AGRESIONES Y MINERÍA EN CALPULÁLPAM

De los medios. En un escrito dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, y a la opinión pública, la comunidad de Calpulálpam de Méndez, perteneciente al distrito de Ixtlán de Juárez en Oaxaca, relata lo ocurrido el 6 de diciembre cuando sorprendieron a un camión de volteo llevándose mineral “extraído por la compañía minera La Natividad y Anexas SA de CV, mismo que fue retenido por estar realizando acciones ilegales”. Ya desde junio obra en poder de varias dependencias un recurso legal para que se suspenda la explotación minera en la zona, mismo que está vigente sin que se haga efectivo a la hora en que la minera entra a sacar mineral en sus camiones.

La comunidad ha actuado en consecuencia decomisando camiones cargados y se queja de que la empresa está utilizando explosivos para su operación, lo que además de los riesgos inherentes a los estallidos, agrega contaminación a las aguas del río Grande.

Ese mismo día 6 de diciembre, “integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Calpulálpam de Méndez denunciaron que sufrieron agresiones físicas por parte de trabajadores de la Minera Natividad y policías municipales de [la comunidad de] Natividad. Varias personas sufrieron lesiones, dañando camionetas de la autoridad e intentando arrollar al Comisariado”, asienta un comunicado firmado por varias organizaciones de Oaxaca. Según nos cuenta somoselmedio.com:

La empresa, conocida como Minera Natividad y Anexas SA de CV, ha cambiado de propietarios internacionales. Inicialmente una filial de la canadiense Continuum Resources LTD, fue adquirida en 2009 por Fortuna Silver Mines (FSM). Actualmente, las concesiones mineras están bajo el control de Zapata Exploration LTD, también con sede en Vancouver, Canadá. En lo que va del año, las autoridades de Capulálpam de Méndez han confiscado en dos ocasiones minerales extraídos ilegalmente por la minera. La más reciente ocurrió el 31 de agosto de 2024, cuando se decomisaron varias toneladas de mineral transportadas clandestinamente. En junio, una carga de más de 20 toneladas fue interceptada en condiciones similares. La comunidad zapoteca de Capulálpam, reconocida por su lucha en defensa del medio ambiente, ha denunciado también la devastación de sus recursos naturales, incluyendo la pérdida de 13 de sus 14 manantiales. Durante 24 años, han enfrentado proyectos mineros mientras desarrollan actividades de conservación forestal y ecoturismo.

Según información de Mongabay que data de 2020, “en enero de 2017, como consecuencia de una denuncia presentada por Capulálpam, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la mina de Natividad por no contar con la autorización de impacto ambiental. La minera dejó de procesar los materiales en el lugar y ahora los envía a Monterrey para su procesamiento. Actualmente trabaja con una plantilla de entre 60 y 65 trabajadores”.

En 2018 un juzgado resolvió a favor de Calpulálpam el caso de conflicto que sostiene contra la comunidad vecina de Natividad, quienes se han aliado a la minera Natividad. Dice Mongabay: “El conflicto entre las dos comunidades continúa. El [entonces] presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam, Néstor Baltazar Hernández, remarca: ’Como la compañía minera no puede dividir a Capulálpam, usa esa comunidad (Natividad) como ariete’”. En Ojarasca de diciembre de 2023, Gloria Muñoz también anotaba que “en 2018, dos años y medio después de haber iniciado el proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no eran viables las concesiones. Fue entonces que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, junto con la empresa minera, interpuso un amparo en contra de la determinación, lo que llevó a la comunidad a nuevamente presentar todas las pruebas. “Acabamos de terminar los dos últimos peritajes: el mapa topográfico para el que un perito federal vino a ubicar y demostrar que las concesiones están en nuestro territorio; y el peritaje antropológico que hizo la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)”, declaró Francisco García, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, y agregó que “el momento actual es estratégico, pues ya debe dictarse sentencia”.

En octubre de 2019, después de un largo litigio de casi cinco años el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca dictó Sentencia, con el que “se le reconoce a Capulálpam su pertenencia histórica y jurídica a la nación mexicana y por tanto protege sus derechos como comunidad indígena”. Pese a todas estas acciones legales la minera ha seguido extrayendo material a ojos vista e ilegalmente.

Por eso el 5 de agosto de 2024, Semarnat, Profepa, Conagua y la Guardia Nacional clausuraron la mina nuevamente. Y, no obstante, la empresa sigue operando. Ilegalmente.

En la carta dirigida a la presidenta, se detalla que “es importante resaltar que en fecha 7 de junio del 2024, la comunidad de Capulálpam interpuso un recurso legal ante Profepa, Semarnat, Conagua, Secretaría de Economía, para que se suspendiera la explotación minera en ese lugar, suspensión que se encuentra vigente sin que las autoridades involucradas actúen para hacerla efectiva”. Y la comunidad se pregunta:

¿Cómo es posible que extraigan mineral sin que se entere la Profepa de que siguen contaminando las aguas del río Grande y haga algo al respecto? ¿Cómo es posible que usen explosivos para la extracción de mineral sin que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga conocimiento del caso? ¿Cuál es el tamaño y dónde están ubicados los túneles que se han realizado en la zona y que han provocado la desaparición de múltiples ojos de agua durante los 200 años que han operado en la región? Preguntas como éstas se hicieron a la Secretaría del Medio Ambiente en la administración federal anterior 2018-2024 sin que se obtuviera respuesta. No es posible que se siga solapando a empresas que cometen atropellos de los derechos humanos de pueblos indígenas amparadas en un tratado de libre comercio (T-MEC) que viola nuestra soberanía nacional.

Y continúa la carta insistiendo en que si Calpulálpam se ha visto obligada a realizar acciones directas como el decomiso de unidades de transporte que circulan con mineral extraído de manera clandestina, eso no es lo mismo que lo que alega la minera cuando “de manera apócrifa se está denunciando a los habitantes de Capulálpam de un intento de secuestro del gerente de la empresa minera, lo cual es un intento más de criminalizar a los defensores del territorio, como se ha hecho en otros lugares de Oaxaca para frenar sus luchas. ¿Dónde está la aplicación del acuerdo de Escazú para estos casos?”, dice la comunidad y las organizaciones que la defienden. “Sabemos que la comunidad de Capulálpam ha actuado siempre de manera pacífica y lo seguirá haciendo, por tal razón no podemos quedar callados cuando se les imputan falsos delitos a sus habitantes con la finalidad de criminalizarlos. Exigimos a las autoridades de los gobiernos federal y estatal a intervenir en lo que corresponde a sus atribuciones protegiendo a los defensores de Capulálpam como se establece en el Acuerdo de Escazú y con pleno respeto a sus derechos como comunidad indígena y como comunidad agraria”.