincidentes con el proyecto del gobierno en turno.

Las nuevas dirigencias de los pueblos originarios y las poblaciones afromexicanas deben conocer cuáles fueron las motivaciones políticas en el sexenio de Luis Echeverría para crear el CNPI y cómo ese esfuerzo organizativo terminó en una tragedia al querer controlar con él la insurgencia indígena que empezaba a crecer en su gobierno, por lo que posteriormente fue el mismo régimen que decidió dejarlo morir porque simplemente no se sometió al partido oficial. Las repercusiones de este experimento las sufrieron no solamente los pueblos originarios, al aumentar el temor sobre su organización propia, sino también algunos de sus promotores como Salomón Nahmad, que fue encarcelado, y otros que fueron defenestrados (Margarita Dalton, 2002).

No vamos a recapitular toda la historia. Haremos unas pinceladas de un proceso de larga duración que viene de muy atrás (Sergio Sarmiento, 1982).

Resulta que en octubre de 1975, entre el 7 y el 10 de dicho mes, se llevó a cabo en la isla de Janitzio, en Pátzcuaro, Michoacán, el Primer Congreso Nacional de Pueblos Indígenas auspiciado por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), que posteriormente se convirtió en la Secretaria de la Reforma Agraria, cuyo titular era Augusto Gómez Villanueva, y por el Instituto Nacional Indigenista a cargo de Gonzalo Aguirre Beltrán, pero quien en realidad operaba la institución era el director adjunto Salomón Nahmad. El secretario de la CNC, Alfredo V. Bonfil, murió en trágico accidente aéreo y lo sustituyó Celestino Salcedo Monteón. De ese Congreso nació el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), y en su constitución y en las deliberaciones que se dieron no aparecieron por ninguna parte los pueblos afromexicanos.

El CNPI (1) nace como una respuesta gubernamental ante el gran descontento que existía en el campo mexicano porque los gobiernos poscardenistas dejaron de poner atención al tema indígena, aunque el INI se creara en diciembre de 1948. En aras de modernizar el campo se frenó el reparto de tierras y se permitió la existencia de latifundios simulados; además del escaso el apoyo al agro en términos de crédito, asistencia técnica y proyectos concretos hacia los pueblos indígenas de esa época. Aunque el nacimiento del CNPI (1) contó con el apoyo del presidente Luis Echeverria, la SRA, el INI y la CNC, su concreción no fue fácil. Lo primero que se plantearon los promotores era cómo convencer a los pueblos indígenas de que ahora sí iban a ser atendidas sus demandas, pero sobre todo que era necesario que se organizaran y contaran con un instrumento que los representara.

Los promotores querían que la propuesta ayudara al régimen para seguir presentándose como el heredero de la Revolución Mexicana. Hay que recordar que durante el sexenio de Echeverría se dio una gran discusión sobre la actualidad de la Revolución Mexicana y el indigenismo. En esta revisión de los gobiernos revolucionarios, los encargados de crear el CNPI (1) descubrieron que la experiencia cardenista dio ciertos frutos, sobre todo con la creación de los llamados Consejos Supremos. Uno de ellos que se mantuvo fue el Consejo Supremo de la Raza Tarahumara. Personaje clave en el diseño de esta idea fue el ingeniero José Pacheco Loya, originario de Chihuahua, que conocía la forma de organización de los tarahumaras, así nombrados los rarámuri en esos años. A partir de ese ejemplo se diseñó para cada pueblo indígena de México un Consejo y por consiguiente los Consejo Supremos se impusieron a todos los pueblos del país, aunque esa forma organizativa no existiera en sus regiones.

A pesar de que fue una decisión del presidente Echeverría, los recursos que se dispusieron al principio no eran suficientes para que los promotores bilingües de la SRA y los del INI hicieran la tarea de sensibilizar a los pueblos e iniciar los trabajos de organización de las comunidades. Este trabajo no fue sencillo. Aun cuando la CNC era parte de la comisión organizadora, un sector cenecista no veía con buenos ojos la creación de un nuevo organismo para los indígenas porque se consideraba ya su representante, con una Comisión de Asuntos Indígenas y una organización adherida que se denominaba Movimiento Indígena Nacional.

Por su parte la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) tampoco consideraba necesaria una organización propia de los pueblos indígenas, ya que éstos formaban parte de su estructura como integrantes del “sector popular”.

El primer grupo que se puso en movimiento para la organización de los Congresos Regionales eran trabajadores del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y específicamente de la Dirección General de Bienes Comunales. Una característica de este grupo es que eran promotores bilingües que atendían los asuntos agrarios de las comunidades y por fuerza debían hablar una lengua. Por decisión del presidente, se contrató a más promotores bilingües para hacer trabajo político en las comunidades. Por su parte, los promotores bilingües del INI, que posteriormente se convertirían en una fuerza política importante como el magisterio bilingüe, también participaron en los trabajos de organización de las comunidades. Con el tiempo, la diferencia del trabajo entre los promotores bilingües de la SRA y los promotores culturales bilingües del INI se convirtió en un problema porque las formas de trabajo de los representantes de las comunidades no coincidían con las formas de acción del magisterio bilingüe (Vicente Paulino López Velasco, 1989).

La organización de congresos regionales para constituir los Consejos Supremos no fue tersa ya que en el campo y especialmente en el mundo indígena había un gran descontento por el abandono al que habían sido sometidos por los gobiernos posteriores a Cárdenas. Con esta desconfianza, los promotores bilingües se dieron a la tarea de convocar a reuniones para elegir a los representantes y hubo lugares en que el candidato previamente elegido por los funcionarios para el cargo no consiguió su cometido y en su lugar los pobladores eligieron a otro representante que pertenecía a un partido distinto al oficial o una organización campesina independiente que no formaba parte de la CNC, como fue el caso del representante mixe que pertenecía al Partido Popular Socialista (PPS). En algunos lugares sí se consiguió que los representantes fueran los propuestos por las instituciones como la SRA y el INI. En otras ocasiones, los elegidos tenían antecedentes penales y por tal motivo tuvieron que ser sustituidos por algún representante con arraigo regional. Fue el caso durante el Congreso Nahua que se realizó en Chilapa, Guerrero. También ocurrió que fueran elegidos mestizos que aprovecharon la ocasión para defender sus intereses en lugar de los de los pueblos indígenas; tal fue el caso del Congreso en la Huichola, donde a pesar de las denuncias de que el representante no era indígena, no se hizo caso a los denunciantes.

Existió un momento en el que los promotores de la nueva organización se enfrentaron con algunos funcionarios de la SRA y dirigentes de la CNC porque se decía que Pacheco Loya y Nahmad manipulaban los congresos para conseguir que surgieran representantes afines al gobierno. Tuvieron una confrontación con la secretaria de Acción Indigenista de la CNC, la diputada Amelia Olguín Viuda de Butrón, quien no estaba convencida de la necesidad de una organización de indígenas.

De febrero a octubre de 1975, mes en el que se crea el CNPI (1), se llevó a cabo una importante cantidad de reuniones en las regiones indígenas y en ellas se nombraron a los presidentes de los Consejo Supremos para que asistieran al Congreso de Pátzcuaro, Michoacán y dieran vida formalmente a la primera organización indígena nacional.

Durante el Congreso, los funcionarios del gobierno intentaron manipular a los dirigentes. Ante esta situación los indígenas se organizaron y se pusieron de acuerdo para hablar en su lengua para que no se enteraran los mestizos de lo que estaban acordando. Los funcionarios de la SRA, el INI y la CNC se sentían con el derecho de ordenar y conducir las sesiones y sobre todo cuidar que no se presentara ningún problema cuando el presidente de la República asistiera al acto de clausura.

Los dirigentes indígenas decidieron que las reuniones fueran a puerta cerrada, que sólo ingresaran ellos y sus intervenciones se dieran en sus lenguas. Esta decisión la tomaron porque se dieron cuenta de que antes de iniciar el Congreso empezaron a circular documentos preparados por los funcionarios para que fueran discutidos por los representantes indígenas y aprobados sin mayor discusión. A los mestizos los sacaron y también a los periodistas, a pesar de que era necesario que la opinión pública se diera cuenta de que los pueblos indígenas se estaban organizando políticamente.

También hubo un choque entre las posiciones de algunos promotores bilingües comunitarios y los integrantes del magisterio bilingüe con los profesionistas bilingües. A decir de algunos promotores bilingües agrarios, los maestros tenían otras formas de discusión y de organización que no era la manera en las comunidades con las autoridades tradicionales. Los maestros bilingües proponían una mesa de debates y que el presidente de dicha mesa diera la palabra a quien levantara la mano. Los que se oponían a esta idea sostenían que esa no era la forma de hacer las asambleas en las comunidades. Según ellos, todos debían sentarse y platicar y que todos hablaran a puerta cerrada como lo hacen los tatas mayores. Un tema muy discutido fue a quién iba a pertenecer la nueva organización. Algunas voces decían que debía discutirse a profundidad. Aunque hubieran sido las dependencias del gobierno, SRA, INI y CNC, las que apoyaron la organización, ésta debía “seguir su propio camino”. Ganó la propuesta de que la nueva agrupación indígena debía ser responsable como un hijo con su padre. Todos coincidieron en que, si la CNC era como el padre, la organización indígena que estaba naciendo en Pátzcuaro debía ser su hija y, por lo tanto, todos debían ser cenecistas. La presencia de los maestros bilingües fue incómoda para muchos representantes de comunidades, ya que decían que el magisterio bilingüe se oponía a la organización de los pueblos indígenas, ya que ésa era la consigna de Aguirre Beltrán. Además, porque el director del INI quería ser candidato del PRI a gobernador de Veracruz; al final, el presidente optó por otra persona.

Después de días de deliberaciones, los organizadores presentaron la “Carta de Pátzcuaro”, que no era resultado de las discusiones de las cuatro mesas que se integraron. La Carta era un documento político redactado fuera de las mesas. Los asistentes al Congreso exigieron que las conclusiones fueran publicadas porque pensaban que éstas sintetizaban sus necesidades reales. En dicha carta y las conclusiones se observó una clara distancia entre lo que se decía en el documento final y los resolutivos de las mesas. En ellas, los asistentes hicieron muchas denuncias contra los funcionarios de las dependencias encargadas de atenderlos. Al final, las denuncias quedaron archivadas y a lo que se le dio más difusión fue a la “Carta de Pátzcuaro”. El lema con el que terminaban tanto las conclusiones como la Carta era: “De pie y en lucha”. En todos los documentos aparecía ya un logotipo que según representaba el sentimiento de los asistentes, aunque ellos no hubieran participado en su diseño.

Después de leer el documento ante el presidente de la República, los asistentes se sintieron satisfechos y agradecidos con el primer mandatario. Echeverría se conmovió mucho y esperaba que le llamaran Tata Echeverría como los pueblos indígenas nombraban al general Lázaro Cárdenas, Tata Lázaro. Eso no ocurrió.

Una vez que terminó el Congreso, los representantes del CNPI (1) se dieron prisa para ir a Jurica, Querétaro, y ponerse en contacto con el candidato del PRI a la presidencia de la República, José López Portillo, que en ese proceso electoral no tuvo contendiente oficial porque el PAN no pudo ponerse de acuerdo para encontrar al suyo. El PCM decidió participar en el proceso electoral de ese año y propuso al líder ferrocarrilero Valentín Campa, aunque no contaba con registro legal.

Más adelante, el CNPI (1) se enfrentó a otros problemas. Uno de ellos fue que se empezaron a acercar jóvenes abogados que decían que querían ayudar a hacer gestiones ante las autoridades. No obstante, varios de los dirigentes indígenas que iniciaron el proceso de organización se opusieron a su presencia, otros lograron convencerlos de la necesidad de contar con abogados propios y no de las autoridades. Uno de estos jóvenes abogados era Genaro Domínguez, alias El Jarocho. Éstos no solamente se quedaron como asesores, sino que lograron convencer a varios representantes indígenas de la necesidad de hacer de la organización una estructura de lucha independiente. Para algunos de ellos, esto acentuó la división en el CNPI (1) y provocó el enfrentamiento con el gobierno poco tiempo después.

Otro problema para la nueva organización era dar vida formal al CNPI (1) y para ello se formó una comisión para elaborar el acta constitutiva y diseñar su estructura. El CNPI (1) debía tener un consejo como autoridad máxima para que ejecutara los acuerdos del primer Congreso. Para lograr esto se conformó la Comisión Permanente, constituida por representantes indígenas; Pacheco Loya y Nahmad fueron invitados como consejeros.

Con el nuevo gobierno de López Portillo, la suerte del CNPI (1) cambió. Para empezar su protector Augusto Gómez Villanueva y su guía, Pacheco Loya, dejaron la SRA y con ello perdieron dos interlocutores del gobierno. Nahmad siguió por un tiempo como subdirector adjunto del INI y posteriormente fue director de Educación Indígena de la SEP. Este nuevo nombramiento no lo alejó del CNPI (1).

La realización del Segundo Congreso del CNPI (1) fue más tortuoso, pues además de moverse para conseguir financiamiento oficial debía resolver problemas internos, como la elaboración de un plan de acción que justificara su existencia, la presentación de programas de desarrollo para que las instituciones oficiales tomaran en cuenta sus propuestas y la ratificación de su Comisión Permanente.

Por intermediación del secretario general de la CNC y del director del INI, el CNPI (1) consiguió, a fines de 1976, una entrevista con el presidente López Portillo para presentarle su plan de trabajo y su apoyo para la realización del Segundo Encuentro. Una vez conseguida la aprobación del presidente, los integrantes se dieron a la tarea de organizar su Congreso, sólo que en esa ocasión no contaron con los apoyos que anteriormente les brindaron las instituciones del gobierno federal ni estatal.

El segundo Congreso del CNPI (1) se llevó a cabo en Santa Ana Nichi, San Felipe del Progreso, Estado de México. Desde la inauguración se presentaron los problemas entre los nuevos funcionarios y los líderes indígenas, ya que los primeros sólo querían “aprovecharse de los indígenas y sacar adelante sus intereses políticos”. También se notó la presencia de grupos que no eran de la organización y que no estaban de acuerdo con la política indigenista y por lo tanto protestaron frente al presidente. Otro fue la instalación tardía de las mesas y por lo tanto los resultados no fueron los esperados. Los funcionarios presentes sólo querían cumplir con el compromiso y no les interesó la discusión entre los indígenas.

En lo que respecta a las ponencias, los participantes indígenas no tuvieron el apoyo que les había brindado el gobierno anterior y lo que sucedió fue que los nuevos funcionarios dieron la redacción de los documentos a personas ajenas a los pueblos. A pesar de eso, “los aprobamos y reconocimos que estaban bien elaborados, no fuimos nosotros mismos quienes… pudimos decir nuestra propia palabra” (Vicente Paulino López Velasco, 1989).

En este segundo Congreso, el CNPI (1) propuso reestructurar al INI y constituir una Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la que los representantes indígenas fueran los que elaboraran los proyectos y tomaran las decisiones.

Después de un Congreso que no tuvo la trascendencia del primero, los dirigentes del CNPI (1) tuvieron que abandonar la oficina que tenían en las instalaciones del SRA. Por medio del director del INI, Ignacio Ovalle Fernández, el presidente de la República les cedió la casa que ocupaba la Confederación Nacional Campesina, ubicada en López 23, en el centro de la ciudad, y se les concedió un subsidio estatal de 120 mil pesos. De esta manera el CNPI (1) se convertía en parte de la estructura de la SRA en donde los integrantes de la comisión permanente participarían como comisionados para resolver los problemas agrarios.

Después del Segundo Congreso, los problemas se agudizaron debido fundamentalmente al interés por las posiciones políticas en la estructura de la SRA y la CNC. La Comisión Permanente se resquebrajó cuando se nombró al nuevo secretario de Acción Indigenista de la CNC. La línea se impuso y se nombró a personajes a los que solamente les importaban sus intereses políticos y no resolver los problemas de los pueblos. La Comisión comenzó a descomponerse y se dieron fuertes enfrentamientos entre dirigentes.

La descomposición del CNPI (1) se profundizó cuando se acercaron nuevos abogados asesores que comenzaron a tomar decisiones sin contar con la aprobación de la Comisión Permanente. Al final de cuentas, los nuevos asesores tomaron la conducción de la estructura del CNPI (1) cuando Jerónimo López Castro fue su coordinador general.

Ahondó la división el planteamiento de uno de los asesores de que el CNPI (1) debía ser independiente del gobierno “y de que de ninguna manera sería supeditada a una institución”. Con este asesor, el CNPI (1) comenzó a ser más crítico del régimen y a plantearse como una organización independiente. Uno de estos asesores era Genaro Domínguez, quien posteriormente formaría la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI). Para diferenciarse del CNPI, se identificaba como “la CNPI”.

Antes de su tercer congreso, el CNPI (1) realizó una reunión preparatoria en el Centro Vacacional de Oaxtepec, Morelos. A la inauguración fueron invitados y asistieron funcionarios de las diversas dependencias, para que escucharan los principales problemas de los pueblos. No todos intervinieron en el acto inaugural, sólo Ovalle Fernández y Nahmad, director de educación indígena de la SEP. Después de que se fueron los funcionarios, de nueva cuenta el asesor general tomó decisiones que a la mayoría no convenció, como el hecho de que participaran otras personas ajenas a la organización indígena y que coordinaban los trabajos. En la reunión de Oaxtepec se notó la presencia de los Comuneros Organizados de Milpa Alta (COMA), que pertenecía a la CNPA, y también la figura de Floriberto Díaz Gómez, mixe de Oaxaca, y Franco Gabriel Hernández, que también era de la ANPIBAC.

El tercer congreso del CNPI (1) se realizó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Desde la inauguración apareció el fantasma de la independencia de la organización indígena de México. Al parecer, la mayoría de los integrantes de la Comisión Permanente no habían participado en la elaboración del discurso inaugural dado por el coordinador Apolinar Quiterio, ñhañhu del Valle del Mezquital, porque en un momento dado el orador dijo “no venimos a lamentarnos ni a llorar, ni a implorar clemencia, caridad, venimos conscientes a luchar por lo que consideramos el derecho y la justicia”.

A la clausura asistió el presidente López Portillo y justo cuando ingresó al Auditorio Nacional comenzó una rechifla y abucheo de una parte de los asistentes. El recibimiento al presidente fue porque un funcionario del SRA había dicho en una mesa sobre tenencia de la tierra que el gobierno iba a entregar títulos de propiedad a los ejidatarios para que éstos fueran dueños de sus tierras, lo que generó una gran discusión y una fuerte oposición. También porque las autoridades forestales no atendían las denuncias que hacían los comuneros de Milpa Alta contra la empresa Loreto y Peña Pobre que estaba deforestando sus bosques.

No obstante, el presidente dio su discurso y se retiró. En sus memorias escribió que todo ese momento vivido entre los indígenas en el Auditorio Nacional había sido un montaje de los agoreros del pasado (José López Portillo, 1987).

Después de su tercer Congreso en la Ciudad de México, el CNPI (1) entró en una fase de descomposición debido, entre otras cosas, a la presencia de integrantes de nuevas organizaciones que decían que el CNPI (1) debía de ser independiente del gobierno y los partidos políticos. Los recién llegados impusieron a un nuevo coordinador, Santiago Gutiérrez Toribio, mixe de Oaxaca, y modificaron la estructura de la organización. A la Comisión Permanente le llamaron “Comité Central de Lucha” y los Consejos Supremos de cada región comenzaron a denominarlos Comité de Lucha Regional. Con esta nueva estructura plantearon una nueva organización que no dependería más de la CNC, que para ellos era un organismo burgués.

Con todas las dificultades, el CNPI (1) logró sobrevivir al sexenio de José López Portillo e hizo todo lo posible para comulgar con el gobierno del presidente Miguel de la Madrid. La organización indígena se movía entre la independencia y la sumisión al partido oficial. Lo que le permitió cierto respiro fue la designación de Salomón Nahmad como titular del INI. Con él a la cabeza, la organización tenía un aliado cercano. Sin embargo, las movilizaciones campesinas e indígenas independientes de la CNPA y la CNPI y otras organizaciones en cuyo seno militaban integrantes de pueblos indígenas, como UNORCA, hicieron más difícil la situación del CNPI (1).

(Continuará).

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SERGIO SARMIENTO SILVA ha estudiado y acompañado los movimientos indígenas y campesinos de México durante medio siglo. Autor de numerosos artículos y libros, como La lucha indígena: un reto a la ortodoxia, destaca por su presencia en las luchas de los pueblos de Guerrero en los años 80 y 90, y su trabajo en el Valle del Mezquital. Pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.