MÁS RETROCESOS EN PERÚ. GOBERNAR Y LEGISLAR CONTRA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Por tercera ocasión consecutiva, 2025 constituye otro año de retrocesos en cuanto a políticas públicas de pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas, nativas, pequeña agricultura y medio ambiente; es más, la preocupación para este último año de gobierno es de contención para que no haya más regresiones.

El gobierno de Boluarte se ha caracterizado por renunciar al equilibrio de poderes y facilitar un diseño institucional de facto donde el Congreso de la República dirige las políticas de gobierno. En la práctica esto significa que el Ejecutivo se allana a la imposición normativa del Congreso, con leyes no sólo a favor de intereses corporativos y particulares sino incluso con leyes inconstitucionales, ilegales e ilegítimas. Veamos ejemplos. Durante este último año se aprobó la Ley 32293, que modifica el artículo 2 de la Ley de Deslinde y Titulación de Tierras de las Comunidades Campesinas. Esto significa abrir las puertas para que todo aquel posesionario en tierras comunales hasta antes de diciembre del 2015 reclame dichas tierras como su propiedad.

En diciembre del 2024 se aprobó la Ley 32301 que modifica la Ley 27692, Ley de APCI, que regula la fiscalización en la cooperación internacional y que ahora se utiliza para debilitar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG), planteando, por ejemplo, restricciones al derecho de defensa que realizan en favor de pueblos indígenas, norma que busca perseguir organizaciones que no se alinean a lo que el gobierno define como cooperación internacional.

Unos meses después, en febrero pasado, se aprobó la Ley 32213, que amplía el plazo de seis meses para el acceso al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), proceso que viene obstaculizando la persecución de delitos ambientales relacionadas a la minería ilegal. No olvidemos que la minería ilegal está presente en 21 departamentos de los 24 y que gran parte de la minería ilegal se realiza en territorios de comunidades campesinas y nativas, puesto que son propietarias del 33% del territorio nacional. Un reciente estudio identifica 712 comunidades nativas afectadas por minería ilegal; a esto hay que agregarle el avance del narcotráfico en territorios indígenas de la Amazonia: se han identificado 274 con plantaciones ilícitas, con 25 comunidades nativas en situación de emergencia debido a la invasión, deforestación y cultivos ilícitos en su territorio.

Un punto en común de estos proyectos es que el Ejecutivo no ejerció control constitucional a dichas normas. Es más, las impulsó. Es el caso de proyectos de ley actuales que llegan de congresistas impulsados por intereses opacos, terminan en una comisión, donde se realizan acuerdos que no son transparentes y se aprueba entre gallos y media noche. Así sucedió con la reciente aprobación de la Ley 32419, Ley de Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y Comités de Autodefensa, acusados o investigados por delitos de lesa humanidad, cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980-2000; tal acto constituye un claro retroceso a la justicia, especialmente para los pueblos indígenas, puesto que el 75% de víctimas, 70 mil aproximadamente, tenían como lengua materna el quechua u otra lengua nativa (CVR, 2003).

De igual manera el proyecto de ley denominado Ley Chlimper 2.0, aprobado en segunda votación por el Congreso, que descaradamente se anuncia para favorecer la pequeña agricultura campesina, familiar e indígena, en la práctica su articulado busca beneficiar a la agroindustria y ponerla como modelo a seguir, además de abrir las transacciones privadas del agua, siendo el trasfondo de la norma el beneficio tributario para la agroindustria.

Está también el proyecto de ley del congresista Flores Ancachi que busca explotar hidrocarburos en Áreas Naturales Protegidas y romper el candado de una política de Estado que había tenido importantes avances para proteger el patrimonio natural. En esa misma lógica está el proyecto del congresista Amuruz para perforar las Áreas de Conservación Regional (ACR), imponiendo intereses personales de posesionarios en ACR que no miden consecuencias nacionales.

Estos embates al ordenamiento jurídico impactan en la estructura institucional y sectores como el Ministerio de Cultura, ente rector para dichas políticas indígenas, debilitan su autoridad. Funcionarios especialistas en la materia son removidos, renuncian o pierden interés y los procesos de reconocimiento de derechos se truncan o quedan en abandono. Esto se ve con más claridad en la relación de sectores del ejecutivo con los gobiernos regionales.

Son tres años documentados de ir debilitando el enfoque intercultural. Además existe un espiral de violencia sin precedentes en la Amazonia peruana que ha llevado al asesinato de 28 líderes indígenas de 2020 a septiembre de 2025. En la región andina sigue presente la impunidad ante los hechos violentos que costó la vida de 50 ciudadanos, 80% indígenas, ante la desproporcional reacción del Estado en las protestas al asumir el gobierno Dina Boluarte.

El enfoque intercultural estaba presente en casi toda la estructura institucional y tenía avances graduales, gracias a la lucha de los pueblos indígenas. Hoy desgraciadamente se desvanecen con las acciones del gobierno nacional y el Congreso, constituyendo un serio retroceso en el respeto y la implementación de los derechos de pueblos indígenas originarios de Perú. Por delante sólo queda resistir estratégicamente a estos embates. Las organizaciones indígenas representativas de los 55 pueblos, organizados en más de siete mil 282 comunidades campesinas y tres mil tres comunidades nativas, tienen que persistir en el camino avanzado para seguir interculturalizando la democracia con base en derecho a la autodeterminación de sus propuestas políticas y la autoprotección de sus territorios y vidas.

__________

Luis A. Hallazi Méndez, abogado y politólogo peruano, es investigador en derechos humanos y docente universitario.