DEMANDAN UNA PAZ CON JUSTICIA Y DIGNIDAD EN CHIAPAS

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 25 de enero. La organización Pueblo Creyente de la diócesis católica de San Cristóbal de Las Casas dio a conocer su postura ante la actual coyuntura de violencia en Chiapas y el país: “Recordamos que la situación de inseguridad y violencia que viven varios municipios de Chiapas no es un conflicto social, sino que es provocada por diferentes grupos del crimen organizado que se disputan el territorio por intereses de máxima ganancia y que tienen secuestrados a nuestros pueblos, además les obligan a ponerse como barrera humana, exponiéndolos a la muerte o a ser criminalizados por las autoridades”. Sostiene el comunicado que “personas que los mismos grupos del crimen organizado han puesto” controlan el mercado de los campesinos, “encareciendo los productos y por ende mermando el bolsillo de las personas más pobres”. Además crean confrontaciones al interior de las comunidades.

La organización, mayoritariamente indígena, exige que el derecho a una vida digna se cumpla con justicia y libertad “ante tanta marginación, injusticias e impunidad que acontecen en Chiapas”. Demanda “una verdadera atención al pueblo que sufre y no se haga simulación mediática de estar resolviendo los problemas”.

El Pueblo Creyente enumera demandas “para que haya justicia, paz, tranquilidad en las comunidades y esclarecimiento de los hechos de violencia”. En primer lugar, considera urgente “el reconocimiento público por parte del Estado de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia criminal, así como su atención integral, que incluye la garantía de un retorno seguro y permanente, libre de violencias”.

También urge el desarme de los grupos criminales que provocan el desplazamiento forzado. Y que el gobierno ponga un alto al crimen organizado. Sin mencionar casos específicos, pero aludiendo a la violencia en Pantelhó, Chenalhó, San Juan Chamula y otras localidades de Los Altos, tanto como a la criminalidad continua en la frontera sur y otras regiones de Chiapas, demandan con energía alto a la venta de drogas, alcohol y proliferación de cantinas; al reclutamiento de las y los jóvenes por parte de grupos criminales; a la violencia del crimen organizado; a los asesinatos; a la explotación sexual de las personas, mexicanas y extranjeras; a los crímenes que destruyen la vida de nuestros pueblos originarios, y a la violencia de grupos caciquiles.

El comunicado destaca la necesidad de aclarar el asesinato del padre Marcelo Pérez, quien era la voz más conocida del Pueblo Creyente; que no quede impune y se agilice la investigación para encontrar a los verdaderos culpables materiales e intelectuales. Declara que desde hace tiempo viene demandando “que las autoridades de los tres niveles de gobierno tanto municipal, estatal y federal desempeñen correctamente sus labores ante tanta inseguridad en que se vive”. Los conmina a caminar en las comunidades, “como lo hicieron durante sus campañas electorales, para que conozcan verdaderamente las necesidades que se viven y las atiendan oportuna y eficazmente”.

Allí se exige que los gobernantes, “elegidos por una parte del pueblo”, cumplan su papel de garantizar sus derechos “y no para oprimir con sus leyes autoritarias, ni como cómplices del mal y no hagan oídos sordos ante la violencia que trae sufrimiento a los pueblos”.

TRAS LA SENDA DEL OBISPO SAMUEL RUIZ GARCÍA

Esta declaración se dio en el marco del Año Jubilar jTatic Samuel caminante en el corazón de los pueblos. Memoria y horizontes. Los indígenas expresaron: “Agradecemos a papá-mamá dios, a nuestra diócesis, parroquias, zonas y comunidades, que hemos podido trabajar retomando los 100 años del nacimiento de jTatic Samuel, los 50 años del Congreso Indígena de 1974, los 10 años del Congreso de la Madre Tierra y el Congreso Jubilar Diocesano de 2024”.

Recordaron que Ruiz García “acompañó al pueblo, aprendió de él y se adaptó a sus costumbres, además fue conociendo las diferentes necesidades de cada comunidad. El pueblo a través de la reflexión de la Palabra de Dios se dio cuenta de lo que más necesitaban en sus comunidades: educación, caminos, clínicas, el precio justo de la canasta básica, etcétera”.

Pueblo Creyente dice retomar “la memoria histórica y los caminos que construyen la vida para ver el horizonte de los pueblos”. En el Congreso Indígena de 1974 “se reflexionó sobre tierra, educación, comercio, salud e igualdad en la justicia. Se pusieron las líneas de acción para cada zona y parroquias”. Subrayan que “por todo este caminar y la exigencia de justicia, empieza la persecución al jTatic Samuel y a los servidores y servidoras de la diócesis de San Cristóbal Las Casas”.

Decididos a involucrarse en la realidad “actuando desde el Evangelio”, indígenas y religiosos se comprometen a fortalecer el sentido comunitario para la unidad, así como acompañar a las nuevas generaciones en la construcción de la paz. Citando un comentario evangélico, Pueblo Creyente argumenta que “nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos” (La alegría del Evangelio #183).

Ojarasca