PARA UNA POLÍTICA MIGRATORIA DE ESTADO

En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, diversas organizaciones y movimientos sociales, preocupados por los avances democráticos y la defensa de los derechos humanos en México, dijeron compartir con la presidenta entrante “la esperanza de construir un país sin violencia”. En un pronunciamiento conjunto, destacan haber realizado en años recientes “acciones que buscan favorecer el análisis de la violencia abordando las causas estructurales que la generan y contribuir a disminuirla en nuestro país”. Algunas de sus propuestas las hicieron llegar al Ejecutivo Federal en febrero del 2023.

“Nos convoca a trabajar un gran desafío: la lucha contra la violencia y la construcción de paz. Nos abocamos a una de las más crecientes violencias producto del modelo hegemónico de desarrollo: la sobrevivencia y los derechos del migrante”. Sostienen que “vivimos la época de mayor migración histórica”, cuando las fronteras norte y sur de México son de las más transitadas. “Los migrantes son víctimas de violencia por grupos del crimen organizado y de personal institucional. El secuestro, tráfico de personas, cooptación, violencia sexual y extorsión por grupos criminales y autoridades federales y estatales son eventos que provocan el sufrimiento de miles de niñas, mujeres y familias enteras que transitan y sobreviven a múltiples peligros, vejaciones, injusticias, abusos y mercantilización de sus cuerpos. Todos esos eventos son prácticas cotidianas que se han normalizado en nuestra sociedad y afectan la dignidad, derechos, existencia y salud mental de los migrantes”.

Los migrantes que llegan al albergue de Ixtepec, Oaxaca, han manifestado que miembros del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional amedrentan a la población de paso, exigiendo un pago por atravesar el territorio nacional. “Hay testimonios de detenciones represivas. Estos hechos los revictimizan y los hacen más vulnerables ante los grupos criminales. Se inventan delitos y se falsifican actas de nacimiento que han sido denunciados como actos de corrupción de las fiscalías”. Consideran que los albergues son insuficientes, no tienen presupuesto, presentan sobresaturación y sobrecosto de los servicios.

La Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) “no actúa de manera igualitaria en todas las regiones, la falta de equipo y de presupuesto le impide a su personal trasladarse a los albergues para realizar los trámites y dar atención a las solicitudes de refugio”. Desde hace un año el INM canceló el oficio de salida, añaden, “lo cual trajo como consecuencia que las personas en tránsito recurrieran a la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH)”. Sin embargo, la TVRH “tiene limitantes legales pues no es para todas las personas”. La gran mayoría se ve obligada a caminar por la selva y la sierra, convirtiéndose en víctimas del crimen organizado, expuestos a ser detenidos por las autoridades migratorias y deportados a la frontera con Guatemala.

Mientras de Chiapas a Chihuahua, grupos criminales atacan a la población local y la despojan de tierras, provocando migración interna y desplazamiento forzado, “los migrantes temen denunciar y el que lo hace es asesinado”. Dichos grupos “son al mismo tiempo causantes y explotadores de la población migrante”.

En un recorrido reciente por la frontera sur, los organismos civiles escucharon testimonios de mujeres y hombres “de extraordinaria solidaridad que, en la búsqueda de mitigar el sufrimiento, calor, hambre y sed de los migrantes, los hospedan en sus casas y dan su tiempo voluntariamente para atenderlos en los albergues”. También asociaciones e iglesias solidarias que crean centros de hidratación y albergues. “Son muchas, pero insuficientes, las acciones y solidaridad de las organizaciones sociales y del pueblo mexicano para con los migrantes. Sus necesidades, riesgos y peligros requieren de una política pública para proteger y garantizar los derechos humanos en el libre tránsito por nuestro país”.

Por lo demás, “a pesar de que nuestros migrantes que laboran en Estados Unidos realizan una gran aportación económica a México, no tenemos una política de Estado digna de atención al migrante”.

Para erradicar la violencia “es necesario abordar las causas que potencian la migración, al tiempo que proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes que transitan por nuestro país o deciden permanecer en México”. Ennumeran varias propuestas:

* Generar un diagnóstico de la problemática migratoria en México, particularmente en cuanto a violación y protección de derechos humanos, así como sumar a los migrantes en Estados Unidos, para que sus propuestas sumen a lo que se proponga desde México.

* Crear una institución de defensa del migrante para la prevención de riesgos y su protección que se vincule con los defensores, albergues, fiscalías, derechos humanos, observatorios ciudadanos estatales y nacional, observatorios concéntricos, etcétera.

* Construir corredores humanitarios para los migrantes en las rutas de mayor peligro.

* Una estrategia con operativos especiales para el desarme de los grupos criminales, quitarles el control mercantil de los migrantes y romper ese círculo perverso de expulsión, asesinato, extorsión, robo, venta, tráfico y violencia interminable.

* Una política migratoria de Estado que aplique la ley que los identifica y protege como desplazados o ciudadanos en tránsito.

* Reforzar las instituciones (COMAR, INM, aduanas, Guardia Nacional) con capacitación en derechos humanos, castigando a los responsables de violar los derechos del migrante.

* La presencia de COMAR debe ser más cercana a los albergues.

* Implementar más oficinas del INM en diferentes puntos estratégicos para recabar las firmas y trámites relativos a la condición de refugiado. El INM debe restaurar el oficio de salida y aumentar el tiempo de estancia en el país. Hacer más clara y explícita la Tarjeta de Visitante por razones humanitarias, la forma de tramitarla por causales de delito, ya que actualmente es confusa la vía para obtenerla.

* Proporcionar una guía del migrante y restablecer el programa de regularización temporal migratoria. Los migrantes tienen derechos específicos que deben ser protegidos por el gobierno mexicano: identidad, seguridad, legalidad, libertad de tránsito, no discriminación, salud, trabajo, asilo, vivienda, consulados, protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), COMAR, Organización Internacional para los Migrantes (OIM).

* Crear albergues y mecanismos para que los migrantes puedan ser atendidos por servicios de salud física y emocional y centros de hidratación.

Evitar tanta violencia y sufrimiento a los migrantes contribuye también a la justicia, genera condiciones de seguridad y contribuye a nuestra propia paz social con trascendencia geopolítica mundial.

Las consecuencias del modelo que depreda, extermina, expulsa, nos exigen responder con mayor resiliencia solidaria en todas nuestras relaciones, y con acciones que garanticen el bien común, la inclusión y el cuidado de la vida.

Esperamos que estas propuestas se sumen a las suyas y a su compromiso por construir y hacer con todo el pueblo de México una nación incluyente, intercultural, justa y solidaria.

Entre otros firmantes aparecen: Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad para América Latina Oscar A. Romero, Centro Universitario Cultural, Centro de Derechos Humanos fr. Francisco de Victoria, Servicio Pastoral a Migrantes San Martín de Porres, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra Atenco, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, Albergue Hermanos en el Camino (Ixtepec, Oaxaca), Divina Misericordia (Arriaga, Chapas), Casa Tochan, Albergue Migrantes (CDMX), Casanicolás (Casa del Migrante, Nuevo León), Melel Xojobal (Chiapas) y Parroquia de San Isidro Labrador (Arteaga, Coahuila).