LOS DERECHOS INDÍGENAS EN LAS CONSTITUCIONES DE MÉXICO. ENTREVISTA CON FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS / 334

“Para que los derechos de los pueblos indígenas puedan ser una realidad, hay que modificar la estructura del Estado y establecer una nueva relación con ellos: democrática, incluyente, solidaria, como se pactó en los Acuerdos de San Andrés entre el EZLN y a través de él con todos los pueblos indígenas —y el gobierno federal. Pero para que eso sea posible hay que contar con un movimiento indígena y social robusto que empuje dicha modificación”, escribe el historiador, abogado y escritor mixteco Francisco López Bárcenas, en su nuevo libro Estado, multiculturalismo y multietnicidad (Pluralia Ediciones e Impresiones, 2025).

López Bárcenas conversa con Ojarasca sobre el origen, contexto y alcances de la reciente publicación. “Los derechos indígenas”, advierte, “resultan un contrapeso muy fuerte al tipo de desarrollo que está impulsando el actual gobierno”. Y, en este sentido, “la ganancia de la reforma indígena para los pueblos en términos del discurso oficial es nada”, aunque “en términos de lo que pudiera pasar creo que sí hay, porque los pueblos como sujetos de derecho público tendrán muchas oportunidades de generar otro tipo de acciones que les permitan vivir mejor, aunque esto dependerá mucho de la capacidad de organización que tengan”.

De este libro urgente, nacido a tan sólo cuatro meses de que se publicara la Reforma Indígena y Afromexicana, aprobada el 30 de septiembre de 2024, habla el escritor y acompañante de diversos procesos de pueblos originarios.

–¿Es bueno que estén en la Constitución los derechos indígenas?, ¿sirve a los pueblos?

–A mí me parece que es bastante bueno que estén. Lo que digo en el libro es que históricamente ha habido tres posturas del gobierno en los 200 años que tenemos como Estado. La del siglo XIX, que no solamente niega a los pueblos, pues aunque habla de ellos en las Constituciones de 1824 y 1857, se les trata como enemigos de la Nación mexicana, que quién sabe qué era eso. La del 1824 facultaba al Congreso para hacerles la guerra y la de 1857 facultó a los estados fronterizos del norte para lo mismo.

Ésa fue una primera relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas, muy contraria a lo que habían hecho los colonizadores españoles y los primeros gobiernos, especialmente el de Iturbide, que negociaron con los pueblos y llegaron a acuerdos.

La segunda postura es la que conocemos como indigenismo. Y es hasta los años 80 cuando surge la tercera postura, cuando el neoliberalismo hace presencia en el mundo. Los derechos indígenas como los conocemos en México son una propuesta que viene del movimiento internacional, en un momento en el que capital está perdiendo muchos espacios por las crisis del capitalismo, y los indígenas comienzan a reclamarse como titulares de derechos.

En México esto se notará en la reforma al artículo 4 en 1992, y después, quien los pone en la escena nacional, es el levantamiento zapatista de Chiapas, que impulsará los Acuerdos de San Andrés y una reforma que en el 2001 traicionará esos acuerdos. Finalmente, en septiembre de 2024, hay otra reforma que tampoco cumple con esos acuerdos.

El reconocimiento constitucional es importante pero no deja de estar subordinado a la ideología mestiza de una cultura nacional. Ésa es la primera contradicción, porque la reforma habla de multiculturalismo y multietnicidad, pero lo que vemos es un monoculturalismo terrible.

–¿Por qué la urgencia e importancia de escribir este libro?

–Me molesta mucho la narrativa oficial del triunfalismo sobre la reforma indígena del pasado 30 de septiembre. Ese triunfalismo fue al grado de que cuando festejaron la aprobación inventaron nombres de pueblos, como el pueblo huasteco, el jarocho, el tarahumara. Y esto me dio la idea de que muchos de los diputados no supieron lo que aprobaron.

En general, el triunfalismo oficial, en muchos casos, trae una narrativa falsa. Por otro lado, hay un sector del movimiento indígena, sobre todo del que desde 2018 apostó a las relaciones con el gobierno, que está desencantado. Primero porque esperaban tener algún cargo en la burocracia y a partir de ahí impulsar sus demandas, pero como no lo consiguieron optaron por una actitud servil, de agachar la cabeza, a ver si así los volteaban a ver.

–No todo el movimiento está en esa dinámica…

–No, claro. Hay un movimiento más ligado al zapatismo que sabe que sus soluciones no están en este tipo de propuestas desarrollistas y progresistas, sino que el fondo es la estructura del sistema.

Ése es el origen del libro. Se trata de contrarrestar un tanto el triunfalismo gubernamental y el desencanto de una buena parte del movimiento indígena y, en la medida de lo posible, poner las cosas en su lugar.

–¿Cómo podría resumirse el contenido de Estado, multiculturalismo y multietnicidad?

–La reforma actual tiene algunos avances importantes, como derechos nuevos; una modificación de los términos en que ya estaban algunos derechos reconocidos; y, finalmente, lo que se excluyó. Sobre los derechos nuevos pienso en la personalidad jurídica de derecho público que se ha publicitado muchísimo. En palabra llana eso significa ser gobierno y actuar en el espacio público como autoridad.

Hay varios problemas. En el año 2000, y en algunos lugares desde antes, ya se hablaba de los pueblos como sujetos de derecho público. Después vinieron otras reformas, ¿pero qué pasó en esos estados en los que se les había reconocido como sujetos de derecho? Nada. No le dieron fe pública a sus actos, no los reconocieron como autoridad.

El discurso oficial ha dicho que ser sujetos de derecho público les va a permitir manejar directamente un presupuesto. Eso es cierto, pero no es suficiente. Se necesita que las Cámaras de Diputados lo aprueben. Si se revisa el presupuesto de este año, no hay nada al respecto ni a nivel federal. Lo que hay es el anexo 10, en el artículo 24, que dice que el presupuesto que las Secretarías de estado destinen a los pueblos tienen que manejarlo junto con ellos. ¿Pero cuál presupuesto directo?

–El gobierno, como dices, tiene esta narrativa triunfalista, y al mismo tiempo no se ocupa de bajar el contenido y alcance de la ley a los pueblos.

–Es un problema. La misma reforma ordenó que el poder Ejecutivo debería traducirla a las lenguas en máximo tres meses. Pero se tradujeron y se publicaron sólo en el Diario Oficial de la Federación. ¿Quién lee el Diario Oficial de la Federación? Es una campaña tal vez hecha de mala fe porque sí podrían hacer campañas en videos, por ejemplo. Muchos no leen la lengua, sólo la hablan. Si se quisiera hacer una buena difusión, el video sería más atractivo que la escritura. Pero esto no se quiere, no conviene. El racismo y la discriminación sobre los pueblos indígenas no permite eso. Hay una cosa de fondo: los derechos indígenas resultan un contrapeso muy fuerte al tipo de desarrollo que está impulsando el actual gobierno.

–Los derechos de los pueblos originarios, si se cumplieran, son antisistema…

–Lo calcularon muy bien, porque fue una reforma aprobada por unanimidad y han expresado como que, ahora sí, los poderes del Estado comprendieron a los pueblos y estuvieron de acuerdo en que esos derechos se reconozcan. Pero no. Los poderes del Estado rebajaron a tal nivel la propuesta que no es un freno a sus intereses y les da mucha legitimidad. Por eso les venía muy bien apoyarla.

Es muy evidente que hicieron una reforma a modo de tal manera que no afectara en sus puntos neurálgicos el modelo de desarrollo extractivista. Ése es el fondo. Por eso se reclama tanto que dejaran fuera dos derechos estratégicos: la representación en las instancias internacionales y los territorios y recursos naturales.

–¿Y en el ámbito de las consultas sobre proyectos que afectan a los pueblos?

–Ahora se reguló la consulta, pero de manera distinta a como está en el ámbito internacional. En el ámbito internacional se dice, por ejemplo, que se debe consultar siempre que haya algún indicio de que se pueden afectar los derechos indígenas. Aquí no.

Para qué se consulta. En el derecho internacional es para llegar a un acuerdo o tener un consentimiento, lo que implica que puede haber que no lo haya, que se opongan a la obra. Aquí lo grave es que dice que cuando se trate de obras que propone la iniciativa privada, ésta debe financiar la consulta. Eso se intentó hacer con Felipe Calderón. Y en todas las obras que se aprobaron en ese tiempo, sobre todo de proyectos de minería, fueron las empresas las que hicieron la consulta.

Es grave porque la consulta es un derecho, y quien tiene la obligación de garantizarlo es el Estado, no las empresas privadas. Por otro lado, se dice que cuando las empresas resulten beneficiadas de la consulta, tienen que dar un porcentaje de lo que esperan ganar a las comunidades. Se está dando por hecho que habrá aprobación y megaproyecto. Con esto la consulta deja de ser un instrumento de defensa y pasa a ser facilitadora de intereses particulares.

A la iniciativa privada no le interesa la opinión de los pueblos, le importa que sus intereses salgan adelante. La experiencia mexicana es muy negativa en ese aspecto porque los pueblos que realmente quieren consulta son los que no están lo suficientemente organizados. Quienes no quieren consulta son los que están organizados.

–¿Cómo quedan los sistemas normativos de los pueblos frente a esta reforma?

–Teóricamente los sistemas normativos están al mismo nivel que cualquier ley que haga el Estado mexicano. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dijo así hace años. Los sistemas normativos tienen el mismo rango que las leyes y tendrían los mismos efectos, y por lo tanto las autoridades deberían usarlos así. El problema es otra vez el racismo, porque no hay abogados serios que estudien los sistemas normativos de los pueblos.

Los pueblos son los únicos que conocen sus sistemas normativos. Un juez al que se le exige que aplique estos sistemas, primero se traba; si es inteligente después busca apoyo con las autoridades del pueblo o un antropólogo, pero en el peor de los casos simulan que aplican los sistemas normativos y se inventan cualquier explicación para justificarse.

La reforma dice que los sistemas normativos se deben usar para resolver los conflictos internos de los pueblos. Cuando llega una minera a un pueblo genera un conflicto interno, pero el racismo jurídico dice que no, que la supremacía constitucional dice en el artículo 27 que las tierras son de la nación. Entonces, como no tienen elementos para contradecir esto, si los pueblos no tienen un buen abogado terminarán cediendo a que sea el derecho estatal el que se aplique.

Hay otros casos. Por ejemplo, en una comunidad de Oaxaca detuvieron a un trailero que había dado un "raite" a unos migrantes y lo acusaron de trata de migrantes. La comunidad se dio cuenta, fue al juzgado y pidió que declinara la competencia en favor de la comunidad porque era un conflicto interno. El juez declinó la competencia y la comunidad decidió que no había tal delito.

Hay muchos otros casos. El Registro Agrario Nacional acaba de registrar el estatuto comunal de San Miguel del Progreso en Guerrero, escrito en mè'phàà. Fue un estatuto que pasaron años queriendo que lo registraran y nadie lo hizo hasta ahora. Es importante, pero son lunares pequeñísimos, que no se ven, y que obedecen más a que el funcionario que está ahí fue “buena onda”, en lugar de que como Estado tuvieran conocimiento de los sistemas normativos indígenas para realmente aplicarlos.

–Hay propuestas alejadas del reconocimiento constitucional, como la del común zapatista.

–Me parece muy buena. Yo pondría lo común como fin de vida. Veo que hay comunidades que sí son comunidades, como en la Sierra Norte de Oaxaca, y hay otros lugares en donde no son propiamente comunidades pero funcionan como tales. Hay otras en las que lo común es un proceso de reconstrucción, otras donde lo común es el fin, aunque lo que le da vida a ese fin no es necesariamente común.

Es una propuesta muy buena que puede funcionar en muchos lugares. Hay que pensarle qué se puede tomar de ahí y cómo podemos hacer para que nuestro sentido de vida sea comunal. Es una propuesta anticapitalista y antiindividualista, que viene muy bien en estos tiempos en los que el despojo se ha vuelto el centro del capital.

Vemos el despojo en los megaproyectos, pero en general la vida se ha vuelto un despojo. La academia, la educación de los niños, muchas cosas se han vuelto un despojo. Hay que pensar en cómo podemos hacer para que esto cambie. La propuesta zapatista es un horizonte de vida.

–Has insistido en que hay cosas en esta reforma que sí sirven a los pueblos…

–Pienso que la reforma en sí no es mala, pero lo mejor es el asunto del derecho internacional. Y los pueblos que han tenido la oportunidad de apropiarse de ellos han hecho un buen uso, como Cuetzalan en Puebla, Malinaltepec en Guerrero o Cherán en Michoacán. Hay muchos pueblos que le han dado un sentido distinto al derecho cuando lo han entendido.

A partir de las reformas del 2001 hay una camada de abogados jóvenes que le están dando otro sentido al derecho. Piensan en cómo hacerle para que tal norma realmente le sirva a la gente. Han hecho un esfuerzo muy importante para esto y así han parado proyectos mineros, hidroeléctricas, pases de Telmex.

En la reforma no hay reconocimiento para que los pueblos puedan nombrar diputados. Antes del 2013 tampoco había para nombrar ayuntamientos y ahora ya hay gracias a la lucha de muchos pueblos que usaron el derecho de una manera adecuada, se fueron al tribunal y lo convencieron de que tenían razón, y usaron el derecho internacional. Hay cosas que sí sirven, aunque falta lo esencial y lo estratégico. Tenemos que pensar en cómo le decimos al Estado que aún eso poquito es importante, pero que queremos más porque tenemos derecho a más.

–¿Cómo va a caminar tu libro, por dónde?

–Tengo pensado un recorrido para este libro. Por lo pronto me han invitado a Hidalgo, Yucatán, Veracruz, Oaxaca y Morelos. La mayoría de los lugares a los que voy son pueblos y organizaciones grandes, pero también voy con organizaciones no gubernamentales.