EL FEMINICIDIO IMPUNE CONTRA SANDRA DOMÍNGUEZ

De lo que digo a partir de este momento es sólo mi responsabilidad y para ello sólo tengo mi palabra. Escribo este comunicado desde mi comunidad, San Pedro y San Pablo Ayutla, recordando que Sandra Domínguez tuvo una doble raíz. El pueblo que la cobijó por parte de su padre fue San Isidro Huayapam Mixe, y por parte de su mamá su raíz está aquí, en Ayutla Mixe, donde vivió parte de su infancia. Durante estos meses que han sido eternos, traté de prepararme para el peor escenario, y es el que finalmente aconteció: nos arrebataron a Sandra. Quienes lo hicieron buscaron generar un dolor perpetuo porque en el lenguaje del horror, la muerte ya no les es suficiente, porque la muerte cierra un ciclo y deja certeza, pero desaparecer a alguien amplifica el dolor a través de la zozobra, arrebata la paz.

La desaparición forzada no existe por casualidad. El Estado a través de la historia ha usado la desaparición forzada como un mensaje político a sus disidentes. Ahora el crimen organizado usa la desaparición forzada como una muestra de control y poder. Estas situaciones no son excluyentes. Cuando los intereses del Estado y los del crimen organizado encuentran un enemigo en común, sucede lo que ha sucedido con Sandra Domínguez, porque aunque la narrativa gubernamental haya canalizado todo su esfuerzo y los recursos a su alcance para imponer una versión que criminaliza al esposo de Sandra, además de defender a personajes impresentables como a su funcionario Donato Vargas, lo único que ha hecho es obviar que se protege a quienes fueron señalados por Sandra.

Que el crimen organizado y las células delincuenciales ejecutaran materialmente la desaparición forzada y el feminicidio de Sandra Domínguez fue porque hay una estructura institucional del gobierno oaxaqueño que facilitó la instalación, operatividad y ampliación de actividades criminales en poblaciones donde el gobierno había mantenido a discrecionalidad el estado de sitio que poblaciones como María Lombardo llevan viviendo desde hace años. Esto no es nuevo, el avance del crimen organizado hacia la zona Mixe por San Juan Cotzocón es innegable. A pesar de que hace años denuncié esa realidad, el gobernador Alejandro Murat lo negó. Ahora insistimos con el gobierno de Salomón Jara, que lo minimizó nombrándolo “situaciones de violencia orquestadas por grupos generadores de violencia”, cuidando de no nombrar lo que es un hecho: que en Oaxaca nos empieza a azotar el crimen organizado. Tuvo que desaparecer Sandra para que, por primera vez, se atendiera y ejecutaran acciones de desarticulación en pueblos que venían siendo atormentados desde hace mucho tiempo por la violencia.

La gente de la cuenca lo sabe, en el Mixe bajo toda la zona lo sabe y lo dicen con miedo. Esos matones están protegidos por ministerios públicos, agentes de investigación, políticos y operadores de la zona donde precisamente Sandra hacía activismo y era una figura incómoda, porque llegó a documentar dichas alianzas, y es una información que en su momento tendrá que salir a la luz. Sandra denunció a diversos funcionarios por su participación en grupos virtuales donde se agrede a mujeres indígenas. Eso ya lo sabemos, ahí estuvimos hombro a hombro acompañándola. Pero poco se sabe de que varios de esos funcionarios denunciados tienen vínculos con el crimen organizado que la desapareció precisamente en esa zona. No son dichos, hay nombres, apellidos y cargos.

Pero a estas alturas, estamos ante la implementación de una verdad histórica, como sucedió con Ayotzinapa. La prioridad del gobierno oaxaqueño es dejar en claro que ellos no fueron, y mantienen en el poder a quienes Sandra denunció con evidencias.

Previamente dije que es importante la participación de instancias federales para romper con el conflicto de interés que tiene el gobierno en el caso de la desaparición. Afortunadamente así fue, pero aún parece lejano que vayamos a conocer la verdad. Estoy seguro de que las respuestas de lo que cuestionamos, que la verdad que buscamos, no llegarán pronto.

No puedo decir tajantemente aún si a Sandra la desapareció y asesinó el Estado, pero sí puedo decir que a Sandra la desaparecieron y asesinaron el crimen organizado y operadores del gobierno oaxaqueño a los que Sandra había denunciado. Llama la atención que el presunto responsable de su desaparición haya sido ejecutado en uno de los operativos, que una detenida haya sido elemento policial, y así como el financiamiento a medios y bots que buscan a toda costa criminalizar e imponer la versión oficial.

La historia de mi amiga y colega Sandra Domínguez no acaba con su muerte, de hecho, está iniciando, y no para ser una mártir, ni una bandera, que el país ya no necesita más perseguidos asesinados. Comienza porque los efectos de su bondad, valentía, empatía, no son casualidad, están sembradas desde su mamá y compartidas con sus hermanas y hermano, y su hija, que no descansaron para que Sandra regresara a casa. Esas virtudes las compartió con nosotros, sus amigos y amigas, con todas las personas que la conocieron y por ello su historia continúa en cada lucha, en cada buena acción, en cada acto de valentía. Aunque su muerte es un mensaje claro de intimidación a quienes ponemos la palabra y el cuerpo para defender derechos humanos, vamos a transformar el miedo en valor y acción. Quiero agradecer a todas las personas que no soltaron el tema, que ayudaron a nombrarla en todos los espacios y pedirles que sigamos nombrando a Sandra, porque si bien ha culminado la búsqueda física, sigue la búsqueda de verdad, reparación y justicia. Agradezco a la oficina del Alto Comisionado y a la Comisión de Desaparición de la ONU por prestar ojos y oídos a Sandra.

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Joaquín Galván es abogado y activista de Derechos Humanos de Ayutla Mixe, Oaxaca.