FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS: LOS PUEBLOS INDÍGENAS TIENEN SUS PROPIOS PLANES DE VIDA / 329

Francisco López Bárcenas, abogado, escritor, historiador y profesor investigador de origen mixteco, hace un balance sobre las políticas hacia los pueblos indígenas durante el sexenio que está por terminar. El intelectual indígena que aprendió a ser indio, como lo describe Luis Hernández Navarro, habla sobre las políticas públicas y los derechos de los pueblos, de la reforma indígena, del nuevo catálogo de pueblos indígenas y afrodescendientes, del crimen organizado en las comunidades, de los megaproyectos y el modelo extractivista. No prevé un futuro calamitoso para los pueblos, pues, dice, ellos “tienen sus planes de vida”.

Por otro lado, los funcionarios menores, de nivel medio y superior, como el del INPI (Instituto Nacional de Pueblos Indígenas), el INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas), sí hablaron de derechos y de otras cosas más. El director general del INPI, Adelfo Regino, antes de que tomara posesión, dijo en la Cámara de Diputados que por lo menos se iba a aumentar el 200 por ciento más al presupuesto, que era una vergüenza que las políticas se hicieran en los escritorios de los funcionarios y que se iban a hacer en los pueblos. Y eso no sucedió.

Conté durante cinco años el número de iniciativas en materia de derechos indígenas que presentaron distintos partidos. Conté 38 iniciativas cuando Morena tenía la mayoría calificada del Congreso, y no se aprobó ni una sola. Eso habla del desprecio hacia los pueblos indígenas.

El otro aspecto es sobre lo ya legislado. Tenemos la consulta, pero no tenemos legislación. Tenemos todos los precedentes de la Corte Interamericana y todos los precedentes de la Corte mexicana, que es con la que han litigado los pueblos que han ganado las consultas, como Capulálpam de Méndez en Oaxaca, Cuetzalan e Ixtacamaxtitlán en Puebla, y algunos en Guanajuato. Era suficiente para que el gobierno hubiera hecho consultas serias, pero no hubo.

En resumen, hay tres escenarios: uno, que el presidente no prometió derechos y que algunas instancias del gobierno sí, que son las que generaron expectativas; que lo que el presidente prometió fueron políticas y que en ese sentido fue congruente, que no quiere decir que fue bueno, sino que nos llevó a medio siglo atrás; y tercero, que a lo que pudo legislar no le entró.

–Yo estoy convencido de que el proyecto de este sexenio es neoliberal. En el último informe López Obrador se vanagloriaba de que no había otorgado ninguna concesión minera, lo cual es cierto, pero hay dos terceras partes del país entregadas. No necesitan que ningún gobierno en medio siglo les dé otra concesión, con que los dejen operar las que hay.

Entonces no hay ninguna grandeza en la suspensión del otorgamiento de concesiones. Y hubo cosas que pudo haber hecho y no hizo. Todas las concesiones mineras que hay en territorios indígenas, que son alrededor de cinco mil, desde un punto de vista jurídico son ilegales porque ninguna fue consultada. Tienen un vicio de validez. Si el presidente hubiera querido, por la vía del decreto o por cualquier otra, las podría haber cancelado. En lugar de eso, se puso a litigar contra los pueblos que litigaban contra esas concesiones.

Lo que estamos viviendo es la continuidad de un proyecto que en sí mismo es destructivo de los territorios indígenas y, por otra parte, un desprecio que se traduce en un aniquilamiento del posible actor que puede oponerse a ese proyecto. Lo podemos constatar. Es cierto que disminuyó la oposición a este tipo de megaproyectos, pero porque los indígenas que creyeron en Andrés Manuel, que pensaron que podían esperar algo de él, se quedaron esperando. Y eso los desmovilizó.

–Esa reforma está mutilada en dos sentidos: uno porque está muy por debajo de los compromisos y obligaciones internacionales que tiene el gobierno mexicano en materia de derechos indígenas; y el otro, porque el mismo gobierno inició un proceso de foros de consulta, que no es lo mismo que una consulta, y movilizó a su base indígena. La Secretaría de Gobernación y el INPI convocaron, dieron todas las facilidades para que se movilizara la gente, y generaron muchas esperanzas entre ellos.

Se hicieron 52 foros, fueron a 27 estados, que no es cualquier cosa. Hicieron un foro en Los Ángeles para migrantes, hicieron otro en Yalálag, Oaxaca, que es muy simbólico por la lucha y la estructura que mantiene. Los resultados de esa consulta fueron entregados al presidente en un evento público en el que dijo que estaba reivindicando los derechos del pueblo yaqui. Cuando se los entregó el secretario del gobierno yaqui no le dijo ni gracias el presidente, no le dijo que la va a estudiar, nada, los agarró, los metió debajo del brazo y se bajó.

Recibió la iniciativa y en silencio se bajó, y ese silencio duró más o menos cuatro años. No pasó nada hasta que el 5 de febrero del último año, cuando ya tiene problemas de la mayoría calificada que necesita en el Congreso, presenta la propuesta. Y para sorpresa de todos, no es la que ellos elaboraron.

La original proponía modificar 17 artículos de los 135 de la Constitución, en cinco era bastante profunda la propuesta de reforma, en 12 adecuaba el lenguaje, y contenía diez derechos centrales: libre determinación, autonomía, recursos naturales, territorios, propiedad intelectual, educación intercultural, sistemas normativos indígenas, gobiernos comunitarios. Estaba bastante bien, pero la que presentó el 5 de febrero fue de un artículo y seis derechos: consulta y algo de patrimonio cultural, que ya teníamos.

Lo novedoso era la consulta y un tema al que le han dado mucha importancia: el reconocimiento como sujeto de derecho público. Pero la Cámara de Diputados, que es la que aprueba los presupuestos, no les va a otorgar recursos a los pueblos sólo porque dicen que ya son sujetos de derecho público. Tendría que haber algún mandato en alguna ley que lo estableciera.

La pobreza de la reforma pasa por una cuestión histórica. Si no tienen representación propia, derechos políticos propios, ni el control de los territorios, ¿en dónde van a ejercer sus facultades?

Es una iniciativa que se presenta el 5 de febrero, se aprueba en comisiones en la Cámara de Diputados el 9 de agosto y se ha hecho una alharaca como si ya se hubiera aprobado. Pero no es cierto, porque tiene que pasar al pleno de la Cámara de Diputados y luego a comisiones en el Senado, y luego al pleno del Senado. Si les va bien, en diciembre o enero habría noticia, pero no tienen prisa. Sólo se trataba dar el anuncio de agosto como si ya se hubiera aprobado.

Las elecciones ya pasaron, el nuevo gobierno ya se constituyó, ¿a quién le puede importar ahora? Es muy posible incluso que no salga porque se puede enredar con otras iniciativas que actualmente están en el paquete que mandó el presidente, como la reforma judicial. Ya muchos abogados han venido a decir que a esa reforma le falta lo indígena. Yo creo que le falta, pero como le faltan muchas cosas.

–Un catálogo es una lista de algo que hay. Lo leí y dice que es un instrumento de planeación de la política indígena, no es que esté reconociendo indígenas, no es que a través de él se les facilitará el acceso a los indígenas. Le va a facilitar al gobierno ir a los pueblos. Es una forma de control.

Allá por 1990, el gobierno mexicano hizo algo similar, pero con municipios indígenas. Había unos municipios que eran indígenas indígenas, porque tenían 60 por ciento o más de su población indígena. Había unos que de acuerdo a sus parámetros eran medio indígenas porque tenían del 30 al 59 por ciento de su población indígena, y había otros que de plano no eran indígenas porque tenían menos de 30 por ciento de población indígena. ¿Para qué sirvió? Para limitar el acceso al presupuesto.

Se dieron cuenta de que había disminuido tanto el presupuesto que no alcanzaba casi para nada, por lo que había que distribuirlo no entre quien lo necesitaba, sino entre quien más lo pedía. Si había pueblos que no estaban dentro de los mayoritariamente indígenas de plano los anulaban y desatendían. Hubo un caso en Hidalgo, con la comunidad otomí de San Ildefonso, que estaba entre los que “no eran” indígenas, pero sí era. Se amparó y la Corte obligó a que los atendieran. Sospecho que eso mismo va a pasar con el nuevo Catálogo.

No es el único catálogo que hay. Ya hay en los estados, en San Luis Potosí, en Querétaro, por ejemplo. ¿Y qué ha pasado? Nada, están igual que los que no tienen reconocidos derechos. Si sirve de algo el catálogo es para echarle la culpa a los indígenas de por qué no reciben presupuesto, pues tienen que probar que son indígenas, lo que viola el derecho a la autoadscripción y la representación política.

Definitivamente es un instrumento de control del Estado hacia los pueblos, aunque hay muchos que creen que es de los pueblos hacia el Estado, pero es para que tengan menos presupuesto y para que no reclamen representación política.

–No. Esos catálogos no han funcionado para nada. Que esté un pueblo en el catálogo no significa que se le reconozca su territorio, porque quien tiene delimitado el territorio es el municipio al que pertenece. El problema con la delimitación de los territorios indígenas es que si no lo haces con los pueblos corres el riesgo de hacer una barbaridad.

Pongamos, por ejemplo, al pueblo wixárika. ¿Lo adscribes a Nayarit, a Durango, a Jalisco o San Luis Potosí? Debería ser a todo eso, no solamente la parte donde los wixaritari tienen reconocido que son propietarios, ejidatarios o comuneros, sino todo aquel territorio donde realizan alguna práctica. El lugar más emblemático de los wixaritari es Real de Catorce en San Luis Potosí, que es propiedad del ejido Real de Catorce. ¿Cómo haces para reconocerle territorios? El gobierno, dentro de otras políticas, decretó lugares sagrados wixárika y están controvertidos por los ejidatarios. Hay amparos diciendo que ésa es su propiedad y que no pueden meterse.

Entonces, el hecho de que esté reconocido un catálogo no les da nada, al contrario, sólo hay control.

–Desde que se asumió el extractivismo en México este modelo ha recaído en los recursos naturales, aunque también hay extractivismo cultural, de conocimientos, de prácticas. Sobre los recursos naturales, que es el más fuerte, la mayoría están en los territorios indígenas, 70 por ciento, sobre todo si se refiere a la biodiversidad.

Aunque muchos digan que no se ve, hay una relación cosmogónica de los pueblos con la naturaleza. No puedes llegar y tratar los recursos naturales como una mercancía, eso es aberrante, pero así se tratan.

Los megaproyectos, entonces, se están montando sobre los territorios, pero también sobre la vida de los pueblos indígenas. No es sólo que se llevan el patrimonio, es que les quitan también la posibilidad de vivir como pueblos.

–Hay un incremento de todas las cosas: las rentas, la violencia, el desplazamiento. Los impactos ya empezaron, pero son apenas una visión de lo que nos espera los próximos años. Los megaproyectos van de la mano del crimen organizado. Se ha documentado mucho sobre esta guerra contra el narco, de cómo en donde se iba a perseguir al narco los que caían eran líderes sociales que se oponían a esos proyectos.

Los pueblos han quedado atrapados en el qué hacer, y hay muchos que han aceptado convivir o que han sido forzados a aceptar al crimen organizado. Pero hay otros que los enfrentan, como en Guerrero, en Michoacán o en la Sierra Tarahumara, porque no les queda otra opción y porque desplazarse no es sencillo. Lo poco o mucho que tengan para vivir, su casita, sus gallinas, no lo pueden dejar. Desplazarse es morirse como pueblo y a veces como ser humano.

–El neoindigenismo actual tiene varias características. Una de ellas es que sus operadores son indígenas muy preparados, que saben lo que están haciendo y saben que lo están haciendo contra los pueblos. La otra característica es que no tiene propuesta, porque como hablan en nombre de los derechos pero ellos no están por los derechos, pues salen con cualquier plan o actividad.

En el 2000, unos años después de la firma de los Acuerdos de San Andrés, ningún gobierno panista, priísta, perredista, el que fuera, se atrevía a hablar de autonomía, porque era una palabra central en la demanda de los pueblos. Ahora la narrativa estatal se ha trivializado de tal manera que puedes estar jodiendo a los pueblos y diciendo que es autonomía. Y sí, porque tienen unos operadores de calidad, que participaron en ese movimiento zapatista que generó todo esto. Muchos de quienes construyeron y fueron parte de ese movimiento hoy son operadores de estas políticas.

Además decidieron usar la narrativa del mandar obedeciendo, de la autonomía y del “Nunca más un México sin nosotros”. Y mientras, los pueblos que crearon estas consignas, que crearon esa narrativa, siguen enfrentando los megaproyectos, al crimen organizado, las políticas mismas indigenistas.

En general la gente no está contra las políticas que se están impulsando, pero no porque esté de acuerdo con ellas, sino porque es lo poquito que puede aprovechar de este gobierno, aunque no se conforma con eso. Casi todos aceptan el dinero que llega.

–Hay quien dice que no hay movimiento indígena, pero no lo comparto. Desde hace unos veinte o treinta años el movimiento indígena viene transformándose, lo que estamos viendo es lo que Raúl Zibechi ha visto claramente: no son movimientos indígenas, son pueblos completos en movimiento.

Si uno ve los pueblos que están resistiendo, vemos que en general no tienen una organización tradicional, vertical, con líder. Liderean sus asambleas a través de sus autoridades, entonces encuentras que un día el líder es uno y pasado mañana ya es otro, porque cambian las autoridades pero también porque protegen a sus propios representantes.

El escenario no es tan calamitoso como el que ven algunos analistas proderechos de los pueblos que vaticinan la desaparición de las culturas ante estas políticas neoliberales. Este tipo de políticas hace que los pueblos se atrincheren en ellos mismos, y eso genera una fuerte identidad. En la pandemia los pueblos se encerraron, no dejaron que entrara ni saliera nadie. Y estuvo la medicina tradicional, la comida. Eso es lo que hacen las comunidades.

Las culturas no van a desaparecer porque además muchos pueblos tienen sus planes de vida, algunos bastante bien estructurados y otros intuitivamente.