HOSTILIDADES Y PRESIONES CONTRA LAS COMUNIDADES / 339

Mientras avanzan los extractivismos en buena parte de los territorios indígenas del país, también lo hace la violencia directa del crimen “organizado” (expresión coloquial) contra los pobladores de tierras con valor extractivo o importancia política como baluartes de la autodeterminación comunitaria y la defensa de recursos materiales y culturales (o si se quiere tangibles e intangibles) en las otrora “regiones de refugio”, hoy en la mira de quienes quieren sacar de ahí a los pueblos.

En un comunicado reciente, el Capitán Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional señala: “En su etapa actual, el sistema realiza una nueva guerra de conquista, y su objetivo es destruir/reconstruir, despoblar/repoblar. Destrucción/ despoblamiento y reconstrucción/reordenamiento de una zona es el destino de esa guerra […] Los llamados megaproyectos no derivan en desarrollo. Son sólo los corredores comerciales abiertos para que el crimen organizado tenga nuevos mercados. La disputa entre cárteles rivales no es sólo por el tráfico de personas y drogas, es sobre todo la disputa por el monopolio del cobro de piso”.

Diversos acontecimientos durante junio y lo que va de julio de 2025 abonan estas observaciones. En Michoacán, Oaxaca, Puebla y Chihuahua cuando menos se han sucitado ataques, ejecuciones y detenciones contra defensores y autoridades municipales o comunitarias, en ocasiones desalojando a la población.

Según reporta Patricia Mayorga en Raíchali, habitantes de por lo menos 10 comunidades warijó y pima en los municipios de Moris y Uruachi en la Sierra Tarahumara han huido de su territorio desde el 16 de junio, por ataques de un grupo delictivo local asociado a un poderoso cártel que “llegó para buscar el oro que hay en la zona”, sostienen los desplazados. Alrededor de 300 warijó llegaron a Ciudad de México, “luego de que no encontraron apoyo en la ciudad de Chihuahua. Denunciaron que han sido amedrentados por el grupo señalado, desde hace cuatro o cinco años, pero los últimos quince días aumentó el nivel de ataques con la presencia de unos 50 drones con explosivos que lanzan contra las viviendas”.

Como se sabe, los rarámuri de la Sierra Tarahumara viven bajo el acoso permanente de los grupos criminales. Casi simultáneamente, se difundió en redes una alerta en los siguientes términos:

Estimado gobierno, nos dirigimos a ustedes de las comunidades indígenas de Arechuivo (Uruachi), Chiltepín, San Juan, Palmarito, La Barranca, La Finca, La Mesa de Cereachi, y San Juan de la Trompa (Chihuahua), ya que personas armadas que llegaron del municipio de Uruachi atormentan a los habitantes de estos pueblos causando que la mayoría de ellos se vayan y dejen sus hogares y pertenencias, puesto que estos sujetos armados han levantado personas inocentes y las asesinan a sangre fría a personas inocentes que viven de manera honrada, en Palmarito se les arrebató la vida de manera violenta a base de torturas y castigos inhumanos, entre ellos personas de edad avanzada, mujeres, niños y todo, con la finalidad de obtener supuesta información.

En San José de la Trompa se reportan detonaciones que han afectado severamente a la comunidad desde el 5 de junio pasado, sin parar. El 17 de junio, madres de familia y habitantes de la comunidad salieron a pedir ayuda al gobierno que patrullaba la zona, a lo que ellos entre burlas y risas dijeron que no les importaba en lo absoluto, y que se resguardaran en sus casas. En ese momento comenzaron a caer bombas y los soldados sólo se burlan para después irse a toda velocidad de la comunidad.

En Michoacán, una de la entidades más afectadas por las organizaciones criminales, hubo dos ataques particularmente graves. El primero contra la comunidad pure’pecha de Cherán K’eri, donde fue asesinado un miembro de la Guardia Comunitaria que repelió la agresión el tres de julio. Los pobladores señalaron como autores del atentado a miembros del mismo grupo criminal que el seis de julio atacó la encargatura de La Cofradía, en la comunidad nahua de Ostula, también en Michoacán.

En tanto, en las montañas de Chiapas, organizaciones de la sociedad civil pertenecientes a Slamalil Kinal manifestaron su preocupación por “el medio ambiente, los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos originarios ante el desarrollo del proyecto de construcción de la mega carretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque”. Consideran que “amenaza la biodiversidad de la región, los ecosistemas locales y las comunidades indígenas que han habitado y protegido estos territorios durante generaciones”.

El siete de julio emitieron un pronunciamiento donde exponen que la obra “ignora los principios fundamentales del respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios, consagrados en la Constitución Mexicana y los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmados por México”.

Los indígenas sostienen que el proyecto no toma en cuenta sus necesidades, viola su autonomía y daña bienes comunes y su patrimonio cultural, ya que “el desarrollo no debería de limitarse al crecimiento económico o a la construcción de infraestructuras”. Señalan que las consultas coordinadas por el gobierno de Chiapas “no cumplen con los estándares nacionales e internacionales de consulta previa, libre e informada y culturalmente pertinentes en zonas mayoritariamente indígenas”. Subrayan que “una consulta ‘popular’ excluye la participación efectiva de los pueblos y comunidades directamente afectadas, quienes cuentan además con su propia idea del desarrollo o bienestar”.

Las organizaciones alertan sobre las previsibles afectaciones sociales y ambientales del proyecto, puesto en marcha el 8 de junio. Además, temen que las comunidades indígenas enfrenten “el despojo de sus territorios, la pérdida de sus modos de vida tradicionales y un aumento de la conflictividad y vulnerabilidad social”.

Estamos ante una andanada simultánea, casualidad o no, contra las comunidades más combativas de Michoacán, las ejecuciones de defensores o representantes en Oaxaca y la violencia contra las comunidades de Chihuahua. A la vez, los avances desarrollistas y gentrificadores afectan a indígenas, campesinos y población urbana, pavimentando la vulnerabilidad comunitaria en el país, constelado de “pueblos mágicos”, urbanizaciones brutales y desarrollos viales, turísticos e industriales a gran escala en los territorios de pueblos originarios.