EN TIEMPOS DE LIBRE COMERCIO, CRUCIAL SIGUE SIENDO DEFENDER EL TERRITORIO

Hablar en estos tiempos de defensa del territorio se vuelve difícil de explicar. Cada vez es menos común escuchar y entender las razones de colectivos campesinos que defienden una superficie de tierras para el bien común.

Lo más cotidiano en Jalisco es escuchar de productores (antes todos los llamábamos campesinos) que obligados por las políticas impuestas por el libre mercado buscan la rentabilidad de sus tierras intentando lograr mayores ingresos. Esto puede significar decisiones difíciles: agricultura por contrato, renta de tierras por treinta años o más, producción de monocultivos rápidos y comerciales o venta de sus tierras, todo en el marco de un promovido Gigante Agroindustrial que pone las tierras, montes, aguas y producción de mercancías agrícolas en manos de las corporaciones.

Quienes no estén en esa lógica, la comercial, se vuelven el centro de los ataques de las políticas para el desarrollo y modernización del campo, de las instituciones, de las empresas transnacionales y de emprendedores de muchos tipos.

Los campesinos del ejido de San Isidro, ubicado en el sur de Jalisco en el municipio de San Gabriel, aún están en la lucha por la tierra, con la idea de tener una parcela que les permita cultivar alimentos, un lugar para vivir dignamente, felices, tranquilos en su comunidad, en su territorio, en una relación de cuidado con la naturaleza: agua, suelo, semillas y todo lo que conforma una posible alternativa de vida en las actuales crisis ambiental, climática, de salud y alimentaria. Así desde que en 1939 se les otorgó la dotación de 536 hectáreas por resolución presidencial. Pero sólo se les entregó la mitad de la superficie y desde entonces no han dejado de realizar gestiones y acciones legales que les ayuden a concluir por la vía legal y pacífica la ejecución total del deslinde y posesión de las tierras pendientes, perfectamente identificadas desde hace más de 80 años.

El pasado 14 de enero se cumplieron dos años del término que la Sedatu definió en el procedimiento de ejecución complementaria de la resolución presidencial, iniciado el 30 de junio del 2022, después de 83 años. En este término, la empresa transnacional Nutrilite (filial de Amway y propiedad de Access Business Group) está obligada a desocupar totalmente las 280 hectáreas propiedad del ejido San Isidro para entregarla a sus legítimos dueños.

En ese momento, un juicio de amparo suspendió la entrega y conclusión del procedimiento de ejecución complementaria de la resolución presidencial en favor de San Isidro y después se sumaron dos procedimientos más que la empresa tramitó frente a juzgados y tribunales agrarios. El tiempo sigue corriendo contra campesinas y campesinos del ejido que desde hace más de cuatro generaciones esperan acceder a la justicia que no ha sido ni pronta ni expedita como indican las leyes internacionales y los derechos humanos.

En estos dos años, además de suspender el acceso a la justicia Nutrilite-Amway tiene altas aspiraciones comerciales: mantener la posesión de la tierra del ejido y seguir produciendo insumos agrícolas para sus productos. Además, el 15 de mayo de 2023 la empresa presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial, utilizando las reglas establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) derogado en julio del 2020, donde solicita el pago de 3 mil millones de dólares por la “expropiación” de 280 hectáreas de los terrenos de cultivo.

La empresa ha tenido y usado sus recursos para prolongar su posesión de manera indefinida.

Desde que a principios de los noventa Nutrilite-Amway compró con pleno conocimiento de que ya eran tierras del ejido San Isidro incorporadas al régimen agrario (lo que está plasmado en sus propias escrituras) y que por lo tanto en cualquier momento tendría que entregarlas a sus legítimos propietarios, ha “invertido” en gestiones, lobby y demandas judiciales que han dilatado por más de treinta años el acceso a la justicia de ejidatarias y ejidatarios de San Isidro.

A dos años de la suspensión provisional de la ejecución complementaria para deslindar y entregar la posesión de las tierras, propiedad del ejido San Isidro (que la empresa Nutrilite-Amway mantiene ocupadas), el comisariado ejidal ha logrado mantener la defensa legal del ejido en los tribunales agrarios y en los procedimientos de amparo a pesar de encontrarse en clara desventaja con la transnacional. Suena a chiste de mal gusto exponer la enorme diferencia que hay en esta controversia legal por la propiedad de 280 hectáreas en las faldas del Nevado de Colima, al pie del cerro El Petacal, entre un pequeño grupo de campesinas y campesinos y la corporación transnacional de la cual es socia la familia DeVos, conocida por su participación en el ámbito político de Estados Unidos, con Betsy DeVos, secretaria de Educación durante la anterior administración de Donald Trump.

La transnacional se presenta como víctima del Estado en su demanda ante el Banco Mundial con base al TLCAN que desde julio del 2021 ya no es vigente, y argumenta que no fue notificado a tiempo para defenderse de la orden de entrega de las tierras que ocupa de manera irregular y que por lo tanto se le debe indemnizar por las posibles pérdidas que eso podría causarle a su empresa. Quién indemnizará al ejido por los ochenta años de vida empeñados.

Los dueños de la tierra por Resolución Presidencial de agosto de 1938 tienen pérdidas difíciles de calcular. Son cuatro generaciones de familias con su proyecto campesino de vida, fuera de la hacienda, dejando de ser peones acasillados libres para disfrutar su tierra. Pero que no ha podido concretarse de manera pacífica, no han podido tener una vida digna, cultivando sus propios alimentos, siendo felices. Gran parte de su tiempo y sus recursos económicos los han invertido en lograr la entrega total de sus tierras ejidales y defender lo que por derecho les corresponde. Y además se les criminaliza y se les persigue por no aceptar negociar.

Ejidatarias y ejidatarios de San Isidro son además pioneros en agricultura orgánica y agroecología. Participan en redes nacionales y colectivos por el cuidado de la naturaleza, el medio ambiente, las semillas y la propiedad social de la tierra y el territorio.

Los litigios continúan. Los ejidatarios han mantenido el ritmo de la defensa legal aunque el contrincante sea mucho más grande y poderoso. Si la justicia es pronta y expedita el nuevo comisariado que representa al ejido debería poder recibir la posesión de las 160 hectáreas ocupadas por Nutrilite en estos próximos tres años. Hay que mantenernos al tanto, acompañarlos y exigir al Estado Mexicano y a los Tribunales que estudien y resuelvan este asunto que tiene tanta deuda de acceso a la justicia para el Ejido de San Isidro en el sur de Jalisco.

https://ojarasca.jornada.com.mx/2023/10/14/san-isidro-contra- amway-7279.html https://ojarasca.jornada.com.mx/2022/12/09/san-isidrojalisco- la-legitimidad-de-su-lucha-3122.html