ECUADOR. BATALLAS CONTRA EL FIN DEL MUNDO

El mundo se extrema y se incendia. Y a la vez se normalizan los términos de nuestra relación con este desgarramiento de las condiciones “usuales” con que resolvíamos nuestros asuntos en la cotidianidad.

Las condiciones imperantes se van volviendo inaceptables pero no son detectadas en su momento —por ocultamientos, corrupción, descuido o abuso.

En Ecuador resaltan al menos dos casos que brotan de los atropellos que corporaciones, gobiernos y/o grupos criminales van imponiendo a barrios urbanos o a regiones enteras.

Ecuador sufrió una racha de 1,333 incendios tan sólo en septiembre y en Quito el fuego amenazó la viabilidad de algunos barrios y la vida de familias enteras.

En las laderas que configuran la intrincada traza de la ciudad, a un costado del túnel Guayasamín, en el barrio-comuna de Bolaños, donde habitan por lo menos 60 familias desde tiempos inmemoriales, se perdieron siete viviendas por el fuego.

Cinthia Andrade1 nos aclara que Bolaños tiene una escritura de Partición de tierras de la Comuna de Guápulo de 1927. “La comuna se transforma en barrio a raíz de las políticas municipales que obligaban a las comunas ancestrales a hacerse barrios para poder recibir servicios urbanos. El barrio cuenta con servicios básicos desde hace más de sesenta años. Sus moradores pagan, como todos los quiteños, su impuesto predial correspondiente. En otras palabras, el barrio no es ningún asentamiento ilegal, o peor aún una toma de tierras u ocupación de indigentes como muchas veces el propio Municipio afirma. El barrio Bolaños o Comuna de Bolaños Pamba es un asentamiento milenario de los pobladores de Guápulo, comuna o bulu del pueblo originario Kitu-Kara”.

Apenas en los años 80 lograron el agua potable y luz eléctrica, y no consiguieron su alcantarillado sino hasta veinte años después.

Las laderas donde está Bolaños, que no quebradas como insisten las inmobiliarias que les emprenden disputas, han usado como pretexto los incendios para desalojarlos alegando que el sitio es inviable. “Cada que hay un problema han querido sacarnos bajo cualquier excusa, con tal de beneficiar a los barrios pudientes que nos rodean”, dice Luis Ninahualpa, habitante de la zona por más de cincuenta años.

En Quito, el incendio invadió con fuego, humo y zozobra al grueso de la población, y las vialidades estuvieron trastornadas por los desvíos y los cierres de ruta. Fueron los vecinos de Bolaños los más activos en apagar su incendio pues las laderas son de difícil acceso para los equipos de rescate, ya que el barrio no cuenta con vías que permitan ni siquiera transporte público. La gente tiene que caminar más de un kilómetro para acceder a los buses o los taxis hacia otras zonas de la intrincada Quito, por la fallida construcción del Túnel Guayasamín que es un proyecto de la empresa china China Road and Bridge Corporation (que figura en la lista de empresas corruptas designadas por el Banco Mundial).

En el fondo los pobladores piensan que los incendios son premeditados y tienen la intención de expulsar a la población con fines de gentrificación.

La larga historia de incendios alevosos en barrios como el Bronx en Nueva York dan testimonio de por qué la gente es reacia a aceptar las declaraciones del alcalde Pabel Muñoz que insiste en que “debe reubicarse a las familias”.

La Esperanza lleva agua. En la zona de Manabí, una región con una extrema sequía pese a estar en plena costa ecuatoriana, hay un acueducto “de 94 kilómetros de longitud, que nace de la presa La Esperanza, en Bolívar, y recorre siete cantones hasta la zona de El Aromo, en Manta”2 y del cual es sabido que hay “averías en bombas y motores, deuda de energía eléctrica y personal impago”. El sistema La Esperanza “empezó a funcionar en mayo de 2017 y fue construido con el objetivo de dotar de agua dulce a la fallida Refinería del Pacífico”, impulsada por el expresidente Correa, y que nunca se echó a andar.

Los funcionarios del ducto afirman que no se cuenta con seguro, “lo que significa que un daño en la infraestructura conllevaría a detener las operaciones y no habría cómo repararlo”. Tan sólo el costo fijo para el mantenimiento anual de dotar de agua a Manta, Montecristi y Jaramijó es de 3.5 millones de dólares. Abastecer de agua a los agricultores de la zona requeriría un presupuesto adicional.

A la vez, el campesinado y algunos agricultores comerciales de la región mantienen conflicto no exactamente con los operadores del acueducto pero sí con las agroempresas que, afirman, han ido “ordeñando” el acueducto en diferentes puntos de su trayecto para alimentar proyectos agroindustriales de monocultivo de las famosas dragon fruits o pitahayas, que se han vuelto una supuestamente rentable commodity suntuaria de exportación que por exportaciones logró 172 millones de dólares en 2023.3

Todo el entorno es pesante y nos hace sentir que estamos en una película de ciencia-ficción. Cada campo de cultivo de riego para las pitahayas tiene su sistema de luz eléctrica para alumbrar las frutas toda la noche. Las empacadoras de atún inundan con un olor a cadáver y a detritos el ambiente, de por sí pleno de basura y desperdicios conforme uno se acerca a Manta, donde se alinean las procesadoras del atún o las empacadoras y harineras de camarón que pueblan la costa. Campo adentro, las ceibas desnudas se imponen en el horizonte que alguna vez fue pleno de cultivos de muchas variedades y que siempre ha sido un combativo espacio de luchas campesinas contra las corporaciones del agronegocio.

Ya desde 2020 se alertaba a las autoridades que el Humedal La Segua estaba seco. Al recorrerlo se insistía que deberían tomarse acciones inmediatas. Y la alarma hacía constar que, si bien en los humedales ocurrían estos fenómenos cada diez o veinte años, “en este caso debería preocuparnos si esta sequía ha sido provocada por actividades humanas”, pues un incendio “arrasó con 50 hectáreas” del humedal en cuestión ese mismo año, y tuvo también intervención humana, aunque se insiste en que son malas prácticas y no actos de mala fe.4

Todo contribuye a una tormenta perfecta que suma hostigamiento a calentamiento ambiental, incendios, robo del agua, y la peor sequía en 60 años, según fuentes oficiales ecuatorianas, y dicha sequía se utiliza para imponer los cortes en la energía eléctrica de 14 o 15 regiones del país.

Ante esa situación extrema, la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí (Upocam), parte de la CNC-Eloy Alfaro, a su vez integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC) se ha empeñado en promover proyectos agroecológicos (bosques comestibles, reservorios alineados en niveles con sistemas de bombeo, trabajo de siembras diversas, biofábricas para el trabajo de suelos, sistemas de riego para arrozales y hasta una escuela, la Escuela Amelia Quiñones, para mujeres) con los que están dando la batalla contra este fin del mundo que se avizora en toda la franja que resiente también la intervención y el hostigamiento de grupos criminales que buscan imponer la violencia como moneda de cambio.

La entereza de las comunidades campesinas de la región seguirá apostando a la permanencia y a sus labores creativas y en organización, contra toda esa tormenta de eventos extremos que se tornan estructurales conforme se normalizan sus términos, ominosos, cruentos, pero no irreversibles aún.

Notas:
1. Cinthia Andrade, Breve historia de Bolaños o Comuna de Bolaños Pamba: ¿Pretenden desalojar al barrio Bolaños? - Acción Ecológica (accionecologica.org)
2. “Acueducto La Esperanza, sin mantenimiento y en conflicto con agricultores de Manabí”: https://www.primicias.ec/noticias/economia/acueducto-esperanza-mantenimiento-conflicto-agricultores-manabi/
3. Pitahaya rompe récord en exportaciones con más de USD 172 millones, en 2023 – Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca (produccion.gob.ec)
4. Mayuri Castro, “Humedal La Segua: ecosistema reconocido internacionalmente corre el riesgo de secarse en Ecuador”, Mongabay, 19 de noviembre de 2020